Sánchez cambia el rumbo y se prepara para intervenir en Cataluña

En el Ejecutivo recordaban ayer que se han recurrido ya ante el Tribunal Constitucional dos resoluciones del Parlamento catalán para justificar que «nunca hemos dejado de actuar» . Pero lo cierto es que ayer se percibía un grado de preocupación mucho mayor que en los últimos tiempos. Como nunca desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Los sucesos de este fin de semana, con los CDR cortando la autopista AP-7 ante la inacción de los Mossos después de que el presidente de la Generalitat criticase que actuasen contra los grupos radicales, suponen el hecho que motiva al Gobierno para reconocer abiertamente que valora una intervención en Cataluña.

En esa «dejación de funciones» se ampara el Gobierno para estudiar los siguientes pasos. Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo insistió en que la aplicación del artículo 155 es «la última medida» que se debe tomar. Pero la número dos del Gobierno advirtió que «de momento lo que ayer ocurrió va a tener consecuencias», porque Torra «no puede inhibirse» y el Gobierno «va a tomar medidas en el marco de sus competencias».

Lo repitió en varias ocasiones, cuestionando especialmente la «inhibición» de los cuerpos de seguridad. « Lo ocurrido ayer tendrá consecuencias. El Gobierno está estudiando toda la capacidad de respuesta», dijo Calvo ante una situación «inadmisible» que «tiene consecuencias y la va a tener».

El presidente del Gobierno, que ayer se encontraba en Marrakech por la cumbre del pacto por la migración de Naciones Unidas, no quiso por el momento entrar a responder a Torra. Una decisión premeditada , dicen en su equipo, ya que se quiere poner el foco en la comparecencia del presidente mañana en el Congreso.

Pero en el entorno del presidente se criticaban ayer duramente las palabras de Torra y la «frivolidad» de su mención respecto a Yugoslavia. La vicepresidenta cuestionó ayer a Torra por haber cruzado «en terreno especulativo una línea de irresponsabilidad absoluta. Una línea literalmente inaceptable».

Como anticipó Calvo, el Gobierno, a través de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, está estudiando todas las posibilidades. Miembros del Gobierno consultados creen que la inacción respecto a los actos violentos son hechos que deben estudiarse si pueden encajarse en los preceptos de un requerimiento, el paso previo a la aplicación del artículo 155 . Aunque se deja claro que no es el único instrumento y se prefiere no hacer uso del mismo.

Lo que está en el centro de la preocupación del Gobierno es la gestión de los Mossos. «Lo que ha sucedido no se puede tolerar », asegura un miembro del Gobierno, que apunta a medidas en el sentido de «garantizar la seguridad y la convivencia».

La portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, dejó más que abierta la puerta a una respuesta contundente de Sánchez que incluyese el artículo 155: «No le va a temblar la mano como no le tembló en el pasado». Además de Calvo, Peña fue, de hecho, quien dio por sentadas la intervención y las medidas «valientes» ante lo que definió como una «conculcación de derechos» producida por la «complacencia» de la Generalitat.

De momento, esa valentía se redujo a tres cartas del Gobierno a la Generalitat ante la «dejación de funciones». La vicepresidenta Carmen Calvo traslada «nuestra preocupación» a su homólogo Pere Aragonès. Mientras el ministro de Fomento y el de Interior hacen lo propio. La carta más dura sin duda es la de Fernando Grande-Marlaska , que recuerda a Miquel Buch que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contempla en su artículo 38.2 «los supuestos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando lo estimen las autoridades estatales».

El debate jurídico y político es profundo. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, que en ocasiones ha predicado en el desierto en la respuesta al independentismo, ayer criticaba «un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección », pero a la vez enfriaba la opción del 155 porque «lo que cuentan son las acciones».

Otro ministro con peso en el Gobierno aseguraba en la tarde de ayer que «no estamos en el 155 en estos momentos». Encima de la mesa del Gobierno está, según varias fuentes, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que contempla en su artículo 23 la «situación de interés para la Seguridad Nacional». En el artículo 24 se especifica que Sánchez puede declararlo con un real decreto que debe definir la crisis, su ámbito geográfico, la duración de la medida y contempla el nombramiento de una autoridad funcional. Al contrario que en el artículo 155, Pedro Sánchez no necesita aquí el apoyo del PP.