A la sombra en la Costa del Sol

«La honradez de un político se demuestra cuando en un despacho te ponen sobre la mesa cien millones de pesetas». La frase la comentaba esta semana un destacado jurista de Málaga a las pocas horas de

POR ANTONIO M. ROMERO. MÁLAGA.
Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

«La honradez de un político se demuestra cuando en un despacho te ponen sobre la mesa cien millones de pesetas». La frase la comentaba esta semana un destacado jurista de Málaga a las pocas horas de estallar en el municipio de Estepona la «Operación Astapa», el último caso de corrupción urbanística destapado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia en Málaga.

Una provincia que en los últimos años ha visto cómo se han acordonado ayuntamientos para registrar sus dependencias, de las que se han sacado decenas de cajas con información, se han inspeccionado despachos profesionales y viviendas privadas, donde, en algún caso, se han encontrado miles de euros metidos en sobres o bolsas de plástico.

«Ballena Blanca», «Malaya», «Troya», «Hidalgo» y «Astapa» son los nombres de las operaciones desarrolladas desde marzo de 2005 hasta esta misma semana en localidades de la zona costera occidental de la provincia malagueña como Marbella, Manilva y Estepona o municipios como Alhaurín el Grande y Tolox, situadas en lo que se ha dado en llamar la segunda línea de costa. Episodios que han supuesto la detención de 225 personas, más de 200 imputados, entre abogados, notarios, empresarios (pequeños y grandes, fundamentalmente vinculados a la construcción), agentes inmobiliarios, asesores fiscales, funcionarios públicos (entre ellos un secretario municipal y un jefe de la Policía Local), un secretario judicial, personal de confianza así como concejales y alcaldes.

Algunos de ellos tuvieron que pasar por la cárcel y sólo salieron tras abonar una fianza. Asimismo, el juez Francisco Javier Urquía, el instructor del «caso Hidalgo» sobre blanqueo de capitales en Marbella, terminó salpicado por otra trama, la «Malaya». Precisamente, por este caso permanece en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre Juan Antonio Roca, considerado el presunto cerebro de la trama marbellí.

Asimismo, están en la cárcel el alcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, los concejales del partido independiente PES de esa localidad José Ignacio Crespo y Manuel Reina, el jefe de Alcaldía, José Flores, y un ingeniero. El ex regidor de Marbella Julián Muñoz, implicado en la «Malaya», está en prisión aunque por otros delitos. En la misma causa, está imputado el ex edil andalucista de Marbella Carlos Fernández, que permanece huido con una orden de busca y captura. El resto de procesados, espera la celebración de los juicios.

A estos grandes casos se suman otras denuncias formuladas contra los ex alcaldes de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, y de Gaucín -en el interior-, el andalucista Francisco Corbacho, por presuntos delitos urbanísticos.

«Boom» del ladrillo

¿Dónde están las causas? Lo primero que dejan claro los expertos consultados y los hechos es que la corrupción urbanística es un fenómeno que recorre todo el país, fundamentalmente en las zonas costeras. Según las últimas cifras, hasta unos 70 municipios en España han vivido escenas similares. En el caso malagueño, uno de los motivos es la buena situación económica vivida en los últimos años, que ha propiciado un «boom» del sector de la construcción en la franja litoral y un incremento de la demanda de viviendas.

Un hecho que ha provocado, de un lado, la subida de los precios de los pisos y, de otro, que la población de estos municipios experimente importantes crecimientos en apenas seis años. El ejemplo más significativo es el pueblo de Manilva que ha duplicado su población pasando de tener 6.303 habitantes en 2001 a 12.249 en 2007, según los datos del INE.

Además, el gris del cemento y el hierro de las grúas han ocupado los terrenos antaño dedicados a la agricultura, fundamentalmente los viñedos. Otro de los fenómenos es el del «gilismo» y las prácticas urbanísticas que se empezaron a poner en práctica en Marbella con la llegada de Jesús Gil y Gil a la Alcaldía a principios de los años noventa. Un urbanismo catalogado por algunos como «salvaje», con actuaciones fuera de la legalidad, que ha creado un modelo que otros responsables públicos, de todos los partidos, han copiado. A ello se une que sus herederos políticos mantuvieron estas prácticas mientras tuvieron el poder en Marbella.

Reciclaje bajo otras siglas

Asimismo, algunos integrantes del Grupo Independiente Liberal (GIL) fundado por el difunto ex presidente del Atlético de Madrid, decidieron seguir en política, cuando esta formación desapareció, a través de otros partidos independientes como el Partido de Estepona (PES) o integrándose en algunos de los partidos tradicionales. La corrupción urbanística provocó que la Junta de Andalucía retirase las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. Un Consistorio que, en abril de 2006, fue disuelto y se nombró una gestora hasta las elecciones municipales de 2007. Siendo éste un hecho insólito en la historia de la democracia española.

Entre la sorpresa y la indignación ha vivido la mayoría de la ciudadanía estos episodios,aunque en el caso de la detención del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), los vecinos le manifestaron su apoyo, que luego refrendaron en las urnas en las elecciones municipales de 2007 otorgándole una victoria más holgada que cuatro años antes.

La imagen turística, como se han encargado de señalar desde el sector, también se ha resentido por estos casos. Ello ha provocado que los responsables públicos hayan puesto en marcha campañas para mejorarla y promociones para captar a turistas. La última la desarrollada por el equipo de gobierno del PP de Marbella en los países del Golfo Pérsico para atraer al turismo de alto nivel, el de los petrodólares.

No en un mismo saco

Asimismo, la imagen de los políticos y de las instituciones ha quedado dañada por estos episodios. Ante ello, algunos dirigentes han pedido «no meter a todo el mundo en el mismo saco», y otros han reclamado a los partidos una mayor «autoexigencia» a la hora de elegir a las personas que integran sus listas electorales.

La corrupción urbanística ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, sobre todo, tras la detención de la tonadillera Isabel Pantoja, pareja sentimental de Julián Muñoz. Es el tinte «rosa» de una triste historia que parece no terminar.