Sánchez limita viajeros y aeropuertos e impone cuarentenas mientras la UE se abre para «salvar el verano»

El Gobierno de Pedro Sánchez transmitía ayer con estas nuevas restricciones otra señal de preocupación y aislamiento en una Europa que avanza hacia el levantamiento de fronteras, como lo demuestra que el viernes abrieran las suyas a efectos internos las repúblicas bálticas en un gesto de confianza calculado para la recuperación el turismo. Un sector clave contra el que, precisamente, el Ejecutivo de coalición ha dado con estas limitaciones otra vuelta de tuerca, después de que el jueves se viera insultado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que en sede parlamentaria tildó esta actividad de «estacional, precaria y de bajo valor añadido».

La acotación de puertos -Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo- y aeropuertos se conocía a través de una orden del Ministerio de Transportes publicada en el BOE ayer, el mismo día en que entraba en vigor la cuarentena forzosa para todo aquel que ingrese en España procedente de otros países, incluidos los nacionales. Un confinamiento que Francia también ha impuesto a los españoles en señal de reciprocidad.

Era también ayer cuando se activaban las últimas medidas de recorte de movilidad establecidas por el Ministerio del Interior según las cuales, prácticamente sólo los españoles o quienes acrediten tener aquí su residencia «habitual», están autorizados a acceder por vía marítima o aérea al país. O dicho de otro modo, en la incipiente desescalada europea de la pandemia, los ciudadanos de la UE o de zona Schengen han quedado sujetos a las mismas prohibiciones de entrada que los del resto del mundo, al menos hasta el 23 de mayo incluido.

Esta impermeabilización de puertos, aeropuertos y también fronteras terrestres -que se vienen prorrogando desde el 16 de marzo- coexisten en paralelo con las restricciones y controles sobre los «viajes no imprescindibles» desde fuera del territorio comunitario y Schengen que se aplican desde el 20 de abril y que el Ministerio del Interior amplió ayer, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, hasta el 15 de junio. Una fecha que va más allá del 24 de mayo, cuando caducaría el actual cuarto aplazamiento del estado de alarma.

En la orden que recoge el BOE, se repite que no hay permiso de entrada a viajeros de terceros países salvo contadas excepciones, como en los casos en que utilicen España a modo de escala o tránsito para dirigirse a su lugar de residencia, sean sanitarios, diplomáticos o acrediten razones de fuerza mayor.

En un complejo equilibrismo entre la necesidad de mantener la prudencia para reducir el riesgo de contagios ante una situación sanitaria «frágil» y la de recuperar la libre circulación -amén de intentar salvar el verano en términos turísticos-, la apuesta de la Comisión es seguir limitando la entrada al espacio común, pero a la vez ir retirando de forma gradual las barreras interiores.

La gestión de las fronteras es una competencia exclusiva de los Estados, Bruselas apela a una actuación coordinada, y por eso no ha ocultado cierta contrariedad ante los primeros cierres que dictó España. «Necesitamos un enfoque por etapas y coordinado. Restablecer el funcionamiento normal de la libre circulación dentro del espacio Schengen será nuestro primer objetivo» , decía el pasado 8 de mayo la comisaria de Interior, Ylva Johansson.

Al rechazo a viajeros de la UE y la cuarentena -que Bruselas no ve necesaria, puesto que su propuesta son corredores sanitarios entre países con similar situación epidemiológica - España suma ahora esa reducción a cinco de los aeropuertos abiertos a vuelos de pasajeros procedentes de fuera. Se justifica que son los que reúnen «capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional». La orden de Transportes contempla, no obstante, flexibilizar la lista de acuerdo con las autonomías, algo que el Gobierno canario se apresuró a reclamar ayer para que se incluya el aeropuerto de Tenerife Sur.

Conviene no perder de vista que siguen sin estar permitidos los desplazamientos entre provincias y que el catálogo del Ministerio excluye aeródromos como los de Valencia o Bilbao.