Los sindicatos policiales alertaron a Torra ya en noviembre de la oleada delictiva

«Lo que algunos dijimos que iba a pasar, está pasando», explica a ABC David Miquel, portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). En su opinión, los responsables políticos tienen buena parte de la culpa del repunte de la violencia en Barcelona y carga tanto contra el ejecutivo que encabeza Ada Colau, como contra el Govern independentista de la Generalitat. «No les importa la seguridad, no es su prioridad. Unos se limitan a lo social (Ayuntamiento), y los otros ya sabemos a lo que se dedican», dice David Miquel, en referencia al proceso separatista.

Desentrañar las razones de que los delitos en Barcelona se hayan disparado –especialmente los robos violentos, que han aumentado un 30 %– no es sencillo. Los expertos hablan de factores multicausales pero, lo que sí es verdad, es que el «piloto» de alerta o «termómetro» de los sindicatos policiales hace tiempo que estaba encendido . En noviembre del año pasado, por ejemplo, una plataforma que aglutina a varios de los sindicatos protagonizó una controvertida campaña ante la Sagrada Familia para alertar a los turistas de que los Mossos, por falta de efectivos, no podían garantizar su seguridad durante su estancia en la capital catalana.

Según sus cábalas, los Mossos necesitan unos 2.000 agentes más para poder trabajar en condiciones. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, anunció antes del verano que en los próximos meses se incorporarán 320 agentes para labores de seguridad en la ciudad de Barcelona . La temporada estival, sin embargo, ya habrá pasado cuando llegue el refuerzo. Esa medida la había anunciado el consejero de Interior a la prensa en vísperas de verse con Ada Colau en una junta de seguridad local convocada a mediados de julio, cuando ya era manifiesto el aumento de la inseguridad en la Ciudad Condal. Esa cita trataba de poner fin también a una serie de desencuentros entre la alcaldesa y la Consejería de Interior sobre la seguridad en la capital catalana. Colau había llegado a insinuar que el Govern descuidaba a propósito la seguridad «con fines electorales».

Esa polémica entre Colau y la Consejería de Interior vivió ayer, precisamente, un nuevo episodio . En un vídeo en su Facebook, la alcaldesa –además hacer cierta autocrítica y considerar que Barcelona «no es un caos»– cargó de nuevo contra Buch. Le reprochó que ante el Gobierno de España, cuando desde algunos sectores se pidió más Policía Nacional en Barcelona, el consejero separatista sacó pecho diciendo que Cataluña tiene las competencia en materia de seguridad. Pero en cambio –añade la alcaldesa– cuando Buch se refiere a Barcelona, el consejero se refugia en que «es cosa de Colau». Estos bretes partidistas muestran la mejorable coordinación entre administraciones.

El sindicato policial Sapol, mayoritario en la Guardia Urbana, sitúa con la llegada de Colau a la Alcaldía los primeros síntomas de lo que acabó explosionando este verano. Con sus primeras declaraciones como alcaldesa ya tenían «la mosca detrás de la oreja», dice Manel García, secretario general de dicho sindicato. Se refiere a anuncios como el desmantelamiento (frustrado) de la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes (UPA) de la Guardia Urbana, una especie de antidisturbios. Y también a su intención de limitar a los agentes locales a funciones de «policía de barrio» y dejar el grueso de la seguridad a Mossos.

El problema de la inseguridad «no se combate solo con más policía», reconocen los sindicatos. Por su complejidad, son necesarias políticas conjuntas de calado, sociales y legislativas. Pero también creen que es imprescindible una mayor presencia policial como dique de contención a la escalada criminal.