El Senado pedirá cuentas a Sánchez y a los profesores que validaron su tesis

La comisión del Senado que investiga las irregularidades en la tesis de Sánchez ha echado a andar y previsiblemente la primera semana de diciembre se constituirá oficialmente. El PP ya ha registrado los nombres de sus representantes para una comisión a la que se pueden sumar el resto de grupos políticos. Hasta final de mes hay plazo para ello y después, ya en la semana del 3 de diciembre, se cerrará el trámite de los vocales y la formación de la Mesa que regulará el proceso. A partir de ese momento los grupos podrán diseñar el calendario de comparecientes y después comenzará el «desfile». La comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta se da por descontada, pero habrá más. Tantas como dudas sobre la tesis del presidente. Por cierto, si alguien miente y se demuestra, cometerá un delito castigado por el Código Penal.

Juan Padilla , Santiago Pérez , Alejandro Blanco , Ricardo Rejas, Cristina Ruza y María Isabel Cepeda . Los cinco primeros nombres corresponden a las personas que conformaron el tribunal que validó la tesis de Sánchez, mientras que el sexto es el de la directora de la investigación. Los primeros, como desveló ABC, no debían de haber llegado a evaluar a Sánchez ya que su tribunal no cumplía con los requisitos investigadores exigidos normalmente. Cepeda, como también advirtió este medio, no tuvo que dar luz verde a una tesis plagada, amén de los plagios, de incorrecciones formales.

Además de ser un tribunal con méritos académicos insuficientes, resulta extraño que Padilla fuera coautor junto a Sánchez de artículos de investigación publicados previamente y que después se fusilaron en la tesis. Un caso similar es el de Carlos Ocaña, exjefe de gabinete del exministro de Industria Miguel Sebastián, quien firmó junto a Sánchez el libro que contenía la tesis y quien, según las investigaciones de ABC, facilitó entonces datos e informes del Ministerio al actual presidente.

Tampoco estarán de más las comparecencias del actual rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Samuel Martín-Barbero, para que argumente por qué la institución se negó a investigar con profundidad , nada más saltar el escándalo, la tesis. Cabe recordar que la UCJC despachó en unas pocas horas y con un comunicado de media docena de líneas el caso. De hecho, ni siquiera sometieron el texto a la revisión de los programas informáticos que determinan el grado de plagio en este tipo de documentos, como son Turnitin o Plagscan . Esta última empresa incluso rectificó la información de Moncloa, que aseguró que el nivel de plagio era del 0,96 por ciento cuando en realidad era del 21 por ciento. ABC ha intentado sin éxito charlar con Martín-Barbero, pero desde la entidad educativa se niegan a dar explicaciones.

Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, a la que pertenece la Universidad Camilo José Cela, también tendrá que guardar, previsiblemente, un hueco en su agenda para atender a sus señorías. Más allá del entramado societario que desemboca en Nueva Zelanda, Segovia tendrá que aclarar si relajaron los criterios para evaluar a futuros doctores.

Las dudas están ahí y la comisión jugará un papel importante para despejarlas vistas las escasas explicaciones del Gobierno. De momento la única certeza son los vocales escogidos por el PP para la cita: Esther Brío (portavoz), Antonio Alarcó (portavoz adjunto), María del Mar Angulo, Francisco Javier Arenas, Cristina Ayala, José Manuel Barreiro, Manuel Betegón, Tomás Cabezón, Francisco Javier Fernández, Luis González, Nuria Guijarro, José Luis Pérez, Salomé Pradas, Jorge Alberto Rodríguez y Ovidio Sánchez.