El Senado gastará en traductores casi el triple del presupuesto actual al incluir las lenguas cooficiales
El PSOE apoya una propuesta de Junts para integrar por completo las lenguas cooficiales en la Cámara Alta para cualquier actividad parlamentaria, mientras los independentistas advierten de que impulsarán lo propio en el Congreso
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Iniciar sesiónEl PSOE se configuró este miércoles como el socio necesario para una nueva afrenta del independentismo contra el castellano en las instituciones. El grupo socialista en el Senado se unió al resto de fuerzas de izquierdas, nacionalistas y separatistas y votó a favor de una ... propuesta de Junts per Catalunya para iniciar la reforma del reglamento de la Cámara Alta y modificar el artículo 84.5 y la disposición adicional quinta, de modo que se integren plenamente el catalán, el euskera o el gallego en cualquier actividad parlamentaria, igualando así el peso de todas las lenguas cooficiales a la oficial. La medida, cuyo coste inicial alcanza los 950.000 euros –según el cálculo de la formación impulsora–, casi triplicaría el presupuesto actual para traducciones y transcripciones , dotado con un total de 355.000 euros.
El posicionamiento de los socialistas no cambia nada a corto plazo en el funcionamiento de la cámara, pues la propuesta está aún en una fase embrionaria, pero sí se reconoce como un claro guiño a sus socios parlamentarios , con los Presupuestos del próximo ejercicio como escenario inmediato. Lo debatido es una toma en consideración que deberá elevarse ahora a la Comisión de Reglamento del Senado y después someterse a votación.
Lo que plantea el partido liderado por Carles Puigdemont, que presentará lo mismo para modificar el Reglamento del Congreso , es que los senadores intervengan en sus lenguas en los plenos, las comisiones y en cualquier actividad parlamentaria, algo que hasta ahora está limitado al debate de las mociones en el pleno. Se podrán utilizar las lenguas que tengan el carácter de oficial en alguna comunidad autónoma en la publicación de las iniciativas presentadas; en la formulación de escritos en el Registro de la Cámara Alta; y en los propios que los ciudadanos y las instituciones registren.
A efectos prácticos, si la propuesta sale adelante, significa que habría escenas como la de un senador preguntando al presidente del Gobierno o a un ministro en catalán, euskera o gallego durante una comisión y a este atendiendo la interpelación con un auricular y con traducción instantánea. Esto abre el debate del coste para las arcas públicas , que Junts cifra en algo menos de un millón de euros. Fuentes de la formación independentista detallaron a ABC que, no obstante, este montante será solo para ponerlo en marcha y su previsión es que anualmente sea menos, cerca de la mitad, aunque no pueden especificarlo con exactitud porque variará en función de las necesidades.
La incógnita ahora es si el PSOE mantendrá esta posición en el Congreso, donde los independentistas solicitarán lo mismo
Sea como fuere, lo cierto es que superará el presupuesto que el Senado destina a este extremo. Según indican desde la Cámara Alta, las cuentas de 2021 reservan 280.000 euros para las traducciones y transcripciones –se alude a ambas figuras porque también se transcribe al diario de sesiones– que haya en las mociones del pleno; más otros 75.000 euros para lo propio en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Estos trabajadores, sin embargo, no forman parte de una plantilla con salarios fijos , sino que configuran una especie de bolsa de traductores a la que se recurre puntualmente y también según las circunstancias. Los traductores, añaden, acceden tras superar una prueba.
Los 355.000 euros remiten exclusivamente a lo relativo a las lenguas oficiales, pero el Senado gasta más dinero cuando se trata de actos con presidentes extranjeros, reuniones o conferencias. Así, la Cámara Alta destinó en contratos menores otros 4.228,95 euros (IVA incluido) este año para traducir del inglés y el alemán lo dicho en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE (celebrada en mayo) y del rumano en lo manifestado en la visita de la presidenta del Senado de Rumanía (mayo) y en una videoconferencia entre la expresidenta Pilar Llop y la misma personalidad (febrero), respectivamente.
Críticas de la oposición
La oposición, de hecho, se adelantó este miércoles a las posibles consecuencias que acarrea esta modificación, sobre todo, económicas. PP, Vox y Ciudadanos , los únicos que se opusieron a la medida, coincidieron en buena parte de sus argumentos. Por un lado, señalaron que la única lengua oficial que establece la Constitución es el castellano, pero además aludieron al hecho evidente de que, conocida por todos, favorece el entendimiento en el Senado.
La popular Alicia Sánchez Camacho recordó que ya en la última modificación del reglamento, de 2010, se triplicó el presupuesto inicial. «Esto no es una cámara de Babel y no vamos a permitir que las familias españolas asuman el coste de este disparate», dijo. En Cs, la senadora María Ponce criticó que Junts esté más preocupado por que haya una comisión de Medio Ambiente en catalán que de cumplir las sentencias del Supremo sobre el castellano en los colegios: «Sánchez lo consiente y lo permite para mantenerse en La Moncloa» . Desde Vox, Jacobo González-Robatto insistió en los costes que supondrá. «Piensan que el dinero público es ilimitado», subrayó.
Podría darse la imagen de que un senador pregunte al presidente del Gobierno en catalán, gallego o euskera y este atienda con auriculares y traducción simultánea
La propuesta fue defendida por el senador de Junts Josep Lluís Cleries, que aseguró que el reglamento actual solo permite el uso de las lenguas cooficiales de forma «simbólica». «Ninguna lengua está por encima de otra» , defendió Cleries entre las críticas que le recordaban episodios como el hostigamiento a comerciantes. «No va contra nada ni contra nadie», justificó.
Mirada en el Congreso
La votación puede dar alas a los independentistas para proponer la misma reforma en el Congreso . Convertir a ambas cámaras en plurilingües es una de sus reclamaciones desde hace años y, de hecho, la necesaria reforma del reglamento se ha frenado varias veces por la exigencia de los secesionistas de incluir la admisión de todas las lenguas cooficiales en los debates.
En esta legislatura solo elevaron a debate una proposición no de ley que instaba al Gobierno a «iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano». Los socialistas no aceptaron y la iniciativa fue aprobada con cambios. La incógnita ahora es si mantendrán esta posición cuando se plantee la misma reforma, como ya ha avanzado Junts. Fuentes del Grupo Socialista consultadas por este periódico no han querido hacer declaraciones, informa Ana I. Sánchez.
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