Sigue la guerra en el PSOE por el reparto de dos millones del Gordo de la Lotería

El Comité de empresa se reunió ayer y, según algunas fuentes, improvisó luego una asamblea. Muchos se mostraron decididos a llevar a los tribunales el contencioso por los cinco décimos premiados con el Gordo: en total, dos millones de euros .

Como todas las Navidades y en todas las empresas, Ferraz jugaba a un número, el 91.674 , que compraron trabajadores, políticos, periodistas, proveedores y todo el que pasaba por allí. El encargado de adquirirlo fue Juan Miguel Rojo , del área de compras, quien acudió semanas antes a la Administración número 32 de Madrid, en el Paseo de la Esperanza, regentada por su primo . Allí retiró series del 91.674 por valor de decenas de miles de euros .

Y a partir de ese momento empieza el vodevil porque, según la versión de los perjudicados, y dado el volumen de gasto, el primo de Rojo tiene el gesto de regalarle «al PSOE» los cinco décimos del 66.513, que luego resultaría agraciado con el Gordo.

Pero Rojo asegura que no fue un regalo sino que pagó a su primo los cien euros por cinco décimos de un número que acaba en 13, su terminación preferida. Uno de ellos se lo entrega a su esposa , otros dos a sus jefes inmediatos, el gerente Martínez y el director financiero, Restituto Hernández , y los dos restantes los divide en participaciones . Estas las regala a empleados afines del área de Administración en Ferraz.

El jueves a mediodía, cuando trasciende que el Gordo ha caído en la sede federal del PSOE, el propio partido da por sentado en Twitter que la alegría es generalizada: «Felices porque muchos trabajadores de la casa de Ferraz han sido agraciados con el Gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil» .

Pero enseguida se da cuenta la gestora de la que se le viene encima . Quienes no llevaban ni participaciones del 66.513 comienzan a protestar en la copa de Navidad con Alfonso Guerra presente, que se marcha visiblemente contrariado por lo que ve.

Y el asunto se calienta tanto que el partido se ve obligado emitir por la tarde un comunicado para apartarse de una turbia polémica, que ya para entonces estaba en todos los informativos e inundaba las redes sociales.

Decía la gestora que «el PSOE como organización no administra, distribuye o gestiona Lotería de Navidad . Son los propios trabajadores y trabajadoras los encargados de la administración, distribución y gestión» del 91.674. Y añadía, a continuación, que «algunos» trabajadores fueron agraciados con el Gordo, sin dar más detalles de los cinco décimos del 66.513.

Ayer, cuando todo parecía indicar que las aguas se iban a calmar, el asunto dio un giro inesperado al trascender que el gerente, Gregorio Martínez, había perdido supuestamente su décimo del 66.513 premiado con 400.000 euros. Fue a Comisaría a denunciarlo. La intriga apenas duró unas horas porque el propio Martínez volvió a retirar la denuncia.

Según explicó, no recordaba que había intercambiado con unos amigos quienes, a su vez, le dieron un décimo de otro número ; es decir, que el gerente no cobrará, en teoría, los 400.000 euros.

Pero esas explicaciones no convencen a una parte importante de la plantilla socialista, instalada en la sospecha desde el mismo jueves por la mañana. Quieren llevar el asunto a los tribunales para paralizar el cobro del premio por esos cinco décimos que, aseguran, fueron regalados «al PSOE», no a Juan Miguel Rojo ni a Gregorio Martínez. Y que los dos millones de euros se repartan a toda la plantilla. De momento, para Martínez ya no será así porque asegura que ya no tiene su décimo.

Hay jurisprudencia respecto a conflictos por el reparto de premios de juegos de azar. En 2012, el Tribunal Supremo revocó la entrega de la mitad de un premio de 125.000 euros de la ONCE de una mujer, Montserrat C., a su ex marido, Juan B., porque éste había usado un falso testimonio.

La arrendataria de un bar de El Vendrell (Tarragona) testificó que los cupones se los había vendido a él y luego se retractó. En general, si se demuestra dolo en el cobro de un premio, los beneficiarios se enfrentan a un posible delito de «apropiación indebida» penado con cárcel.