Sánchez usa la oferta al PP sobre el CGPJ para camuflar las críticas de dentro y fuera de España

Ayer mismo trascendía la carta que el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa envió al Ministerio de Justicia advirtiendo al Ejecutivo de Sánchez de que la reforma que han presentado PSOE y Unidas Podemos no pasa los estándares de anticorrupción exigible a los países miembros por la injerencia política que supone. El Gobierno pretende rebajar a mayoría simple la mayoría cualificada de tres quintos que se exige al Parlamento para elegir a los doce vocales de procedencia judicial que integran el órgano de gobierno de los jueces.

Y es que desde que se hizo público este anuncio (que se justifica en la negativa el PP a sentarse a negociar) prácticamente no ha habido un día en el que no se haya producido una reacción contraria a la proposición de ley. Primero fueron las asociaciones de jueces y el propio órgano de gobierno, que ha llegado a convocar un pleno extraordinario para estudiar el asunto ; luego se sumaron los tribunales superiores de justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura (el lunes), el de Valencia (ayer) , y mañana se esperaba que hicieran lo propio País Vasco y Galicia, según ha podido saber ABC. De la misma forma, colegios de abogados como el Madrid o de Andalucía han rechazado también públicamente esta reforma, como también iban a hacer hoy los jueces decanos de toda España.

Precisamente este jueves, antes del anuncio de Sánchez, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresaba su «extrema preocupación» por esta proposición de ley por el «riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo«.

«Además de ser de dudosa constitucionalidad, teniendo en cuenta lo que dispone al respecto el artículo 122.3 de la Constitución Española, el cambio propuesto es claramente contrario a estándares internacionales, como los establecidos por la Comisión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos– CCJE-, el Grupo de Estados contra la Corrupción - GRECO y el art. 2.3 del Estatuto Universal del Juez aprobado por la Unión Internacional de Magistrados, en los que se recomienda que los miembros de los Consejos de la Magistratura de procedencia judicial sean electos por sus homólogos«.

La Federación se adhiere así a las manifestaciones realizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura y por el Grupo Iberoamericano de la UIM y asegura esperar «que el Parlamento Español no apruebe dicha propuesta de ley, y que aproveche esa oportunidad legislativa para retornar al sistema anterior de designación de los jueces del CGPJ, donde sus integrantes eran electos por sus pares, lo que les da a jueces y juezas españoles más garantías de independencia«. Esta es precisamente la contrarreforma que esta misma semana anunció el PP y que supone volver al sistema originario de elección del órgano (1980) en el que los jueces eran elegidos por la propia carrera sin intervención alguna del Parlamento. A raíz de la modificación de 1985 las Cortes han intervenido ya siempre en cada renovación de estos vocales jueces de la misma forma que lo hacen con el cupo de los ocho juristas.