El segundo de Mas ingresó en 2008 casi cien mil euros por informes urbanísticos

A estas declaraciones -que fueron reprobadas por sus socios de Unió- se sumó su loa a Prenafeta y Alavedra, a los que dijo admirar «profundamente», tanto en el terreno político como en el personal. Como ellos, Puig ostentó varios cargos en los gobiernos de Pujol. Como ellos, parece dispuesto a ofrecer su experiencia a quien necesite un experto en relaciones entre las empresas y la Administración.

El que fuera -entre otros cargos-, conseller de Medio Ambiente y de Obras Públicas en la Generalitat de Pujol, creó en septiembre de 2007, ya como diputado en la oposición, la empresa «FPG Enginyeria, Estrat_gies, Gestió i Desenvolupament, SL», que tiene, entre otros fines, el asesoramiento en materia de urbanismo e ingeniería civil «dirigido tanto a personas físicas como jurídicas, públicas o privadas», según consta en la memoria de la firma.

A juzgar por las cuentas de la sociedad, que están depositadas en el Registro Mercantil, el asesoramiento de Puig, que actualmente integra la comisión de política territorial del Parlament, cotiza al alza. Tal y como se refleja en la memoria de la empresa, en su primer ejercicio, en 2007, el importe de los ingresos de explotación correspondientes a las prestaciones de servicios realizados por la sociedad se eleva, a 31 de diciembre, cuatro meses después de su constitución, a 21.000 euros. Un año después, el importe de estos ingresos -revela la memoria de 2008- asciende a 93.343 euros.

Objeto principal

En las memorias no constan los encargos por los que se facturaron tales ingresos. Así, para ir al detalle hay que retrotraerse hasta el epígrafe de objeto principal de la sociedad, cuyo redactado es: «La realización de estudios técnicos y proyectos, así como el asesoramiento técnico-jurídico, económico-financiero, y urbanístico en materia de obras públicas, arquitectura, urbanismo, etc.»

El secretario general adjunto de CDC, ingeniero civil y licenciado en Administración de Empresas, figura como administrador único y único socio de esta empresa que encabezan sus iniciales, (FPG, Felip Puig Godes). Su domicilio social se halla en la calle Duc d´Almenara Alta, en la población de Vallromanes (Barcelona) de la que Puig es vecino.

Moción «suicida»

A raíz de la «operación Pretoria», la sombra de la sospecha se ha cernido sobre todo tipo de operaciones urbanísticas. Santa Coloma, Llavaneres y Badalona ya están bajo la lupa judicial, pero ya han aparecido nombres de otros municipios, como Montcada (Barcelona), y hay auditorías en curso, en este caso de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en Ayuntamientos como Cunit o Salou (Tarragona). Y en esta última localidad, el nombre de Puig está en boca de sus críticos. Le acusan de promover el pasado abril una «suicida» moción de censura contra el equipo municipal de gobierno -que integraban el PSC y CiU, con la alcaldía rotatoria, y los independientes RDS- para, a la postre, desbloquear un proyecto de construcción de un centro comercial y de oficinas que había sido rechazado por el Consistorio. Un proyecto, aún en fase de estudio, que promueve un empresario que en otras promociones inmobiliarias ha compartido sociedad con un hermano de Felip Puig, Jordi.

A espaldas del comité local de CDC y de Unió, Felip Puig promovió y firmó la citada moción que devolvió la vara de mando de la alcaldía al partido independiente FUPS, con el apoyo del Partido Popular. Lo justificó por estrategia política: quería absorber en un futuro a FUPS y sus votantes. Para la moción, el dirigente se sirvió del voto de uno de los tres concejales de CiU que había en el Ayuntamiento, Marc Montagut, que ahora ostenta la cartera de Urbanismo. En su mesa, se presume el citado proyecto de centro comercial.

Los otros dos concejales de CiU, el convergente Salvador Pellicé, -que en virtud del pacto CiU-PSC iba a asumir la alcaldía en la segunda mitad del mandato-, y Martina Fourrier (UDC), se opusieron a la moción y no integran el equipo de gobierno.