Sánchez retomará su acción de Gobierno con medidas para atraer a Podemos

Está por ver cuál es la respuesta de Iglesias sobre esta propuesta de acuerdo si finalmente no hay entrada en el Consejo de Ministros , porque el líder de los populistas recela de una fórmula que en la práctica da sustento total a Sánchez pero que impide al socio menor del pacto controlar la acción de gobierno.

Por lo pronto los socialistas van a plantear a Podemos un catálogo de medidas para atraerse su apoyo. El planteamiento de los socialistas, al menos de momento, es el de desarrollar políticas progresistas con Iglesias como socio preferente . Por supuesto, eso descarta cualquier opción de algún acuerdo más estable con Ciudadanos, pero habrá que ver cómo se desarrolla la legislatura, sobre el papel menos inestable que la anterior.

La gran incógnita que se deberá resolver en cada votación es si PSOE y Podemos tienen la misma idea sobre el significado de lo que son o no «medidas progresistas» . Sánchez, eso sí, tiene entre sus principales objetivos legislativos una serie de medidas que tendrían un previsible apoyo de Podemos. Aunque unas serán mucho más sencillas que otras.

Fue un asunto central de la campaña electoral. Sánchez utilizó un caso de actualidad reciente para culpar a PP y Ciudadanos de haber evitado en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Ley de Eutanasia en la pasada legislatura. No obstante, los de Albert Rivera no se han cerrado en banda a esta aprobación, pidiendo eso sí que antes exista una regulación de cuidados paliativos en una Ley de muerte digna. Independientemente de la posición que adopte Ciudadanos finalmente, Sánchez tiene mayoría en el Congreso para cumplir con una promesa que incluyó en su programa en el apartado de «medidas de humanización del Sistema Nacional de Salud». En principio la propuesta socialista es aprobar una única norma que regule la eutanasia y la muerte digna. Un texto que se fundamentará en «el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, y el derecho a recibir la mejor atención médica en su tramo más difícil».

La política fiscal es el punto nuclear de la legislatura en el que Sánchez va a tener enfrente a PP y Ciudadanos . En estas medidas la mayoría natural que tiene Sánchez es la que le proporcionan Unidas Podemos y ERC. Con el evidente riesgo de que a estas fuerzas les parezca que esas medidas se quedan cortas. El nuevo Gobierno necesita sacar adelante el plan fiscal que esta pasada semana remitió a Bruselas porque tiene que hacer compatible su política de importante aumento de gasto con el cumplimiento de los objetivos de déficit marcados por la UE. Sánchez se ha comprometido a ambas cosas. Así que la consecuencia inmediata es la subida fiscal.

En el borrador enviado a Bruselas el Gobierno aplaza a 2020 esas medidas que supondrían una subida de impuestos de 5.000 millones de euros. Aunque el Gobierno tiene intención de presentar el proyecto de Presupuestos nada más estén operativas las nuevas Cortes, en el texto remitido a Bruselas se admite que el efecto en las arcas públicas de esa subida no se producirá hasta el próximo año.

Las medidas que el Gobierno quiere sacar adelante son la subida del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros, además del aumento de la tributación al diésel o la implantación de las tasas a las transacciones financieras (Tasa Tobin) y la que se aplicará a las compañías de servicios digitales, conocidas como tasa Google. La reforma del impuesto de Sociedades para que las grandes compañías tengan un suelo de tributación será otra de las medidas clave.

Pese a que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, un 22% de golpe, ha coincidido con un comienzo de año muy inestable para el empleo, en el Gobierno están convencidos en persistir por ese camino. La vocación es llevarlo en breve espacio de tiempo al entorno de los 1.000 euros. El programa electoral socialista planteaba para el escenario de estos próximos cuatro años que el SMI debía alcanzar un 60% del salario medio, lo que en estos momentos significaría que se situase sobre 1.200 euros. Además de esas subidas del SMI, en el borrador remitido a Bruselas el Gobierno también anticipa que habrá subidas salariales del entorno del 2 por ciento anual para los próximos cuatro años. Aquí el Gobierno buscará el acuerdo con patronal y sindicatos. La argumentación teórica del Ejecutivo es que estas alzas contribuirán a un aumento de las cotizaciones sociales y por tanto mejorarán también las cuentas de la Seguridad Social. Precisamente acabar con el déficit de la Seguridad Social es otra de las promesas de Sánchez para esta legislatura.

Sánchez dijo en una entrevista de campaña que el tener «más experiencia» le ha hecho entender «que se pueden formular de otras maneras los mismos objetivos». Los socialistas no plantean ya derogar la reforma laboral del año 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy . Algo que genera el rechazo frontal de Podemos, que históricamente ha pedido derogar también la de 2010 que realizó José Luis Rodríguez Zapatero . Sánchez quiere sortear ahora esas cuestiones aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores bajo el mantra de «mirar al futuro». Lo que sí se incluirá en esa reforma es la recuperación de la negociación colectiva. Los socialistas apuestan en materia laboral ahora por dos cuestiones que están más cerca de los planteamientos teóricos de Ciudadanos que de los de Podemos: la simplificación de contrato y la mochila austriaca.

Es una de las medidas que Sánchez ha prometido adoptar en el arranque de este nuevo mandato. El abrupto final de la legislatura dejó en un cajón unos trabajos muy avanzados en este sentido. Los socialistas pedían su derogación, aunque el último punto al que se llegó fue el de trabajar sobre un texto del PNV que solicitaba su reforma. En campaña, el presidente del Gobierno ha seguido hablando de derogación. El compromiso del programa electoral es aprobar una nueva norma «reforzando la protección de las personas y asegurando un marco legislativo que facilite el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».

En una de sus últimas decisiones antes de la disolución de las Cortes, y pese a que no existía ya posibilidad de tramitación parlamentaria, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de reforma de la LOMCE , eliminando lo que tilda de «itinerarios segregados». La intención es hacer esta reforma pero además retomar ahora un Pacto de Estado por la Educación que los propios socialistas abandonaron la pasada legislatura. Además plantean aumentar los recursos públicos destinados a la educación y becas hasta un 5% del PIB.