Sánchez busca ganar tiempo en su plan en Cataluña sin acuerdos concretos

Pedro Sánchez insiste en su política de distensión con las autoridades autonómicas catalanas pese a que desde el otro lado escasea la reciprocidad. Tras las palabras de Carles Puigdemont el pasado fin de semana, en las que i nstaba al presidente del Gobierno a «hacer los deberes» y pasar «de las palabras a los hechos», en el Gobierno se preparan para una más que probable escalada del conflicto en otoño, con motivo del aniversario del 1 de octubre y el juicio del proceso independentista ilegal que se espera para finales de año. Pero, por el momento, el Gobierno quiere mantener el tono y su estrategia, como parte fundamental para construir su relato político. Cuando haya que ir a elecciones Sánchez quiere hacerlo pudiendo presentar como aval al menos haberlo intentado.

Como en todos los contactos previos de las últimas semanas salir de la reunión con las relaciones abiertas ya será considerado un éxito. Desde el Gobierno no se esperan grandes acuerdos en esta primera reunión, pero la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, valoró ayer como un paso adelante «que nos sentemos en un mismo sitio y hablemos». La número dos de Sánchez destacó que la reunión supone volver a «una situación de la que nunca deberíamos haber salido», y que «se tiene que valorar» que se revise que «un hecho normal que se había convertido en anormal».

Durante días las partes se fajaron en la elaboración de un orden del día para esta primera reunión. Ambos ejecutivos cedieron en parte, aunque ha sido Sánchez quien más se ha dejado por el camino. Mientras la Generalitat de Cataluña insiste en hablar de la situación de los presos preventivos y de un referéndum de secesión, la gran aspiración del Gobierno es que el gobierno catalán vuelva a los órganos de cooperación multilaterales.

El orden del día pactado es mucho más sutil, y deja claro que son «consideraciones» de cada una de las partes. No habrá ningún avance al respecto. En una muestra de que ambos gobiernos necesitan tiempo, por el momento se contentan con «hablar», aunque no haya entendimiento a la vista.

Entre los 13 puntos del orden del día hay dos puntos clave. Según se explica desde el departamento de Batet, es en el punto 6 del orden del día donde se accede a una demanda que hacía el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall. Ese punto hace referencia a las consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña . Y se divide en dos subapartados; la primera referida a «derechos y libertades», donde los independentistas insistirán en la libertad de los presos preventivos.

El segundo apartado de ese punto se referirá a las «vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político». Sobre este último apartado el Gobierno señala que la redacción es «suficientemente amplia» como para que cada parte haga su interpretación. Desde el Ministerio de Batet son claros: «Este punto se incluye a petición de la Generalitat, pero e so no significa abordar ninguna negociación . Y aquí se les dirá cuál es la posición del Estado, y es que no se va a negociar el derecho a decidir».

El punto 7, en cambio, es una demanda del Gobierno de España, que hará las «consideraciones del Estado en relación con la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación». Lo que pretende el Gobierno es que el gobierno catalán corresponda a la política de distensión volviendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica . Algo que ayer la Generalitat volvió a incumplir. Esa es la aspiración del Gobierno y que eso se extienda también a una futura conferencia de presidentes autonómicos que el Ejecutivo de Sánchez planea convocar después del verano.

La vicepresidenta celebró ayer en cambio que la Generalitat estuviera representada en la reunión de la conferencia sectorial de igualdad. Estuvo representada por la secretaria general de presidencia, pero Calvo explicó que la consejera Elsa Artadi la llamó personalmente para excusar su presencia porque tenía reunión del Govern. Pero esa aspiración del Gobierno está muy lejos de cumplirse, ya que el nacionalismo insiste en mantener una relación bilateral.

En el punto 5 del orden del día -«análisis e intercambio de información sobre la conflictividad competencial planteada por el Tribunal Constitucional»- el Gobierno sí espera algún avance. Se trata de las 16 impugnaciones en total del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional contra otras tantas leyes autonómicas catalanas. El Gobierno quiere reducir la conflictividad y retirará los vetos sobre las leyes «de carácter social» que se hayan visto afectadas. Desde el departamento de Batet no aseguran que mañana haya decisión definitiva sobre estos temas. « Es complicado que haya acuerdos concretos, se empezará a trabajar . Se trata de recuperar un diálogo leal que no ha habido», aseguran como filosofía general. La intención del Gobierno es poder ya alcanzar algún acuerdo en la siguiente cita, que se espera a partir de octubre y que se celebrará en Madrid.

Lo que Batet quiere es poder salir hoy, tras la reunión, diciendo que el encuentro ha servido para que empiecen a trabajar las tres comisiones que se desarrollan por debajo: la mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la de Infraestructuras y la de Transferencias Estado-Generalitat.

En una línea similar, desde la Generalitat tampoco han querido crear muchas expectativas a una reunión cuyo objetivo creen debe «priorizar un calendario» para futuros encuentros técnicos y, sobre todo, políticos.

Artadi, tras la reunión semanal del gobierno catalán, indicó este martes que no esperaba cerrar acuerdos concretos hoy , si bien sí un primer listado de posibles leyes autonómicas que podrían ser «recuperadas» pese a su ilegalidad declarada por el Tribunal Constitucional. «Sabemos que hay recorrido para avanzar en esta línea de trabajo. Suponemos desde la Generalitat que se creará un grupo de trabajo técnico y confíamos en que habrá puntos de encuentro», indicó la portavoz autonómica.

De todas formas, al margen de los avances técnicos, el mensaje político desde el independentismo institucional sigue siendo el mismo. Artadi recordó que habrá que esperar «los próximos pasos del Gobierno de Sánchez», pero destacó que poder hablar de los presos preventivos -que definió como «presos políticos»- y de la celebración de un referéndum de independencia es una avance respecto a la situación de hace solo unos meses. «Los catalanes han de poder decidir sobre su futuro. Es un derecho suyo. El gobierno catalán no puede renunciar en su nombre», añadió.