Sánchez traslada la presión a las autonomías sin un plan alternativo al estado de alarma

«El objetivo es que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma», fue su declaración de intenciones. Un objetivo, pero no una realidad que se pueda presentar como absolutamente cerrada. De hecho, poco después de la intervención de Pedro Sánchez , desde el Gobierno andaluz ya consideraban «precipitado» el anuncio. El Consejero de Presidencia , Elías Bendodo , manifestó que ese planteamiento tiene «un prisma político y no sanitario». En este momento los contagios están subiendo y así parece que seguirá siendo en las próximas semanas tras la Semana Santa . «No sabemos el 9 de mayo cómo va a estar la cuarta ola», dijo Bendodo , señalando que el planteamiento tiene más que ver con la dificultad para «sumar apoyos parlamentarios para renovar el estado de alarma».

Con el planteamiento de Pedro Sánchez se abre la veda para que las regiones empiecen a reclamar una extensión de la excepcionalidad jurídica, otorgando así a Sánchez el consenso que justifique una nueva decisión. Con el movimiento de ayer el presidente del Gobierno se protege para que, en caso de tener que actuar, lo haga motivado por unos datos abrumadores y por la petición de las comunidades autónomas. El mismo esquema que utilizó para poner encima de la mesa el decreto actualmente vigente.

Desde el pasado verano, y al contrario que en la primera ola, Sánchez cambió el paso en su gestión de la pandemia: del mando único y la presencia masiva pasó a una gestión reactiva, actuando a petición de las regiones y con una estrategia de comunicación más limitada y centrada en reservada al anuncio de los mensajes positivos. Así ha sido durante todos estos meses y así seguirá siendo.

Además de porque traslada a las regiones la presión de reclamar que el estado de alarma se extienda, el movimiento tiene otra clave estratégica, basada en la voluntad del Gobierno de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «pueda seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en el país y al proceso de vacunación». Ese foro, que viene citándose semanalmente, reúne al Ministerio de Sanidad con las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Y se encargaría de encauzar lo que para el Ejecutivo es la recta final de la pandemia.

El presidente insistió ayer, apoyado en las sentencias recientes, que las medidas que adopte este órgano serían «de obligado cumplimiento». Eso sí, se trataría de una armonización de medidas a partir de las competencias propias que ya tienen las comunidades autónomas. Y que permitiría, por ejemplo, cerrar comercios. Eso sí, lo que ya no podría aplicarse sin estado de alarma son los confinamientos perimetrales y las limitaciones a la movilidad nocturna. Porque sin estado de alarma no hay un plan alternativo de reformas legislativas.

El Gobierno se comprometió a ello el pasado mes de mayo pero no lo cumplió. Y luego justificó que había estudiado la cuestión y que no procedía crear un marco legal que permitiera alterar derechos fundamentales, como hace el estado de alarma, al margen de la legislación ordinaria.

«Esperemos que la realidad epidemiológica nos dé los suficientes instrumentos para seguir respondiendo con eficacia a esta pandemia», dijo ayer Sánchez . Si la realidad se complica, las cosas pueden cambiar.

Él mismo apuntó ayer a que la vacunación empezará a coger ritmo este mes de abril. Y que las primeras semanas de mayo se alcanzarían los 5 millones de personas vacunadas. Todo depende ahora de que la velocidad de la vacunación sea lo suficientemente intensa como para limitar el ascenso de la cuarta ola.

Varios grupos de la oposición tienen sus dudas y reclaman un plan B que ejerza de colchón de seguridad en caso de que sea necesario. Hay múltiples factores que pueden interferir en las previsiones dibujadas por Sánchez , como el vínculo encontrado entre la vacuna de Astrazeneca y la generación de trombos o una posible extensión de la variante sudafricana que escapa a la inmunización actual. El Gobierno insiste en que no hay alternativa jurídica posible al estado de alarma. PP y Cs entienden que sí, pero difieren en el modelo a aplicar.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, exigió a Sánchez que busque fórmulas legales que limiten «lo mínimo posible las libertades y derechos de los españoles» al tiempo que permitan luchar contra el virus. «Hay alternativas, llevan un año sin hacer reformas legislativas, reformas que permitan utilizar mecanismos y dotarnos de instrumentos», censuró.

A su juicio, esta búsqueda es la que llevaría a cabo «un buen presidente del Gobierno» pero no es lo que está haciendo el líder socialista. Gamarra continuó acusando al Ejecutivo de ofrecer a los españoles solo «un estado de alarma permanente», y la limitación de sus «derechos y libertades» como parte de su política de «ordeno y mando».

Por ello, invitó a Sánchez a aprovechar «de una vez por todas el tiempo en beneficio» de los ciudadanos, impulsando reformas urgentes que impidan tener que volver a recurrir al estado de alarma a partir del 9 de mayo, en caso de que los pronósticos de Moncloa no se cumplan.

Desde Cs , su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, advirtió de que el estado de alarma «es una herramienta jurídica». «¿Se acuerdan de la segunda ola? No hubo estado de alarma, el Gobierno se desentendió y puso la pelota en manos de las autonomías y lo que ocurrió es que unos jueces avalaron las medidas y otros no», recordó.

Para Bal , el nuevo escenario debe pasar por «la declaración de actuaciones coordinadas», es decir, que las decisiones se adopten «desde la Audiencia Nacional y no desde tribunales superiores de justicia autonómicos». Una opción que la formación naranja ya propuso al Gobierno antes del pasado verano y que Moncloa no aceptó. «Ese es el plan B de verdad», remachó, informa Juan Casillas.

La formación de Santiago Abascal , en cambio, no expuso ayer ningún plan alternativo. Su portavoz en el Congreso , Iván Espinosa de los Monteros , subrayó que su propuesta es eliminar el toque de queda o retrasarlo al máximo posible porque, a su juicio, es una manera «absurda» de limitar los derechos y libertades de los ciudadanos.

En este sentido, adelantó que si el Gobierno pretende prorrogar el estado de alarma, su grupo votará «no» como ha hecho en peticiones anteriores. «Es absolutamente ilegítimo e ilegal. No vamos a contribuir a que se prorrogue», sentenció.