Si eres abertzale, te «regalan» un palacio del siglo XVIII en Pamplona

La consejera de Cultura, Ana Herrera , aseguraba en sede parlamentaria el pasado 22 de marzo que «tras la ocupación ilegal del edificio no hay constancia de ninguna intervención arquitectónica en el interior ni de daños». Pues bien, los abertzales han realizado a lo largo de este año numerosas obras, sin contar, por supuesto, con ningún permiso, sin una planificación arquitectónica y sin mantener las mínimas medidas de seguridad. De hecho, el propio Gobierno de Navarra contradijo a la consejera el 27 de julio cuando pidió el desalojo alegando los peligros que suponían los daños que habían provocado las obras ejecutadas. Los técnicos de Patrimonio confirmaron el 17 de agosto que el edificio tenía importantes daños.

El juez que ordenó el desalojo el pasado 17 de agosto hacía alusión al informe del Gobierno de Navarra: «Los ocupantes del inmueble han realizado obras de acondicionamiento de los distintos espacios y obras de defensa para impedir o dificultar un eventual desalojo, concurriendo por ello riesgos de caída de personas al vacío o de objetos a la vía pública al tenerse constancia de que durante las obras en el tejado han quedado tejas sueltas y se ha roto alguna de ellas, riesgos estructurales por la realización de obras sin ningún tipo de supervisión técnica en un inmueble antiguo en deficiente estado de conservación». También existía «un riesgo cierto de incendio por las características de la instalación eléctrica y la carencia de sistema alguno de detección temprana de sobrecargas eléctricas y de humos y por la utilización de soldaduras eléctricas y otras herramientas sin las debidas condiciones de seguridad».

Además, instalaron, tal y como reconocieron los propios ocupantes, «una taberna» que no contaba ni con los permisos municipales de establecer un espacio público, ni permisos de actividades económicas, ni ningún tipo de documento que diera legalidad al negocio. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona reconoció que ese edificio no tenía contrato ni de agua ni de recogida de basuras, cuando en el interior sí que hay contenedores.

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, aseguró en junio que estaría «pendiente» ante operaciones «ilegales» en el palacio Marqués de Rozalejo durante las fiestas de San Fermín y expresó el «compromiso» existente «en la exigencia del cumplimiento tributario de todos los contribuyentes», sean actividades «legales o ilegales». Llegaron los Sanfermines y el bar permaneció abierto durante todas las fiestas y sirvió alcohol.

Pero no solo cometieron esa irregularidad. En lugar preferente del espacio destinado a bar, colocaron una pancarta con el rostro y nombre de los etarras presos del Casco Antiguo de Pamplona. Allí se podía ver a Josetxo Arizkuren Ruiz ‘Kantauri’, el mismo que ordenó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco , o a Iñaki Beaumont, condenado por intentar asesinar al concejal de Pamplona Miguel Ángel Ruiz Langarica.

Ante la acumulación de actuaciones presuntamente ilegales en su interior, el Gobierno optó por pedir el desalojo del edificio el 27 de julio. El juez ordenó el desalojo el 17 de agosto, que se produjo de madrugada. Seis horas después de expulsar a todos, aquella misma tarde, el palacio volvía a estar okupado después de que nadie se quedara vigilando el edificio. A la mañana siguiente, el Gobierno pidió suspender la orden de desalojo «para confirmar la seguridad ciudadana» , es decir, para evitar incidentes con los abertzales. No importaba las condiciones de riesgo en que se quedaba el edificio.

La petición de suspensión provocó que UPN anunciara este viernes una querella contra María Solana , portavoz del Gobierno que sustituía a la consejera de Interior, de vacaciones, por un presunto delito de prevaricación al permitir que los abertzales continuaran realizando los actos ilegales y un delito de malversación por permitir el uso particular de un edificio público. El juez consideró que el Gobierno daba el visto bueno a la ocupación y archivó la causa, por lo que los abertzales disponen a su antojo del palacio del Marqués de Rozalejo hasta que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno contra el archivo de la causa pero que mantiene la suspensión del desalojo.