Sánchez se comerá las uvas pendiente de los independentistas y buscando alejar las urnas

Después del primer golpe de efecto que Pedro Sánchez consiguió con la composición de su Gobierno, los vientos de cola que siguieron a la moción de censura empezaron pronto a ralentizarse. A los seis días de tomar posesión como ministro de Cultura el efectismo del nombramiento de Màxim Huerta se desvanecía por sus problemas fiscales por utilizar una sociedad para cobrar rentas del trabajo. Sánchez lo dejó caer para no dilapidar en una semana su proyecto, que tenía en la regeneración democrática uno de sus emblemas. La misma decisión se tomó en septiembre con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por el plagio en un máster lleno de irregularidades. Sánchez propiciaba su segunda crisis de gabinete en apenas 100 días como presidente. El desgaste era evidente, pero Sánchez quiso asumirlo a cambio de mantenerse inflexible. Pero todo estaba a punto de cambiar.

El 14 de septiembre ABC publicó en exclusiva que el presidente del Gobierno había cometido plagio en su tesis doctoral. Durante años Sánchez guardó con celo su trabajo académico. Este periódico accedió a ella pudiendo demostrar un rosario de irregularidades que terminaron por extenderse al libro que emanó de la tesis. La información de Javier Chicote plasmaba que Sánchez copió a otros autores, «fusiló» informes del Gobierno de Rodríguez Zapatero y volcó en la tesis artículos suyos ya publicados sin referencia. A partir de este caso los estándares de ejemplaridad de Sánchez se desplomaron. Y con ello ha podido proteger a los ministros que han seguido viéndose salpicados por escándalos e irregularidades como Isabel Celaá, Pedro Duque y Dolores Delgado, doblemente reprobada por el parlamento. Sánchez se ha negado a dar explicaciones. Pero en 2019 tendrá que comparecer en la comisión de investigación que se ha constituido en la Cámara Alta.

Fue una de las primeras medidas que anunció Pedro Sánchez tras llegar al Gobierno a modo de golpe de efecto. En un primer término el presidente apuntó que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos podría estar resuelta antes de que terminase el verano. El Gobierno aprobó un Real Decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica en agosto para tener el sustento legal para la exhumación. El argumento para utilizar este recurso fue la urgencia. «Es urgente porque vamos tarde», justificó la vicepresidenta Carmen Calvo. Es en la posterior inhumación donde el Gobierno está encontrando la medida a su improvisación. La prioridad ahora es evitar que los restos reposen en la cripta de La Almudena. La urgencia ha pasado a mejor vida y el Gobierno no quiere comprometerse con ninguna fecha: «Si hemos esperado 40 años, unos meses más no es un problema», dijo Sánchez el viernes.

Pedro Sánchez lo fía todo a mantener abiertas las vías de diálogo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. La frase vale tanto para explicar el necesario apoyo de los independentistas para que Sánchez siga en La Moncloa como para ejemplificar la apuesta estratégica de los socialistas respecto a Cataluña. La moción de censura cogió a Sánchez en plena resaca de su acuerdo con Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución y escribiendo discursos llamando racista y xenófobo a Torra. Todo cambió cuando requirió del apoyo de ERC y PDECat para ser presidente. Un apoyo que otrora afirmó que no buscaría. Sánchez ha asumido la política de la distensión y lo que él ha definido como la «desinflamación». Su apuesta entronca con los intereses del PSC de superar «los bloques» buscando la construcción de un espacio entre los independentistas y lo que representan PP y Ciudadanos. Una decisión que ha supuesto la ruptura del bloque constitucional. Sánchez se ha reunido ya en dos ocasiones con Torra y comprometido un tercer encuentro. A Pablo Casado lo recibió como nuevo líder de la oposición pero no ha dudado en «romper» relaciones con él. A Albert Rivera no ha llegado a convocarlo a La Moncloa. Su plan para Cataluña no está sobre la mesa, más allá de una genérica apelación al diálogo. Su planteamiento esta legislatura es ganar tiempo y no perder el apoyo de ERC y PDECat de cara al futuro. Por eso ahora pone por delante la necesidad de encontrar primero un punto de encuentro «entre catalanes». Una reforma de la Constitución y otra del Estatuto de Autonomía están en su hoja de ruta. Nada de eso puede hacerse sin el PP y Ciudadanos.

Pedro Sánchez presentó la moción de censura apuntando a que la convocatoria de elecciones sería uno de los objetivos principales. Con sus destacados dirigentes apuntando a la voluntad de no agotar la legislatura. El motivo de este planteamiento se sustentaba en la compleja gobernabilidad que se avecinaba. Había mayoría para expulsar al PP, pero la gobernabilidad descansaría en los independentistas. Pero Sánchez pronto cambio de opinión. Ha decidido jugárselo todo al hecho de que puede tener una mayoría exigua para gobernar, pero poniendo en valor que no hay suma probable del Gobierno. Sánchez ha atado a Podemos, cuya pérdida de expectativas electorales en favor del PSOE en las encuestas es el logro más palpable de la moción de censura. La aparición de Vox ha servido a Sánchez para intensificar su plan: jugar con el temor de Podemos y los independentistas a que la derecha vuelva al poder. Ese equilibrio le ha permitido convalidar sus decretos, aunque con el sonoro fracaso de la renovación del Consejo de RTVE o la derrota por parte de sus socios de la senda de déficit en verano. Esa fragilidad ha obligado a prorrogar los Presupuestos de Rajoy, aunque Sánchez ha dicho que presentará su proyecto. Después de coquetear con no hacerlo. Su aprobación está condicionada al apoyo de ERC y PDECat, que siguen demandando la absolución de los políticos presos y su excarcelación. Lo que Sánchez sí ha hecho es evitar descartar públicamente que pueda recurrir al indulto en el futuro en caso de condena.

Bajo el liderazgo de Sánchez y habiendo llegado a La Moncloa apenas unos meses antes, con los estímulos positivos que apuntaban por ello las encuestas, el PSOE va a perder por primera vez el Gobierno de la Junta de Andalucía. Los socialistas cayeron de 47 a 33 escaños. Los resultados volvieron a abrir la brecha en el PSOE, con la federación andaluza apuntando a los vínculos de Sánchez con los independentistas catalanes. Mientras que en Ferraz y Moncloa se apuntaba al desgaste de 36 años de Gobierno. Algunos incluso apuntaban directamente a la erosión de la figura de Susana Díaz. Los motivos probablemente serán compartidos. Pero una realidad es clara: abiertas las urnas la marca PSOE vuelve a demostrarse a la baja. La situación preocupa en todas las federaciones socialistas. Si el gran bastión socialista de Andalucía ha caído nadie está a salvo.

El pasado viernes Pedro Sánchez manifestó que en términos económicos España camina «en la buena senda». Sin haber modificado la reforma laboral de Rajoy, que prometió a derogar, el presidente del Gobierno apostó por una reducción sustancial del desempleo para el próximo año. Sin poder saber todavía si podrá aprobar los Presupuestos el presidente ha optado por aprobar las cuestiones que puede hacer a través del Consejo de Ministros, como la subida del salario mínimo o de las pensiones. La realidad es que, como reconoce el Ministerio de Economía y todos los organismos, el ciclo de crecimiento económico empieza a perder velocidad. La incertidumbre puede ser una mala compañera de viaje en esas circunstancias. Sin Presupuestos, las dudas de Bruselas crecen sobre cómo podrá financiar Sánchez los fuertes aumentos de gasto público que está planteando.