Llegada del barco de rescate Aquarius con cerca de 300 inmigrantes en una imagen de archivo - Mikel Ponce

Sánchez acepta el acuerdo del Aquarius ante la presión de Torra, sus socios y la UE

El Gobierno español se atribuye la coordinación de un acuerdo con otros cinco países pero Macron subraya que es una iniciativa de Francia y Malta

Madrid/ BarcelonaActualizado:

Condicionado por su decisión de acoger el Aquarius en el mes de junio, y presionado por sus socios políticos, la Generalitat de Cataluña y la Unión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez recibió ayer como un balón de oxígeno la solución para el problema que suponía que el mismo buque que aceptó entonces estuviera de nuevo pidiendo auxilio y a la deriva en aguas del Mediterráneo.

Tras haber rechazado 24 horas antes que España pudiera ofrecer esta vez puerto seguro para que atracase el Aquarius, se cerró un acuerdo que implica a seis países de la UE para resolver la situación. El buque recibió vía libre para dirigirse a un puerto en territorio de Malta, y una vez allí se distribuirán entre Francia, Portugal, Alemania, Luxemburgo y España.

Nuestro país acogerá a 60 de los inmigrantes del total de 141 que siguen a bordo del barco. En virtud de este acuerdo, además, Malta cederá el tratamiento de otros 60 inmigrantes procedentes de un total de 114 que rescató el pasado lunes y que se distribuirán entre otros países comunitarios. El acuerdo alcanzado ayer se hace sobre el volumen total (141 más 114). Así, España asumirá 60 personas, Francia otras 60, Alemania y Malta asumirán 50 cada una, Portugal 30 y Luxemburgo 5, según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo, que sin concretar apuntó que el resto podría ir a Italia.

Posición condicionada

Con el acuerdo alcanzado ayer el Gobierno se sacude a corto plazo la presión que le llegaba por dos frentes. Primero por el lado de Podemos, su principal socio parlamentario, que empezaba a tensar la situación después de que el Ejecutivo anunciase que no recibiría al Aquarius en sus puertos. «¿Por qué hace dos meses sí y ahora no?», reprochaba el partido morado, que con Juan Carlos Monedero a la cabeza acusaba a Sánchez de haber realizado en junio «un gesto mediático sin voluntad de continuidad» y se preguntaba si «resulta que tenemos una gran coalición de facto».

El otro reto llegaba desde Cataluña. Después de que el Gobierno anunciase el lunes que no era el puerto más cercano para recibir el Aquarius, el presidente de la Generalitat, Quim Torra ofreció los puertos que controla el Gobierno autonómico para que atracase, pese a que no tiene competencia alguna en una cuestión que tiene que ver con la inmigración y el control de fronteras. Según reconocieron a ABC fuentes del Ejecutivo autonómico, ninguna comunidad tiene competencias en esa materia y el presidente catalán no puede hacer mucho más que mencionar qué puertos tienen espacio para acoger a los refugiados.

Así las cosas, esas mismas fuentes han apuntado que a pesar de tener instalaciones marítimas propias, todos los aspectos relacionados directamente con la acogida de los inmigrantes del Aquarius están en manos del Gobierno central. «Todo lo que sea competencia estatal como la Capitanía Marítima, las aguas estatales y la inmigración o los permisos para la entrada de barcos pasa por el Ministerio de Interior», agregaron las fuentes.

El gabinete de Sánchez no mordió ese anzuelo, con el que Torra pretendía realizar un ejercicio de soberanía. Tras resaltar que Cataluña «no tiene competencias» para lo que pretendía, la vicepresidenta Calvo confirmó que se había hablado con la Generalitat y que los 60 inmigrantes que corresponden a España irán a esa comunidad. Aunque desde el Gobierno aclaraban después que no se sabe el número exacto y que «todo está por decidir».

Tras recibir el Aquarius por primera vez todas las miradas se posaron de nuevo en el Gobierno, que no quería volver a actuar de forma unilateral. Pese a que nuestro país vive este verano un aumento fuerte de la presión migratoria en la frontera sur, con Melilla o Algeciras denunciando que no tienen capacidad para hacer frente al fenómeno, España recibirá en este acuerdo un porcentaje desequilibrado respecto al resto de países, especialmente teniendo en cuenta que entre ellos se encuentran Francia y Alemania. La posición política de Sánchez y las mayores reticencias del resto de socios han colocado a España como receptor principal.

El liderazgo del pacto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se atribuyó la «coordinación» del acuerdo, argumentando además que esta solución conjunta es consecuencia de las conversaciones entre los países desde el pasado mes de junio, que se produjeron después de que el Ejecutivo socialista aceptase por primera vez el atraque del buque, en aquel momento con más de 600 personas a bordo, en el puerto de Valencia. Pero el Gobierno de Malta, que es quien acoge el buque en su puerto, destacando que «no tiene obligación legal» de hacerlo, apuntó a un acuerdo liderado por el Gobierno de Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, habló en todo momento de una iniciativa franco-maltesa. Tras sendos comunicados de Francia y Malta que ponían el acento en que ambos eran los protagonistas y muñidores del pacto, el primer ministro maltés, Joseph Muscat, sí reconoció la «colaboración» de España. La vicepresidenta Calvo insistió en la idea del «liderazgo de España junto con Francia» para alcanzar esta solución. La número dos del Gobierno insistió en atribuir a España la resolución del problema por estas vías: «El gobierno español ha situado seguridad, solidaridad y defensa de los Derechos Humanos en el corazón de la reflexión europea». Y fue más lejos al asegurar que «en apenas tres meses hemos transformado el rumbo de cómo se afrontaba en Europa la cuestión migratoria sobre nuestras fronteras».