Pedro Sánchez, durante una visita al Museo del Prado el pasado miércoles - JOSÉ RAMÓN LADRA/ Vídeo: ATLAS

Sánchez se esconde tras el Consejo de Estado y se enfrenta a Iglesias

El Gobierno deriva la reforma de los aforamientos políticos al órgano consultivo

MadridActualizado:

La reforma propuesta por el Gobierno para limitar los aforamientos a los cargos públicos ha conseguido provocar la división entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su principal socio parlamentario, Unidos Podemos. Ni las irregularidades en la tesis doctoral del presidente, ni las «bombas inteligentes» vendidas a Arabia Saudí lograron abrir una grieta importante en la alianza surgida de la moción de censura, pero una reforma constitucional parece ser palabras mayores, y más cuando desde Podemos se quiere poner en jaque la inviolabilidad del Rey.

Estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobase ayer la reforma anunciada el pasado lunes, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció que habían «encomendado» la propuesta al Consejo de Estado -presidido por María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno Zapatero- para «anticiparse» al papel del principal órgano consultivo y que éste pudiera contribuir «desde el inicio a la calidad normativa del texto».

Esto es, el Gobierno no aprobó ayer, como se esperaba, el anteproyecto, sino que acordó que la propuesta de reforma la presente el Consejo de Estado a partir de una serie de directrices que el Gobierno le hará llegar. Después de que Pedro Sánchez hablase de «supresión», Celaá matizó al hablar de estas directrices que la idea del Gobierno es la de «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de funciones de cargo público». Además, se centrará en el Ejecutivo, diputados y senadores.

También forman parte de esas directrices la voluntad del Gobierno de que los delitos de corrupción no gocen de aforamiento. Pero tampoco tiene claro jurídicamente cómo discriminarlos, teniendo en cuenta que son unos tipos de delitos que se cometen en el ejercicio del cargo público. Por eso se recurre antes al Consejo de Estado, para que elabore y no para que emita una opinión no vinculante. «Deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo, pero sacar los delitos de corrupción», se limitó a decir Celaá.

Donde sí fue clara la portavoz es en que no se va incluir en la reducción de los aforamientos la supresión de la inviolabilidad del Rey, una petición en la que insisten desde Unidos Podemos. El pasado jueves, el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, aseguró que no apoyaría la reforma constitucional para suprimir aforamientos si el Ejecutivo no se comprometía a eliminar la inviolabilidad del Rey recogida en la Carta Magna. Sin embargo, finalmente el Gobierno aguantó el órdago y rechazó cualquier posibilidad de incluir esta medida en su propuesta de reforma. Celaá defendió que «es importante mantener la inviolabilidad del Rey», pero además recordó que esta cuestión está concebida en la Constitución para que su supresión o modificación deba hacerse a través del «procedimiento agravado», es decir, que cualquier cambio en este sentido supondría la convocatoria de elecciones. «No hay nada más que pueda añadirles», zanjó la portavoz.

«Ha improvisado demasiado»

Antes de que Celaá anunciara que la reforma se había enviado al Consejo de Estado y que la inviolabilidad del Rey no estaba sobre la mesa, Pablo Iglesias ya había manifestado en una entrevista en Telecinco su desacuerdo con el Gobierno, con el que endureció el tono. El secretario general de Podemos acusó a Pedro Sánchez de haber «improvisado demasiado» con la supresión de los aforamientos, una reforma que el presidente anunció en pleno escándalo por su tesis doctoral.

«Cuando se trata de reformar la Constitución, no se puede improvisar ni sacar conejos de la chistera en una semana», advirtió, y añadió que «lo lógico habría sido sentar a las fuerzas políticas cuyos apoyos son necesarios para sacar adelante la reforma y hablar antes de hacer las propuestas». Sobre el asunto de la inviolabilidad del Rey, el líder de Podemos mostró su intención de seguir dando batalla al Gobierno. «Es de sentido común que todo el mundo sea igual ante la Ley», defendió.