Sánchez, en la moción de censura de 2018: «Los hechos han sido ya probados por la Justicia»

En su discurso ante el Congreso de los Diputados, el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , justificó que dicha sentencia constituía «un pronunciamiento judicial que incluye demoledoras afirmaciones en torno a la propia figura de quien ocupa hoy el cargo de presidente del Gobierno». El Tribunal Supremo señala ahora que de la argumentación de De Prada «se deduce la toma de postura de este magistrado respecto de varias cuestiones relevantes que no eran objeto del enjuiciamiento en ese primer procedimiento».

El entonces candidato Pedro Sánchez incluyó la existencia de una Caja B en el arranque de su discurso. El líder socialista aseguró que «ahora, a través de los hechos probados sabemos que usted no sólo fue testigo en aquella causa. También sabemos que ni siquiera merece la consideración de ser un testigo creíble». Es ahora, el juez De Prada, quien aparece cuestionado.

Para el PSOE, aquella sentencia se refería a «hechos que han sido ya probados por parte de la Justicia». En la exposición de la moción de censura José Luis Ábalos aseveró: «Hay elecciones que este partido no debería de haber ganado» porque «las han financiado con la caja B». Para Sánchez quedaba «acreditado» en la sentencia de la Audiencia Nacional que existía un mecanismo «para concurrir a las urnas con ventaja, con un probado dopaje económico que supone la constatación fehaciente del fraude a la propia democracia; la constatación manifiesta de que el PP concurría a las elecciones financiándose irregularmente».

El hoy presidente del Gobierno lanzó una retahíla de preguntas a Rajoy. Al menos las dos siguientes, con la rotundidad que se emplearon, quedan en cuestión tras la sentencia del Tribunal Supremo: «¿ No es suficiente el tenor de una sentencia en la que se reconoce que su palabra como testigo, ya no merece ningún crédito para la Justicia?» y «¿No basta con que su partido sea condenado como responsable a título lucrativo por las maniobras que constatan que acudió dopado a las elecciones generales?».

El Tribunal Supremo dejaba ayer claro que «la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última. Los terceros partícipes a título lucrativo no son culpables sino solo responsables civiles».

A finales de mayo de 2018 Pedro Sánchez navegaba por la política española sin escaño y con tenebrosas perspectivas electorales. «No es posible presentar una moción de censura con tales apoyos», había dicho en enero de ese año el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos . Pero meses antes, al poco de ganar las primarias, su hoy todopoderoso jefe de gabinete y por entonces asesor eventual, Iván Redondo, escribía lo siguiente en un artículo titulado «Sánchez puede ser presidente»: «Si enfocamos bien el ajedrez político que se avecina deben saber que hay altas probabilidades de que Sánchez puede ser presidente. Bien a través de una moción de censura (si se suceden más escándalos en el seno del PP y se conforma esa mayoría alternativa) o tras el resultado de unas elecciones anticipadas». Tuvo que ser a través de lo primero, porque las perspectivas electorales de entonces aupaban a Ciudadanos, y no al PSOE, como potencial alternativa al PP. Pero a la vez, los socialistas recelaban de la fórmula. Se necesitaba un pretexto. Y se encontró en la sentencia de la Audiencia Nacional.