El secesionismo exige librarse del coste económico del 'procés'

La Generalitat pone a trabajar a sus servicios jurídicos de forma «discreta» para «minimizar el impacto»

La Abogacía del Estado, al no estar legitimada, no puede presentar demanda tras la liquidación

29/06/2021
Actualizado 30/06/2021 a las 08:38h.

Hoy acabará la citación del Tribunal de Cuentas para informar de la liquidación provisional a las 42 personas implicadas en el gasto de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 vinculada al ‘procés’ independentista. El monto es, según ... figura en el acta de liquidación provisional consultado por ABC, de 5,4 millones de euros. Tras escuchar a las defensas y los letrados de la Generalitat, hoy será el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, en calidad de acción pública, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana. En quince días se conocerá la liquidación definitiva y el inicio del proceso para recabar las fianzas.

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Los 5,4 millones de euros se distribuyen entre los implicados y la cifra es solidaria en función de las presuntas irregularidades y el periodo temporal de desempeño del cargo de cada uno de la cuarentena de implicados. Así, Artur Mas y Andreu Mas-Colell tendrán que abonar 2,8 millones de euros cada uno. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras , 1,9 millones cada uno. Raül Romeva , 2,1 millones. Francesc Homs , 2,9 millones. Albert Royo , 3,6 millones. Mireia Vidal , 3,1 millones. Rosa Vidal , 1,8 millones. Joaquim Nin , 163.889,75 euros. Amadeu Altafaj , 66.609,94. Francesca Guardiola , 3.039,42 euros. Y así hasta los 42 presuntos responsables de los gastos indebidos, incluyendo, por ejemplo, los exdelegados de la Generalitat en las llamadas ‘embajadas’ catalanas.

Presión al Gobierno

A medida que este martes se confirmaban las cantidades a devolver (el organismo constitucional del Tribunal de Cuentas repara el gasto indebido, ni multa ni sanciona), el independentismo aumentó la presión sobre el Gobierno para que, una vez concedidos los indultos a los nueve presos condenados por sedición, mueva ficha y libere, también, de responsabilidad económica a los responsables del gasto de dinero público destinado a la promoción en el extranjero del ‘procés’.

El asunto, como había avanzado el Govern catalán, se trató en la reunión que mantuvieron por la tarde, en la Moncloa, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno , y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Aragonès aseguró que este proceso supone una «persecución» al secesionismo y dijo que le había propuesto a Sánchez resolver la situación con la aplicación de una amnistía: «La amnistía es la solución global» . De todas formas, la Abogacía del Estado tiene poco margen en este caso, pues no está legitimada para mantener una demanda concreta ya que la parte afectada es la Generalitat. JuanCarlos Campo, ministro de Justicia, intentó explicarlo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: «El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda».

En la línea de Aragonès, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, avanzó que el Govern catalán ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos autonómicos para «minimizar al máximo el impacto» económico en las 42 personas implicadas. En esta línea, Plaja señaló, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, que l a Generalitat no se considera parte perjudicada, algo que, según ha podido saber este diario también sostuvieron los letrados de la Generalitat ayer ante el Tribunal de Cuentas, por lo que renuncia a pedir los 5,4 millones de euros. Eso sí, la portavoz dejó claro que la actuación de los servicios jurídicos está siendo «discreta» y se negó a concretar los detalles.

Caja de solidaridad

En paralelo, desde ERC se adelantó que en los próximos días se reactivará una vez más la campaña para recaudar dinero destinado a pagar fianzas, multas y procesos judiciales a los independentistas. Tras el 9-N de 2014, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pusieron en marcha una campaña con ese fin. La iniciativa se transformó en la Caja de Solidaridad, entidad que asumió el coste de las fianzas de la consulta del 9-N impuestas por el Tribunal de Cuentas, que afectaban a Mas, Homs Irene Rigau, Joana Ortega y media decena más de altos cargos de la Generalitat. En total, 4,9 millones de euros.

Igualmente, la Caja de Solidaridad –asociación totalmente opaca y que algunos cálculos apuntan a que ha gestionado 14 millones– afrontó recientemente las fianzas por el referéndum ilegal del 1-O. Otros 4,1 millones de euros, que todavía no se han pagado. Así, ningún responsable del 9-N o el 1-O ha pagado con su dinero personal el gasto público indebido.

Frances Homs: El hombre que llevó el ‘derecho a decidir’ a la mesa de Mas

Francesc Homs, ‘Quico’, para su entorno político y mediático, es uno de los políticos de mayor confianza de Artur Mas. Se le considera el ideólogo del llamado ‘derecho a decidir’ –concepto que salió primero del laboratorio de la Universidad Pompeu Fabra–, eufemismo para reclamar el derecho de autodeterminación para Cataluña, comunidad que no tiene tal derecho ya que, básicamente, ni es una colonia ni se oprime a las minorías. Tras el 15-M, Homs habría sido uno de los ayudantes de Mas que le convenció de dar un paso adelante para que CiU y la Generalitat abrazasen el secesionismo. En 2003 empezó su carrera en el Parlamento de Cataluña. En 2010, tras los siete años de los dos tripartitos, Mas le nombró portavoz del Govern catalán, pero sin cartera. El ascenso a consejero de la Presidencia le llegaría en 2012. Hasta 2015. El Tribunal de Cuentas le pide 2.952.689,85 euros por el ‘procés’.

Albert Royo: Más de 3,6 millones por liderar la ‘diplomacia’ para la secesión

El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña o Diplocat tenía (y tiene) como función oficial proyectar internacionalmente a la comunidad. Pero, en realidad, solo se promocionaba las tesis independentistas. Su organigrama, estructura e idea deseada era la de crear una ‘diplomacia’ catalana. Al frente del Diplocat, entre 2013 y 2017, los años ‘calientes’ del ‘procés’, se situó Albert Royo, uno de los cargos cesados con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras el 1-O y las dos declaraciones unilaterales de independencia. A Royo, el Tribunal de Cuentas le reclama 3.633.253,86 euros. De los 42 implicados, es al que más cantidad se le pide que retorne a las arcas públicas. De los más de 3,6 millones, 1.392.000 euros son por la firma del contrato de Diplocat con el ‘lobby’ Independent Diplomat y otros 1.536.191,73 euros por la actividad del Diplocat en la promoción del ‘procés’.

Mireia Vidal:El control del gasto de la Generalitat en sus manos

En julio de 2011, el Govern catalán, con Artur Mas al frente, cambiaba al interventor general de la Generalitat. Mireia Vidal sustituía a Josep Maria Portabella, en el cargo desde 1990, había sobrevivido a Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla. Vidal se había incorporado a la administración autonómica catalana en 1991 y hasta 2011 ocupó distintos cargos, entre ellos el de interventora delegada de la Generalitat (1998-2006). La función principal del interventor general de la Generalitat consiste en controlar la gestión económico-financiera de la propia Generalitat.

De ahí la responsabilidad de Vidal en los gastos que investiga el Tribunal de Cuentas. Este órgano constitucional que fiscaliza los gastos de los entes públicos le pide 3.164.694,10 euros, la segunda suma más alta de los implicados, ya que aparece en la mayoría de las irregularidades.