Sánchez cuela 25 reformas en los nuevos Presupuestos

Este paquete de reformas 'coladas' en el proyecto presupuestario afecta a cuestiones tan distintas entre sí como el asilo internacional, la jurisdicción social, las víctimas del terrorismo, la Comisión Nacional de Competencia o RTVE. En unos casos las modificaciones son menores pero en otros son cambios profundos que afectan a un buen número de artículos.

Y ello pese a que tanto el Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han advertido en el pasado de que los proyectos de presupuestos deben abstenerse de regular materias que no estén incluidas en su propio cuerpo o relacionadas con la política económica del Gobierno. Hacerlo puede ser constitutivo de inconstitucionalidad .

Fuentes del Ministerio de Hacienda no han ofrecido argumentación. Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Víctor Píriz , denuncia un «abuso» por parte del Gobierno. «Hacienda está aprobando por la puerta trasera reformas que no solo no tienen que ver con los Presupuestos sino que introducen cambios que deben ser analizados en solitario y en profundidad. Al meterlas en el combo de los Presupuestos logran el 'sí' simplemente porque van adheridas al proyecto».

Entre estas reformas destacan, por ajeno, los cambios introducidos en la Ley Reguladora del Derecho de Asilo en cuanto a la acogida a los solicitantes de protección internacional. Actualmente, la acogida se realiza principalmente a través de los centros propios del ministerio competente y de aquellos subvencionados a organizaciones no gubernamentales (ONG).

Con la reforma, estos servicios se podrán prestar de manera indirecta «por fórmulas contractuales» o «mediante la correspondiente autorización de acción concertada a entidades cuando no sea necesario celebrar contratos». Para regularlo, la nueva Ley de Presupuestos establece que deberán desarrollarse «reglamentariamente» las materias, aspectos y criterios de la organización de los servicios de acogida a través de la acción concertada así como «las condiciones que deben cumplir las entidades para obtener la correspondiente autorización» para prestar este servicio, los supuestos de pérdida de la misma «así como el cálculo de su retribución». Este importe «se limitará a los costes necesarios para prestar los servicios establecidos».

Tampoco tienen nada que ver con los Presupuestos los cambios introducidos en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo . El bloque de disposiciones adicionales modifica los derechos y prestaciones de los españoles que sufren un atentado en el extranjero. Se suprimen las ayudas excepcionales que existen ahora y las compensaciones a recibir serán las mismas que si el ataque hubiera sucedido en territorio nacional, siempre que el Estado donde se haya producido no otorgue ayudas. También cambia el acceso a las condecoraciones. Actualmente, las víctimas de terrorismo disponen de cinco años para solicitar la distinción y una vez aprobados los nuevos Presupuestos podrán hacerlo en cualquier momento.

La Ley de Contratos Públicos es una de las que verá reformados varios de sus artículos a través de los nuevos Presupuestos. Por un lado, se ven ampliados los licitadores que podrán presentarse a concursos del procedimiento simplificado. Por otro, cambian algunas cuestiones de la adjudicación de contratos específicos y se establece que los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación «continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles». Actualmente, estos nombramientos tienen una vigencia de seis años, con una renovación parcial del órgano cada tres años.

La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público es una de las que más cambios encaja. Sufren modificaciones la suscripción de convenios y sus efectos, el régimen de los consorcios, la definición, actividades y adscripción de las fundaciones del sector público estatal, y la adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito estatal.

Al mismo tiempo, la Ley de la Jurisdicción Social también experimentará cambios con las cuentas del Estado ya que dejará de resolver conflictos por oposiciones. Los Presupuestos establecen que los actos administrativos dictados en las fases previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

La legislación aplicable a RTVE tampoco escapa de este bloque de reformas. La corporación ve ampliadas sus posibilidades de endeudamiento y podrá pagar a crédito «la cobertura de consignaciones, depósitos, pagos, garantías y otras medidas impuestas en procedimientos judiciales, administrativos y económico-administrativos».

Algo que actualmente no puede hacer. La corporación pública encajará así una nueva reforma relativa a su régimen económico sin un debate propio, ya que el Gobierno ha propuesto modificar sus fuentes de financiación a través de la futura Ley Audiovisual negociada con ERC .

Otra de las reformas incluidas en los Presupuestos tiene que ver con la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y se centra en modificar el régimen jurídico de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio. También cambia la Ley de la Comisión de Mercados y Competencia de manera que Economía recaudará las multas en periodo voluntario y Hacienda en ejecutivo. Ayer, todas estas reformas quedaron aprobadas por el Congreso de los Diputados sin apenas escrutinio público.