Sánchez y sus socios tumban una iniciativa en el Congreso para penalizar los referendos ilegales

La proposición de ley del PP defendía recuperar una penalización introducida por José María Aznar y retirada después por José Luis Rodríguez Zapatero. El juicio del «procès» que esta teniendo lugar estos días en el Tribunal Supremo trata de dilucidar si los políticos independentistas incurrieron en malversación, rebelión o sedición. Y si la reforma del PP hubiese salido adelante se enfrentarían a un delito más.

El resultado de la votación arrojó 165 votos a favor (PP y Cs) frente a 176 votos en contra del bloque de la moción de censura y cero abstenciones para un texto que proponía penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por hasta diez años para la autoridad o funcionario que convoque o autorice la celebración de un referéndum ilegal. El PP también incluyó una disposición para los funcionarios o autoridades que faciliten o aseguren la consulta con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por hasta seis años y para quienes ejerzan de interventores, faciliten, promuevan o aseguren su realización con privación de libertad de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

La encargada de defender la propuesta del PP fue su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat , que reprochó que «el nacionalismo es el peor enemigo de la democracia» y defendió que «recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal es inexcusable para proteger los derechos y las libertades». Montserrat aseguró que «el rechazo de Sánchez a la propuesta del PP para recuperar las penas por los referéndums ilegales evidencia que puede liquidar España a cambio de La Moncloa».

La réplica del PSOE la hizo el diputado Juan Carlos Campo , que sostuvo desde la tribuna que el ordenamiento jurídico ya tiene «mecanismos suficientes para defender el orden constitucional». Campo también defendió que el Gobierno se mantuvo dentro de la ley con el soberanismo, pero que nunca abandonó el dialogo porque «dialogar no es ceder».

Luego, la diputada de ERC Carolina Telechea clamó que «votar no es un delito» y desde el PNV Mikel Legarda abordó la iniciativa popular como un «mero cálculo electoral». Más duro fue Feliu Joan Guillaumes , del PDECat, quien lo tildó de «vergüenza pública». Pero el diputado de Cs Ignacio Prendes espetó a los soberanistas que no «infantilicen» a los ciudadanos al asegurar que su referéndum «sólo» fue votar: «Las consecuencias de votar las estamos viendo en Cataluña, votar no es un juego ». Prendes reprochó que «quien vote en contra de la iniciativa está propiciando la impunidad» de los «golpistas» del 1 de octubre.

En el Senado, en paralelo, el Gobierno seguía tratando de consumar su giro político y su discurso de campaña, informa Víctor Ruiz de Almirón . En el primer choque parlamentario con los independentistas tras Sánchez endureció ostensiblemente el tono en su réplica al senador de ERC Joaquim Ayats.

El presidente del Gobierno cuestionó el «planteamiento infantil» de debatir «quién se levantó primero» de la mesa de negociación, ya que el republicano lo acusó de buscar deliberadamente las elecciones. «Ustedes nunca quisieron dialogar, quieren vivir de la crisis en Cataluña».

Sánchez reprochó a los independentistas «no tomarse en serio los espacios de diálogo» y criticó el bloqueo de los Presupuestos. «Han renunciado a hacer política, han renunciado a gobernar en Cataluña», recordando que las cuentas otorgaban «2.2000 millones de euros a Cataluña para resolver mucho de la crisis social». El líder socialista atacó a los independentistas por insistir en el debate en la autodeterminación: «La valentía es sentarse en una mesa y asumir la legalidad. Seguir con el viaje a ninguna parte no es ser valiente». Y volvió a cuestionar que la posición de los independentistas está enormemente condicionada por la necesidad de reivindicarse ante los sectores más radicales de su movimiento: «El problema es que se tienen que enfrentar a sus propios fantasmas».