María José Segarra toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado ante el Consejo Fiscal, el pasado julio
María José Segarra toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado ante el Consejo Fiscal, el pasado julio - EFE

«Segarra se ha ganado el respeto de la opinión pública»

Todas las asociaciones de fiscales arropan a la fiscal general por su actuación en el «procés»

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La mera posibilidad de pensar que la fiscal general del Estado, María José Segarra, puede no ser renovada por fallar al Gobierno en el caso del «procés» es una noticia triste para los fiscales, no ya porque buena parte de ellos valoran de forma muy positiva su gestión al frente del Ministerio Público durante el último año, sino porque podría interpretarse como una venganza por no haber sucumbido a las presiones para modificar el criterio que los cuatro fiscales de sala del Supremo del «procés» han mantenido desde el inicio de esta causa penal.

Es un sentimiento que comparte de forma unánime la carrera fiscal, celosa de su independencia y reacia a que el Ejecutivo pueda disponer del destino de quienes representan a los defensores de la legalidad, no los intereses del Gobierno de turno. Sostienen que con su (no) intervención en el «procés», «Segarra se ha ganado el respeto de la opinión pública». Así lo aseguran Cristina Dexeus, Teresa Peramato y Miguel Pallarés, portavoces de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de la Unión Progresista de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), respectivamente. Estas palabras cobran especial relevancia en el caso de Peramato, por cuanto representa a la asociación de la que formaba parte Dolores Delgado antes de aterrizar en el Ministerio de Justicia, la misma que la sentó en el Consejo Fiscal en representación de esta asociación.

«En el poco tiempo que (Segarra) lleva ejerciendo estas funciones ha puesto de manifiesto no sólo su capacidad y valía y respeto a la autonomía de los fiscales, sino también su conocimiento de la carrera, de sus necesidades y las de la sociedad y de la justicia en general. Ha trabajado duro, siempre en equipo y escuchando a los y las fiscales y se ha ganado a pulso el respeto generalizado de toda la Administración de justicia y, me atrevería a decir, de la opinión pública», dice.

Reconoce la presidenta y portavoz de los fiscales progresistas que la decisión de renovar a Segarra es del Gobierno, pero considera que «sí sería acertado» mantenerla durante los próximos cuatro años, una posibilidad que la ley brinda al Ejecutivo al haber estado en el cargo menos de dos años.

«Autonomía funcional»

Peramato aprueba la actuación de la fiscal general al respetar en todo momento el criterio de los fiscales del Supremo, que no fue otro que llevó al fallecido fiscal general José Manuel Maza, a interponer, hace ahora un año y medio la querella por rebelión que consiguió sentar en el banquillo del Supremo a los doce líderes independentistas. «El respeto de Segarra a la autonomía funcional de los fiscales ha sido una de las características de la fiscal general que le honra y honra a la carrera y que, además, es coherente con la posición que manifestó desde el primer momento de respeto al criterio profesional de los y las fiscales».

Por su parte, para la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, la no intervención de Segarra en el caso del «procés» es «el paradigma del posicionamiento autónomo de la Fiscalía», en el que «se buscó defender la legalidad y no la conveniencia política». Diferencia así la actuación del Ministerio Público respecto a la de la Abogacía del Estado, a la que Justicia obligó a rebajar la calificación de los hechos de rebelión a sedición y se llevó por delante al díscolo Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos.

Dexeus reconoce que no influir en los cuatro fiscales del «procés» «podría pasar factura» a Segarra, pero tampoco se muestra entusiasta con su renovación, porque hay aspectos de su gestión que no le han gustado, como las prisas por aprobar la reforma del Reglamento del Ministerio Fiscal que, entre otras cuestiones, contenía un artículo que la blindaba con una plaza en el Supremo una vez finalizado su mandato. Como informó ayer ABC, esta opción fue rechazada el jueves de forma unánime por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe preceptivo aunque no vinculante.

«El cordón umbilical»

Por último, el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, valora la forma en la que Segarra «ha aguantado la presión», lo que dice mucho de su «profesionalidad». Se muestra escéptico con su renovación por parte del Gobierno, porque en el tema del «procés» «queda mucho camino por andar». «Esto no acaba con la sentencia. Luego vendrá el indulto» y un perfil como el de la fiscal general «no es cómodo» para el Gobierno, reconoce Pallarés.

Los representantes de las tres asociaciones defienden una verdadera independencia del Ministerio Fiscal, algo que sólo puede conseguirse, dice Dexeus, con autonomía presupuestaria, autorregulación y formación en manos del Ministerio Fiscal. «Hay que cortar de una vez el cordón umbilical con el Ministerio de Justicia» y que el mandato del fiscal general no sea de cuatro años, como el del Gobierno.

Pallarés, por su parte, sugiere equipararlo a los cinco años de los mandatos judiciales para evitar esa indeseable identificación con el Gobierno. También propone que desaparezca una de las causas de cese del fiscal general, que es la de que lo haga el Gobierno que lo nombró.