Sánchez premió a la instructora del 9-N con la presidencia de Patrimonio

Sin embargo, la instructora de la causa del 9-N en aquel organismo fue la abogada y política socialista María Llanos Castellanos , a la que Sánchez premió tres años después, en 2020, con la presidencia de Patrimonio Nacional. Como instructora, Llanos Castellanos redactó el acta de liquidación que determinó la responsabilidad contable de Artur Mas y su equipo por haber cargado los gastos de aquel referéndum ilegal al presupuesto de la Generalitat y la fijó en los cerca de cinco millones que el Supremo confirmó el jueves. Su actuación fue considerada por fuentes jurídicas y parlamentarias como «impecable» y, de hecho, facilitó el camino a la instrucción de la causa por el ‘procés’ que el Gobierno califica ahora como una piedra en el camino.

En su puesto actual como presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos percibe un sueldo de 102.592,90 euros brutos al año, según los últimos datos del Portal de Transparencia referidos a las retribuciones de ese cargo en 2019. Fue elegida para este puesto a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia en gestión del patrimonio artístico o cultural pero para desempeñar un papel clave en un cometido de la máxima importancia política para Pedro Sánchez: la resignificación del Valle de los Caídos. Patrimonio administra la Fundación de la Santa Cruz y el Ejecutivo quiere regular por ley su gestión autónoma como paso fundamental en la resignificación del lugar. Como guiño adicional, el nombramiento de Llanos Castellanos fue comunicado directamente por Presidencia del Gobierno y no por el Ministerio de la Presidencia que encabeza Carmen Calvo y del que depende Patrimonio.

Al margen de los seis años que ejerció como delegada instructora en el Tribunal de Cuentas, Llanos Castellanos hizo carrera política dentro del PSOE. Justo antes de ser elegida para su actual cargo ejercía como diputada socialista en la Asamblea de Madrid, y previamente había sido consejera de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha con el gobierno de José María Barreda, directora general de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial durante tres años o secretaria general de Coordinación Territorial durante otro ejercicio.

La participación de esta política socialista no es la única de corte progresista que tuvo lugar en la causa del 9-N. La instrucción de Llanos Castellanos dio lugar al procedimiento jurisdiccional correspondiente y éste a la sentencia condenatoria de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra popular, a la que por turno también le ha tocado ahora resolver las responsabilidades contables por el ‘procés’. Esa sentencia fue recurrida por Artur Mas y confirmada por los tres consejeros de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Se da la circunstancia de que dos de ellos, Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano, llegaron a este organismo propuestos en su día por PSOE e IU, respectivamente. Su decisión fue ratificar la sentencia de Mariscal de Gante y elevar ligeramente su importe hasta los 4,988 millones, desde los 4,946 millones anteriores.

Pese a todo ello, el independentismo sigue inmerso en la batalla por desprestigiar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de los partidos de izquierda. El pasado miércoles, el presidente y portavoz del Grupo Unidas Podemos, Jaume Asens, expresó su «solidaridad con quienes están siendo perseguidos por ese tribunal de políticos» y anunció que «pediremos una investigación sobre las actuaciones de ese tribunal». Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , aseguró que el citado organismo es «el chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado las cuarenta familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país los últimos 80 años para condenar a la más absoluta muerte civil a cargos públicos independentistas». A continuación advirtió al Gobierno de que «los siguientes son ustedes», ignorando el premio de Sánchez a Llanos Castellanos.