Pedro Sánchez elude el deber de informar al Congreso sobre el efecto de las medidas contra el coronavirus

El pasado miércoles, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, remitió a la Cámara Baja una comunicación de doce páginas, a la que ha tenido acceso ABC, con la que pretendía cubrir el deber de informar sobre la «ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus Covid-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social».

Sin embargo, la documentación remitida no es más que un compendio de las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento con su pertinente remisión al BOE. Una información pública que los grupos parlamentarios evidentemente ya tienen y que incluso el propio Boletín Oficial ofrece de manera agrupada.

En las doce páginas no se incluye ningún tipo de «información documental estructurada» sobre la «ejecución» de las medidas adoptadas y menos aún sobre la «valoración de su eficacia», tal y como exige la disposición adicional sexta del Real Decreto de declaración del estado de alarma.

Esta disposición fue propuesta por el PNV en el debate de la prórroga del estado de alarma por el coronavirus celebrado en la madrugada del pasado jueves y resultó aprobada por el Congreso. Obliga de forma plena al Gobierno a remitir la citada documentación con periodicidad semanal para que los diputados puedan determinar si las decisiones adoptadas están surtiendo efectos, son suficientes, o es necesario implantar acciones adicionales.

Tal y como lo planteó el PNV y la Cámara secundó, el objetivo es permitir que los grupos parlamentarios conozcan «los distintos ejes desde los que se aborda esta crisis poliédrica» para así formar criterio «tanto para sus funciones de impulso y control como, en su caso, para convalidaciones o autorizaciones de decisiones del Gobierno que pudieran hacerse precisas».

Teniendo en cuenta la magnitud de la pandemia por el coronavirus y siendo muy probable que en el futuro el Ejecutivo requiera al Congreso la adopción de medidas adicionales, hurtar la información sobre la eficacia de las medidas ya adoptadas carece de sentido, salvo que se pretenda que los diputados voten sin tener un conocimiento profundo y exhaustivo de la situación.

El malestar por la burla del Ejecutivo es evidente en el PNV, su socio más apreciado, cuya portavoz en la Comisión de Seguimiento del Covid-19 , Josune Gorospe, echó ayer en cara al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el incumplimiento de los deberes de información a la Cámara y la «opacidad» que está desplegando el Gobierno . Además, le acusó de unilateralidad y exigió una gestión «ordenada, planificada y compartida» de la crisis. «La confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla», advirtió.

El malestar del PNV se replicó en otros partidos de la Cámara, aunque Vox fue el primero en tomar medidas para intentar forzar al Gobierno a cumplir sus obligaciones. El portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, envió ayer mismo un escrito a la Mesa del Congreso denunciando que la comunicación remitida por Montilla «es una muestra más de la falta de respeto que el Poder Ejecutivo está mostrando hacia el Poder Legislativo » y que esta ofensa «resulta especialmente grave en la situación excepcional en la que nos encontramos y, más aún, por las destacadas complicidades en el Congreso».

Espinosa de los Monteros solicitó a la Mesa el envío de un requerimiento inmediato al Gobierno para que esta misma semana «complete la información documental remitida y someta a esta Cámara una completa valoración de la eficacia de las diversas medidas adoptadas». Sin embargo, parece difícil que la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Podemos, vaya a tramitar la petición de Vox con celeridad. No en vano, la presidenta Meritxell Batet se mostró este mismo miércoles conforme con el perfil bajo que la Cámara ha adoptado frente al Gobierno en la crisis del coronavirus .

El portavoz de Vox, aprovecha además su escrito para pedir que el Gobierno incorpore una «cumplida explicación y justificación documental de las razones» por las que no incluyó la paralización económica en la prórroga del estado de alarma por la epidemia del Covid-19 . En este sentido, acusa al Ejecutivo de «burlar» la autorización que le concedió el Congreso ya que, recuerda, el presidente Pedro Sánchez anunció el confinamiento total tan solo 72 horas después de recabar el «sí» de la Cámara.