Sánchez arranca 2022 sin mayoría para sacar leyes clave de la coalición

El 2022 tiene numerosas pruebas para que el Gobierno pueda medir sus fuerzas y la salud de su estabilidad parlamentaria. Si esas pruebas se superan será mucho más factible agotar el mandato que si los contratiempos se empiezan a acumular. Aunque, en cualquier caso, en última instancia la decisión solo compete al presidente del Gobierno.

El mensaje oficial es que se quiere extender la legislatura hasta su término a finales de 2023. Internamente se ha debatido incluso la posibilidad legal de que las elecciones sean en la primera semana de 2024. Hay informes de la Abogacía del Estado solicitados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 que en principio avalan tomar como referencia como fecha de arranque de legislatura no la constitución de las Cortes sino la fecha en la que el presidente del Gobierno logra ser investido, algo que sucedió el 7 de enero de 2020.

No obstante, internamente se reconoce que la fecha exacta es todavía un misterio. «Ni siquiera el presidente, que es el único del que depende, podría aproximar hoy el día exacto», reconoce un alto cargo del PSOE. Lo que sí está consolidada es la idea de no precipitar el adelanto electoral en el corto plazo. Por mucho que los sondeos estén recalibrando la ventaja del PP hasta casi extinguirla, ningún sondeo garantiza al PSOE mantener el Gobierno. Ni siquiera mejorar su aritmética. Mientras que sí habría riesgo real de perder el Gobierno. Aunque en el partido hay otras fuentes, especialmente entre los territorios donde el PSOE gobierna, que no se atreven a ser tan rotundos. Y sí creen que una vez superado el verano de este año las urnas pueden llegar «en cualquier momento», reconoce en privado un presidente socialista.

Sánchez ha logrado sacar adelante dos Presupuestos ampliando la mayoría de la investidura. Básicamente gracias al poder consolidar los votos de ERC y Bildu en apoyos. «Todo cuesta pero lo sacamos todo», gusta de resumir un ministro. Y eso es lo que precisamente sienta mal a los socios: la sensación de suficiencia del Gobierno y la pretensión de sacar adelante sus proyectos sin la suficiente negociación. Las advertencias respecto a que algún día la paciencia se acabará han sido recurrentes por parte de ERC, PNV o Compromís. Prácticamente todos los que apoyan al Gobierno han manifestado alguna vez que no se sienten bien tratados. Pero al final siempre apoyan al Gobierno. En lo que va de legislatura se han aprobado 47 leyes.

Pero 2022 es un momento clave. Pedro Sánchez está ensayando una suerte de moderación convencido de que hay votos a los que el PP no va a poder llegar mientras camine de la mano de Vox. Y este año se suceden una serie de pruebas importantes para comprobar la salud de la alianza parlamentaria que da vida a la coalición. La primera prueba tendrá lugar ya en las próximas semanas con la convalidación de la reforma laboral. Pedro Sánchez insiste en que no quiere cambios en el texto. Y eso a día de hoy no es aceptable para los partidos que sustentan al Gobierno.

Pero uno de los momentos cruciales de esta primera parte del año va a ser cuando se mande definitivamente al Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda. Aunque formalmente depende del Ministerio de Transportes, la norma es uno de los pilares sobre los que Unidas Podemos sostiene el acuerdo con el PSOE. La norma ha pasado el primer filtro del Consejo de Ministros tras unas negociaciones que se dilataron en el tiempo. Pero en Unidas Podemos ha molestado que el PSOE no cumpliese su palabra de remitirla al Congreso de los Diputados antes de acabar el año. El Gobierno aún no ha recibido el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La posición que adopte el PSOE respecto a sus recomendaciones ya será un buen termómetro de con qué ánimo lo quiere llevar al Congreso. Los socios habituales ya denunciaron cuando se aprobó la norma que estaba muy lejos de sus pretensiones. En el Ejecutivo son optimistas porque creen que ERC accederá a apoyar la medida porque necesitan un paraguas legislativo estatal que proteja su norma autonómica. Pero el escenario todavía está muy abierto.

Otra cuestión para la que el Gobierno no tiene mayoría es para su ley de Memoria Democrática. Que se encuentra aparcada porque no hay garantías de que se pueda aprobar. Si el Gobierno decide llevarla ya a las Cortes se arriesga a una derrota. Reforma laboral, Vivienda y Memoria son tres normas claves para la coalición que, en estos momentos, Sánchez no puede dar por aprobadas.

Otro elemento de tensión con los socios llegará con la proposición de ley que UP para «proteger la libertad de expresión» y que contempla cambios en el Código Penal. En la que se incorpora la despenalización de delitos como los de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y de enaltecimiento del terrorismo. No hay acuerdo entre PSOE y UP y se está ampliando el periodo de enmiendas parciales desde el mes de septiembre. En la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana PSOE y UP sí que alcanzaron un acuerdo que en la primera parte del año deben intentar aprobar definitivamente una norma en la que también necesitan a ERC, PNV y Bildu.