Sánchez ignora a la Justicia y declara secreto otro de sus viajes para ocultar su coste

Tanto la Audiencia Nacional como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han reiterado que aquella información que no afecte a la seguridad nacional no puede considerarse secreta. Pero La Moncloa vuelve a abusar de la Ley de Secretos Oficiales -una legislación franquista- y señala que «tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros» deben tratarse «como materia clasificada con el máximo grado de protección». Presidencia también sostiene que este secreto afecta a los «informes y datos estadísticos» sobre movimientos de aeronaves militares. Y esta ha sido la respuesta del Gobierno a los diputados del PP Juan Antonio Callejas y Rosa Romero cuando estos han preguntado datos relacionados con ese desplazamiento que nada tienen que ver con la seguridad nacional como el motivo de elegir el Súper Puma en lugar del AVE , qué cargos y personal de libre designacion viajaron con Sánchez, el coste económico total o qué cantidad de gases contaminantes se emitieron durante los trayectos, entre otros. Los citados parlamentarios cursaron nueve peticiones separadas de información y ocho de ellas fueron rechazadas con esa misma contestación. La novena respuesta fue un enlace a la agenda pública del presidente del Gobierno.

Esta artimaña del Ejecutivo cada vez que alguien le requiere datos básicos sobre sus polémicos viajes en el avión Falcon y el helicóptero Súper Puma ya ha sido desmentida contundente y reiteradamente tanto por el CTBG como por los tribunales de Justicia desde hace tiempo.

Por ejemplo, el Gobierno lleva tres años perdiendo recursos contra ABC por su empeño en ocultar datos de esos vuelos que no comprometen la seguridad y que, por tanto, no pueden ser información clasificada. Así lo han ratificado por activa y por pasiva el CTBG en 2019, un juzgado de la Audiencia Nacional en 2020 y la sala de este órgano judicial a la que recurrió el Ejecutivo en 2021. Ésta última recordaba el pasado mes de septiembre en una sentencia muy clara que esos datos que La Moncloa insiste en ocultar «no pueden implicar ningún perjuicio para la seguridad del Estado o la integridad» del presidente por tres razones, a cual más obvia. La primera, que esos viajes ya se habían realizado y por tanto no existe tal peligro. La segunda, que son «de dominio público dada su cobertura mediática» . Y la última y definitiva, que afectan a una información que «no es clasificada». Es decir, que no es ningún secreto y menos oficial.

El traslado de Sánchez a Puertollano en helicóptero militar fue muy polémico porque esa misma mañana había intervenido en el Congreso, que se encuentra muy cerca de Atocha. Desde esta estación partieron dos trenes AVE con parada en la localidad castellanomanchega que le hubieron permitido llegar a la cita y cuyos billetes oscilaron entre un precio de 60 y 100 euros, incluyendo ida y vuelta. Según calculó en aquel momento el PP, el gasto total del Súper Puma pudo rondar los 6.300 euros por el viaje completo.

A la crítica por el coste económico se unió la polémica por razones medioambientales ya que el helicóptero militar es mucho más contaminante que el AVE y el objetivo del viaje del líder socialista era visitar el Centro Nacional del Hidrógeno para respaldar las energías limpias. Para más inri, en una de sus intervenciones de esa mañana en el Congreso, Sánchez había reprochado al presidente de Vox, Santiago Abascal, la necesidad de «hacer un esfuerzo entre todos» para lograr una transición energética justa que permita contener el cambio climático.

El Gobierno viene abusando tan recurrentemente de la Ley de Secretos Oficiales que el pasado 24 de marzo sus socios le dejaron solo y tanto el Congreso como el Senado reprocharon este proceder en Moncloa. La Comisión Mixta de Seguridad Nacional aprobó una iniciativa del PP no vinculante que insta al Ejecutivo a comparecer cada vez que niegue información a un parlamentario amparándose en que se trata de información reservada. En este sentido, el texto aprobado acusa al Gobierno de incumplir las «exigencias» democráticas y recuerda la facultad constitucional que tienen los diputados para «solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones». A partir de aquí, considera que la utilización reiterada de la Ley de Secretos Oficiales para no facilitar información a la oposición «supone una indebida obstaculización» a su función de control y «acredita una defectuosa calidad democrática por parte del poder ejecutivo ». Un reproche de las Cortes del que el Gobierno tampoco parece tomar nota.