La Santa Sede y el Gobierno amplían los Acuerdos Iglesia-Estado para dar rango legal al modelo de financiación

El sistema utilizado será el de «canje de notas» entre la Secretaría de Estado Vaticano y el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual supone una novedad en el sistema de relaciones entre España y la Iglesia, aunque resulta una práctica habitual en la ampliación o modificación de Concordatos en otros países europeos, como constata el experto Carlos Corral en su libro «Los Acuerdos entre la Santa Sede y los Estados», publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos.

Norma internacional

Dicho «canje», según explicaron a este diario algunos de los técnicos que hicieron posible el acuerdo, «dará rango legal, desde el punto de vista del Derecho Internacional», a los «puntos de acuerdo» alcanzados entre Episcopado y Ejecutivo socialista. La fórmula ha sido consensuada entre la Conferencia Episcopal y la Dirección General de Asuntos Religiosos, siendo informados puntualmente tanto el Nuncio de Su Santidad en España, Manuel Monteiro de Castro, como la Secretaría de Estado, por parte de la Iglesia, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por parte del Gobierno español.

La utilización de este sistema, según indicaron a este diario desde la Conferencia Episcopal, se debe a dos razones: en primer lugar, la modificación «de facto» de los Acuerdos Iglesia-Estado suscritos el 3 de enero de 1979, al renunciar expresamente la Iglesia a la exención de un impuesto; en segundo lugar, por la necesidad de «rubricar oficialmente» el acuerdo, para que éste no pueda ser modificado unilateralmente por el Ejecutivo socialista ni por el Parlamento. A partir de ahora, para negar el 0,7% a la Iglesia, el Gobierno debería denunciar los Acuerdos, una decisión de la más alta repercusión política, social y diplomática y, por tanto, sólo posible en casos extremos.

De este modo, se espera que la próxima semana (el lunes o el miércoles a más tardar) el Vaticano envíe una notificación al titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la que oficialice la renuncia, por parte de la Santa Sede, a la exención del IVA para los bienes eclesiásticos. «Es la Iglesia la que renuncia a un derecho, por lo que debe ser ella la primera en notificar la propuesta de modificación», subrayan desde el Episcopado.

El propio Moratinos responderá (posiblemente por valija diplomática) a este documento vaticano, con lo que el acuerdo automáticamente tomará rango de ley, entendiéndose derogada la orden ministerial que regulaba los privilegios fiscales para la Iglesia en materia de IVA. Aunque este impuesto es posterior a la firma de los Acuerdos con la Santa Sede (entró en vigor en 1986, con la entrada de España en la Unión Europea), el Concordato de 1979 sí incluía expresamente la exención de distintas tasas. Tras 1986, el Gobierno entonces presidido por Felipe González entendió que la exención suscrita en 1979 afectaba a la nueva tasa. Ha tenido que ser la Comisión Europea la que obligase a nuestro país (como anteriormente hiciera con Portugal) a terminar con una situación incompatible con el derecho comunitario.

A partir del instante en que se acuse recibo de ambas comunicaciones, cualquier modificación o incumplimiento del sistema de financiación acordado podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, produciéndose la ruptura del Acuerdo en materia económica entre la Santa Sede y el Estado.

Denuncia de los Acuerdos

La materialización de este «canje de notas» supone un duro batacazo a las aspiraciones de los sectores más laicistas del PSOE, que en su día manifestaron su desacuerdo con la modificación del actual sistema tributario de la Iglesia y en España y que, a partir de ahora, no podrán reivindicar en el Parlamento la supresión de lo que denominan «sobrefinanciación de la Iglesia». Además, en el caso de que el Gobierno quisiera denunciar los Acuerdos, necesitaría un refrendo parlamentario de tres quintos, lo que se antoja impensable en la actual situación política.

A su vez, diversas fuentes consultadas, tanto en el entorno de Añastro como en el de Ferraz, inciden en que esta fórmula también servirá para «desactivar diversas lecturas excesivamente laicistas» realizadas en los últimos tiempos por dirigentes socialistas, y materializadas en el Manifiesto que el PSOE publicó con motivo del aniversario de la Constitución. El propio presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, se mostró esta semana convencido de que el citado documento «no cuenta con el respaldo mayoritario del PSOE».

Durante los últimos meses, y tras la consecución del acuerdo económico, Iglesia y Gobierno han continuado manteniendo conversaciones para concordar la instrumentación jurídica del nuevo sistema de financiación de la Iglesia. De hecho, en el acuerdo alcanzado en septiembre, se explicitaba que la renuncia a la exención del IVA «se tendrá que establecer mediante el instrumento legal correspondiente».

En las últimas semanas, fuentes cercanas al Gobierno apuntaban la posibilidad de que la vicepresidenta De la Vega fuera recibida en el Vaticano por el secretario de Estado, Tarsicio Bertone, para suscribir, en un acto público, el citado acuerdo. Sin embargo, desde la Santa Sede se prefería «actualizar» el convenio a través de la fórmula que finalmente verá la luz, evitando una «escenificación» de unas relaciones estrechas en unos momentos en los que Episcopado y Gobierno mantienen «diferencias fundamentales» en torno al futuro de la asignatura de Religión en las escuelas y la aplicación de Educación para la Ciudadanía.

El miércoles, durante su participación en los Desayunos de Europa Press, Ricardo Blázquez, reconocía que se «está a la espera» de la concreción oficial del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia española. Ese mismo día, el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez, declaraba que «estamos trabajando para plasmar en un papel, jurídicamente, los puntos de acuerdo con el Gobierno».

Por su parte, el coordinador de la corriente federal «Cristianos Socialistas», Carlos García de Andoin, apuntaba a la revista «Vida Nueva» la posibilidad de «escenificar en un acto público» el acuerdo en materia de financiación. En posteriores declaraciones a ABC, García de Andoin matizaba que «lo importante es que se concrete jurídicamente el acuerdo».

Por su lado, desde la Vicepresidencia del Gobierno, si bien se reconoce la necesidad de plasmar el acuerdo de modo oficial, se indica que «no está en la agenda» un encuentro público para rubricar el instrumento jurídico que ponga en marcha el convenio en materia de financiación de la Iglesia.

El departamento que dirige Fernández de la Vega asume su voluntad de «mantener una buena relación con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal», como lodemuestra el incremento al 0,7% del IRPF, la renovación del Plan de Catedrales y «acercamientos» en materia de Educación para la Ciudadanía y otros aspectos de la LOE.

JAIME GARCÍA

La vicepresidente De la Vega (ayer, tras el Consejo de Ministros) supervisa toda la negociación