Sánchez refuerza a los Mossos con 788 millones extra mientras escatima 424 a la Policía y la Guardia Civil

Según las cuentas oficiales recabadas por ABC, el Gobierno ya ha abonado a los Mossos 452,11 millones de ese plan de financiación extra pactada con los independentistas . Se los pagó c on cargo a los presupuestos generales del Estado de 2021 . Y ahora se dispone a inyectarles otros 336,33 millones de euros, que están consignados en los presupuestos estatales del presente año. Es decir, en dos años, 788 millones para reforzar las estructuras de la policía autonómica catalana, que ha estado en el punto de mira por su actitud durante el golpe independentista del otoño de 2017, que forzó al Estado a intervenir y enviar a Cataluña un nutrido contingente de policías nacionales y guardias civiles. Al año siguiente, ya con Sánchez en La Moncloa y a la par que su Gobierno había empezado a maniobrar para inyectar fondos extra a los Mossos, estos volvían a verse envueltos en la polémica por su inacción ante incidentes provocados por los grupos independentistas CDR (Comités de Defensa de la República). A tal punto se llegó que, en diciembre de 2018, trascendieron unas cartas enviadas por el Gobierno a la Generalitat en las que censuraba esa pasividad de los Mossos ante los desórdenes de los CDR.

Contrastan esos escabrosos episodios con el privilegiado trato financiero que ha ido trabando el Gobierno con la Generalitat para reforzar la capacidad económica de los Mossos. A los 788 millones de euros extra, que el Estado aporta para tal fin entre el año pasado y el actual, se añadirán otros 220 millones que el Ejecutivo de Sánchez le ha prometido en firme, también para los Mossos. Prevé pagárselos el próximo año, con cargo a los presupuestos del Estado de 2023.

Cuando se efectúe ese tercer pago que ha prometido, se elevará a un total de 1.009 millones la inyección extra a los Mossos, un 44% más de lo que se pactó en septiembre de 2018. Mientras tanto, en los tres últimos años el Gobierno de Sánchez ha escatimado 422 millones de euros a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Es la parte del presupuesto del área de seguridad ciudadana que ha dejado de ejecutar en 2019, 2020 y 2021. En el año 2019, de los 6.282,84 millones a que ascendió el presupuesto reservado al programa de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, se quedaron sin gastar 148,6 millones. Al año siguiente se dejaron de ejecutar 126,95 de los 6.742 millones que se habían consignado en ese mismo presupuesto. Y el pasado 2021 la parte no gastada ascendió a 148,63 millones, sobre un presupuesto de 7.058,82 millones de euros.

Esos fondos no ejecutados en Interior contrastan con la inyección extra para los Mossos. En este caso el Gobierno no solo ha cumplido escrupulosamente todo lo prometido, sino que lo ha hecho por exceso. En septiembre de 2018, cuando por vez primera se comprometió con la Generalitat a regar a los Mossos con fondos extra, el entonces vicepresidente catalán y actual presidente, Pere Aragonès (ERC), habló de 700 millones de euros , y se felicitaba por la cifra. Sin embargo, el pasado 2 de marzo, cuando Gobierno central y Generalitat se sentaron para analizar cómo marchaba el cumplimiento de aquellos acuerdos de septiembre de 2018, el comunicado oficial de Moncloa elevó la cifra a 1.009 millones, a pagar en tres anualidades, a razón de unos 336 millones por año entre 2021 y 2023. Además, en ese momento el primer plazo ya se había abonado, en 2021, y había sido muy superior a 336 millones: se pagaron 452,11 millones de euros.

Las organizaciones profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han criticado que el Gobierno deje sin ejecutar parte de los presupuestos del Ministerio del Interior y prime económicamente a los Mossos, mientras esgrime limitaciones presupuestarias para no mejorar sus condiciones salariales y subsanar las carencias materiales de policías nacionales y guardias civiles.

Es el Ministerio de Hacienda, en sus funciones de diseño presupuestario, el que asigna los fondos: por una parte, las partidas consignadas a Interior; por otra, el dinero extra que se inyecta para los Mossos, en el marco de la financiación autonómica. Y todo ello bajo las directrices de Moncloa, ya que los acuerdos financieros con la Generalitat son parte destacada en la estrategia de Pedro Sánchez desde que está en el poder gracias a los votos –entre otros– de independentistas catalanes.

En la parte que le toca en estas cifras, desde Interior minimizan esos 424 millones que ha dejado sin gastar en el área de seguridad ciudadana durante los tres últimos años. A preguntas de ABC, fuentes oficiales del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska indicaron ayer que esos 424 millones representan en torno al 2% de todo el presupuesto que se consignó para seguridad ciudadana. Es decir, que se ejecutaron esas partidas al 98%, lo que –destacan– es un grado muy alto de cumplimiento. «Ningún departamento del Gobierno llega a ejecutar el cien por cien de su crédito presupuestario en cada ejercicio», indican desde la cúpula de Interior.

Sin embargo, organizaciones profesionales como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) inciden en que no es de recibo que el Gobierno, en vez de reforzar las partidas presupuestarias de Interior y ejecutarlas íntegramente, haya inyectado 788 millones extra para los Mossos y les haya prometido otros 220 para el próximo año. Urge al Gobierno a «atender de una vez las reclamaciones de los guardias civiles y dejar de evidenciar las claras y evidentes discriminaciones que somete a los guardias civiles respecto al resto policías autonómicas».

El portavoz de la AUGC, Pedro Carmona , subraya a ABC que «los guardias civiles no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras las diferencias y los agravios siguen perpetuándose en este cuerpo de seguridad pública». Recuerda que tanto policías nacionales como guardias civiles siguen esperando «el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial», que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó y promulgó en marzo de 2018 y que Sánchez asumió cuando se instaló en La Moncloa tres meses después, moción de censura mediante.

La AUGC ha promovido acciones ante el Tribunal Supremo para exigir el cumplimiento de ese acuerdo de equiparación salarial. En noviembre del año pasado, el TS admitió a trámite la reclamación. Una de las cláusulas pendientes de cumplimiento establece que Interior debe impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que, en el futuro, no se pueda producir una disfunción salarial entre policías que realicen las mismas funciones.