Sánchez se parapeta en la UE para retrasar nuevas medidas

Tras su reunión este miércoles con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, Sánchez dejó claro que no habrá decisiones formales hasta entonces: «En función de cuáles sean los acuerdos del Consejo Europeo aprobaremos nuestro plan nacional de choque el 29 de marzo». Poco antes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comparecía en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el grupo parlamentario del PP para confirmar que «va a haber bajada de la gasolina, luz y gas». Pero sin aclarar cómo ni cuánto. El cuándo sí está claro: siempre después del Consejo Europeo que se celebra la próxima semana (24-25 de marzo) en Bruselas. Y es esta decisión de aguardar la que está alejando al Gobierno de la oposición. PP y Ciudadanos están tendiendo la mano al Ejecutivo en esta crisis, pero creen que tendrían que adoptarse medidas con carácter inmediato, como han hecho ya otros países.

El presidente del Gobierno insistía en la idea de que la respuesta a nivel nacional, incluida la de reducir la fiscalidad, no es su opción prioritaria. Y señalaba que «aunque se bajen impuestos o se aumenten las ayudas, hay que actuar sobre el origen», en referencia a un mercado energético «disfuncional»: «Podemos bajar impuestos e incrementar ayudas, pero si no desacoplamos el precio del gas y el de la electricidad poco margen tendremos. Por eso confiamos en una gran reforma del mercado energético que debería acordarse en el Consejo Europeo y después plantearemos las medidas del plan nacional», justificaba Sánchez desde La Moncloa.

La visita a Madrid del primer ministro de Croacia era la primera reunión de la gira anunciada por Pedro Sánchez para intentar trabajar un consenso previo al Consejo Europeo. El planteamiento del Gobierno es que deben adoptarse medidas para reformar el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. Desacoplando el precio del gas del precio final de la electricidad, un sistema que perjudica notablemente a nuestro país. Y que España lleva meses defendiendo en la UE, sin éxito hasta el momento. Una ronda de reuniones en la que Roma, donde se intentará visibilizar la unidad mediterránea junto a los representantes gubernamentales de Portugal y Grecia, y Berlín, por su tradicional oposición al planteamiento español, son las paradas más importantes. En la concepción de La Moncloa, cualquier iniciativa tiene que estar supeditada a los acuerdos que se adopten a nivel comunitario. Si no triunfa la propuesta española de reforma del mercado, existen otras posibilidades: « Se están barajando distintas fórmulas a nivel europeo: ayudas estatales, ayudas fiscales, topar precios o que haya un precio único de la energía de tal manera que se pueda abaratar», explicaba Bolaños.

Pero la conclusión del mensaje que el Gobierno viene manifestando toda esta semana es que la prioridad es esperar a los acuerdos que se puedan adoptar a nivel comunitario. Habrá que esperar por tanto al próximo viernes día 25 para calibrar cómo responderá España. El Gobierno tendrá cuatro días de margen, hasta el martes día 29, para elaborar el real decreto ley en el que incluirá las medidas de respuesta a esta crisis. Y este es el motivo por el que el Ejecutivo no concreta las medidas respecto a cómo y cuánto va a bajar el precio de la luz, la gasolina y el gas: la razón es que la profundidad de su actuación vendrá determinada por el nivel de ambición de las medidas europeas. Y en función de ella, el Gobierno complementará. Fuentes gubernamentales reconocen que la acción se va a modular en función de las decisiones que se adopten a nivel comunitario.

Es decir, si triunfase la propuesta española de desacoplar el precio del gas del precio final de la electricidad, el Gobierno entiende que las medidas en el ámbito nacional no requerirían de una potencia tan grande, como las que por ejemplo reclama la oposición en materia fiscal. La estrategia de La Moncloa, por tanto, es confiar en que las medidas que se acuerden en la cumbre europea de la semana que viene sean lo suficientemente contundentes como para permitir a Sánchez parapetarse en ellas y limitar las acciones nacionales, reduciendo así el impacto presupuestario en las cuentas públicas que tendría.

Así las cosas, el Gobierno continúa enfriando la rebaja fiscal a la que se comprometió el pasado fin de semana en la declaración de La Palma firmada durante la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en la isla canaria. Un compromiso que logró arrancarle a Sánchez el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en su primera actuación como líder de la oposición de facto, algo en lo que se convertirá dentro de dos semanas después del congreso extraordinario del PP en Sevilla. Aunque al margen de los impuestos, el Gobierno viene poniendo en valor desde el pasado domingo la «fortaleza», en palabras de la portavoz Isabel Rodríguez, que para negociar con los socios europeos le da ese consenso expreso de los líderes autonómicos. De todos ellos, incluidos los cinco del PP y otros que no son socialistas como el catalán Pere Aragonès, el lendakari Iñigo Urkullu o el cántabro y regionalista Miguel Ángel Revilla . El texto acordado también habla de acabar con «las discrepancias partidistas» sobre el reparto de los fondos de la UE, de gestionar «de forma coordinada» la acogida de refugiados ucranianos y en el primer punto, al que ahora se agarra Sánchez, de «respaldar al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo para que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía».

Con la literalidad de este punto, y siempre que se obvie el resto, el presidente puede llegar la semana que viene a Bruselas aduciendo que su propuesta para combatir el alza de de los suministros es un plan de Estado, que cuenta con el respaldo, incluso, de Feijóo. Si los socios de la UE no le apoyan será el momento de contemplar otras opciones, al margen del parapeto europeo.