Las rutas de las «antigüedades de sangre» de Daesh, al descubierto

El delito investigado, además de los de falsificación de documentos y blanqueo, era muy grave: financiación del terrorismo, por más que los compatriotas que adquirieron las piezas nunca tuvieran contacto con Daesh. Lo relevante es que los implicados, dos insignes anticuarios españoles, conocían sin duda el origen de las piezas. De ahí que la competencia fuera de la Audiencia Nacional.

Las investigaciones culminaron a finales de marzo, cuando fueron detenidos en Argentona y la Ciudad Condal Jaume Bagot y su socio, Oriol Carreras, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de las Reales Atarazanas de Barcelona . Pero había algo más importante: la Policía también ha identificado a otras personas en varios países de Europa por los que pasaban –o pasan– las piezas, formando una red que con esa actividad financia a Estado Islámico.

Ahora, paradójicamente, los mismos servicios policiales que no creyeron en la investigación, quizá por la dificultad de llevarla adelante, piden información para comenzar las pesquisas en sus países. De momento, las autoridades judiciales españolas van a cursar cinco comisiones rogatorias .

Todo había comenzado en octubre de 2016, cuando la Brigada del Patrimonio Histórico recibió una información de la Policía italiana sobre el tráfico supuestamente ilegal de sarcófagos egipcios desde España con destino a Bélgica. Los agentes se pusieron en contacto con la Junta de Valoración de Bellas Artes para analizar los expedientes de exportación bajo cuyo paraguas se habían hecho esas ventas.

Esos expedientes de exportación recogen los datos de las personas que quieren comprar y vender obras de arte, y cuando se conceden el autorizado tiene diez años de concesión durante los cuales no tiene que dar explicaciones. Si se falsean, obviamente se dispone de todo ese tiempo para actuar sin ser molestado. Las pesquisas demostraron que además de los sarcófagos se había producido un tráfico notable de piezas procedentes de Libia extraídas después de la caída de Gadafi , con el país ya dominado por grupos yihadistas de la órbita de Daesh.

En paralelo, además, se conoció la denuncia de un estudiante francés, Morgan Balzic , que para hacer su tesis estudió una veintena de piezas de arqueología. Detectó que muchas de ellas eran de procedencia libia y estaban en España.

Para entonces –febrero de 2017–, a la investigación se había sumado la Comisaría General de Información, porque al haber serios indicios de que las piezas procedían de zonas de yihad de Libia podía haber financiación del terrorismo.

«El gran problema para demostrarlo era hacer la trazabilidad de las piezas, atestiguar de dónde habían salido y luego reconstruir todos los puntos por los que habían pasado», explican responsables del caso. «Eso, con fuentes de financiación como el petróleo es imposible, pero pensamos que si Libia ayudaba en este caso era factible». Y en efecto, lo hizo. Su fiscal general viajó a Madrid para entrevistarse con el juez y el fiscal y aportar información. Y uno de sus mejores expertos en piezas arqueológicas expoliadas hizo informes clave que confirman el origen de las piezas. Aquí también desempeñó un papel muy relevante un catedrático de la Autónoma de Madrid.

El estudio de las piezas reveló la procedencia exacta de las mismas: la zona norte de la región cirenaica, en concreto los territorios controlados por Ansar Al Sharia Bengasi y Ansar Al Sharia Derna , con juramento de fidelidad a Daesh y que actúan en Cirene y Apolonia. El que hubiera varias de carácter funerario, algunas veladas, el tipo de pliegues de los vestidos de las esculturas, la tierra roja que aún conservaban, propias de esas zonas eran la prueba de que se trataba de las llamadas «antigüedades de sangre», saqueadas un año antes. El experto libio certificó que seis de las estudiadas eran de su país.

«Nada de lo que se hace en esos territorios escapa al control de Daesh –explican las citadas fuentes–. Hay dos posibilidades: que las piezas las expoliaran habitantes de esas zonas, que tendrían que pagar entre un 20 y un 30 por ciento de la venta como impuestos, o que fueran esclavos de los terroristas, que tienen que dar a la organización todo el dinero. Lo que está claro es que un traslado de las piezas a espaldas de los terroristas es imposible».

Hasta llegar a España podían seguir dos rutas: una primera, que atravesaba Egipto y llegaba a Jordania, desde donde podían salir hacia Barcelona o bien llegar a los Emiratos Árabes Unidos a través de Arabia Saudita y regresar a Jordania para, a continuación, emprender viaje a nuestro país.

La segunda ruta pasaba también por Jordania y Emiratos Árabes Unidos, por Tailandia y varios países europeos como Rusia, Alemania, Francia o Reino Unido. Al primer comprador se le sitúa en Jordania y es el que hace el pago a los terroristas.

Se ha detectado a miembros de esta red en Reino Unido, Bélgica, Alemania y Tailandia . La organización utilizaba además una serie de sociedades interpuestas y falsificaba las facturas para conseguir la opacidad de las operaciones irregulares.

Las pruebas contra Bagot se acumulan: primero, porque es sujeto obligado por la Ley de Prevención de Blanqueo y tenía que haber declarado el comercio de esas piezas; en segundo lugar, porque hay indicios de falsedad documental y en tercer lugar, y más importante, porque no puede alegar que desconocía el origen de las obras al ser un experto en arte grecorromano, haber participado en mesas redondas y ferias de renombre y llevar muchos años participando en el negocio. Es más; hay datos de que las pedía a sus contactos expresamente.