El silencio oficial contrasta con la movilización independentista

El Ministerio de Exteriores o la propia Embajada en Berlín no han realizado una sola declaración ni entrevista desde la detención del expresidente catalán el pasado 25 de marzo, guardando un escrupuloso silencio por respeto al trabajo de los tribunales.

Por su parte, los ex trabajadores de la delegación catalana de la Generalitat en Alemania -oficialmente clausurada por el 155- se prodigan en las pantallas de televisión alemanas denunciando cuestiones que van mucho más allá del trabajo de los tribunales y que afectan gravemente a la imagen de España.

Todos los mensajes propagados por el independentismo en Alemania abonan una tesis sin haber tenido contrapartida por autoridad española alguna: «Ese delito de acusación desde España, en un Estado democrático como Alemania, no es un delito aceptable», comentó el propio abogado de Puigdemont, Wolfgang Schonburg , alimentando las supuestas carencias democráticas en España.

El propio Puigdemont insiste en la existencia de «presos políticos», a pesar de que la decisión que ha permitido su salida de prisión deja claro que «no se ven indicios de que en caso de ser entregado, el perseguido pudiera verse expuesto al peligro de persecución política según artículo 6, párrafo 2 de la ley de asistencia judicial internacional en asuntos penales (IRG)» y que «no se le imputan sus convicciones políticas, sino la malversación de fondos públicos».

En las apariciones en los distintos medios germanos, los independentistas ponen también «en duda la separación de poderes en el Estado español» y se afirma que «la violencia que el tribunal no ha visto en la actitud de Puigdemont sí estuvo presente en las actuaciones policiales del 1-O».

Desde Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, insistió ayer que la «pedagogía» que el Gobierno haga en otros países sobre lo que ocurre en Cataluña no es algo que pueda influir en una decisión judicial como la adoptada por la Audiencia de Schleswig-Holstein.

En una comparecencia tras reunirse con su colega polaco, Jacek Czaputowicz , Dastis consideró que los jueces habrán estudiado los documentos y las informaciones que se les han remitido y en función de eso habrán tomado su decisión. Agregó que uno puede no estar de acuerdo con lo decidido pero, en cualquier caso, «nosotros lo vamos a respetar», aseguró.

En otros ámbitos sucede lo mismo. Así, el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, pidió ayer a las autoridades españolas que no se acuse de rebelión a «figuras políticas en Cataluña» en el marco del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre.

Los relatores trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, por lo que son independientes de cualquier Gobierno u organización y actúan a título individual. Pero una vez más no ha habido respuesta española en Naciones Unidas.