«Si hay delito, los jueces ordenarán retirar las urnas»

¿Habrá referéndum el 1 de octubre o la justicia conseguirá evitarlo?

Los ciudadanos, y los poderes públicos sin excepción, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Solo el respeto a la Constitución y sus principios permite la convivencia democrática, y fuera de ella ni hay legalidad ni Estado de Derecho. Cualquier actuación en contra de la legalidad se encontrará con el muro infranqueable de los jueces.

¿Están la Justicia y el Gobierno de Mariano Rajoy utilizando todas sus «armas» para defender la ley?

Cada poder del Estado actúa según las competencias que le corresponden y con proporción a la situación. El Poder Judicial lo hace cuando se vulnera la legalidad, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, en garantía de los derechos de todos los españoles.

¿Debe el TC utilizar sus poderes reforzados e imponer una multa o suspender en funciones a Carme Forcadell o Carles Puigdemont para evitar que desobedezcan sus resoluciones?

Eso le corresponde decidirlo al Tribunal Constitucional, y en función de la naturaleza y la gravedad de la desobediencia, no tengo la más mínima duda de que valorará la procedencia de actuar en un sentido u otro. También hay que tener en cuenta que la desobediencia es constitutiva de un ilícito penal y para su averigüación, depuración y sanción también tienen competencia la Fiscalía y los jueces.

Existe la sensación de que el proceso penal puede durar años y falten medidas inminentes para evitar la continuación delictiva.

La ciudadanía, los funcionarios y los poderes públicos pueden tener la seguridad de que el poder judicial actuará con la agilidad y eficacia necesaria para garantizar que se cumple la ley.

¿Podría ser arrestado Puigdemont?

Eso dependerá de la naturaleza y la gravedad de la infracción que se le impute, y se valorará por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si considera que se ha producido una infracción constitutiva de delito adoptará las medidas oportunas sin ninguna duda.

¿Podría incluir el arresto?

Entre ellas.

¿Considera factible que los gobernantes catalanes sean condenados por malversación en un juicio?

Sin prejuzgar el caso concreto, la distracción de fondos públicos para actuaciones que carezcan de cobertura legal puede ser constitutiva de un delito de malversación, por supuesto.

¿Pueden los funcionarios catalanes «rebelarse» contra las órdenes de la Generalitat para el 1-O?

No es que deban rebelarse, es que tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y las leyes. Deben negarse a cumplir cualquier ley, reglamento o disposición contraria a la legalidad constitucional. En esa actuación encontrarán todo el apoyo del Poder Judicial, frente a cualquier actividad encaminada a imponer leyes o disposiciones suspendidas.

¿Podríamos estar ante un delito de amenaza si las autoridades catalanes presionan a los funcionarios?

Cualquier autoridad que presione o intimide a un funcionario para llevar a cabo una actuación contraria a la legalidad incurre en responsabiliad, sea administrativa o penal, y esa responsabilidad se depurará por supuesto.

En esta labor pueden llegar a ser decisivos los jueces catalanes.

Efectivamente, todos los jueces, y en este caso los destinados en Cataluña, son los defensores de la legalidad, los garantes del Estado de Derecho en Cataluña. Que no quede duda de que harán todo lo que sea necesario para garantizar el cumplimiento de la ley. Todo. Cuentan con todo el apoyo de la judicatura española.

¿Será necesario acudir al artículo 155 de la Constitución?

El artículo 155 es un mecanismo para situaciones de extrema gravedad. No corresponde a los jueces valorar si procede o no acudir a él. Si el Ejecutivo, con el aval del poder legislativo, estimara necesario suspender de forma total o parcial la autonomía de Cataluña, los jueces actuarían en consecuencia y cumplirían lo acordado.

Si los gobernantes catalanes desoyen los avisos y siguen adelante, ¿cómo se podrá evitar el 1-O?

Me cuesta asumir que un servidor público desatienda las órdenes de la autoridad judicial. No cabe hacer tabula rasa e incumplir las órdenes de los jueces. Eso sería la quiebra de la base del Estado de Derecho y el inicio de la construcción de un Estado totalitario. Si la existencia de las urnas constituye un hecho delictivo se ordenará retirarlas como instrumento del delito. Los jueces de guardia el 1 de octubre estarán preparados frente a cualquier eventualidad y harán cumplir la ley.