Rusia entrega a España a Tariel Oniani, considerado uno de los jefes de la mafia ruso-georgiana

España persigue a Oniani desde el año 2005, cuando escapó de su detención tras recibir un soplo en el marco de la 'operación Avispa' con la que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción desmantelaron una peligrosa red asentada en España a lo largo de una década y dedicada al blanqueo de capitales fruto de todo tipo de actividades delictivas.

Fue finalmente detenido en Rusia en 2009 y condenado a diez años de cárcel por el secuestro de un empresario. El pasado 9 de abril terminó de cumplir la sentencia, pero tras ser puesto en libertad se le detuvo de nuevo en virtud de una Orden de Detención y entrega librada desde España.

La Audiencia Nacional ya había solicitado sin éxito en 2008 la extradición de Oniani, a quien el Ministerio Público acusó en 2016 de asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que pide que sea condenado a ocho años y seis meses de cárcel y multa de cincuenta millones de euros.

Sin embargo, hasta ahora no ha tenido oportunidad de sentarle en el banquillo, pese a que Oniani ya pasó por España en 2011, cuando Rusia acordó una entrega temporal para que pudiera declarar en el juicio a 12 de la treintena de detenidos en aquella operación, incluido su socio y también 'ladrón en la ley' Zakhari Kalashov, que fue sentenciado a siete años de prisión y 20 millones de euros en sanciones.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Oniani es un «vor v zakone» , el rango más alto de jerarquía dentro de este tipo de organizaciones criminales, lo que implica dedicación en exclusiva a actividades delictivas y conlleva necesariamente que todo su capital, como el que se sospecha habría estado blanqueando en España entre 1995 y 2005, tenga origen ilícito.

En concreto, apunta que « había formado en España una estructura empresarial al servicio de la introducción en nuestro país de dinero procedente de sus actividades delictivas, realizadas a lo largo de varios años atrás en varios países de Europa» y ejecutadas por sus subordinados con «negocios» como « el tráfico de drogas , la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica, en especial, en el territorio de la Federación rusa», según exponía en el escrito en el que argumentaba la necesidad de su extradición.

Conforme explicaba, esta organización estaba integrada por cinco «ladrones en la Ley» entre los que se encuentran tanto Kalashov como Oniani y otros tres investigados en la causa. Todos pertenecían «a una comunidad criminal más general», pero estos dos eran de los pocos con una silla en la «comisión» que la rige.

«Cada una de estas organizaciones disponía no sólo de cauces empresariales y societarios para encubrir sus actividades económicas sino también de mecanismos de ocultación y de una integral protección de las personas consideradas como cabezas dirigentes de aquéllas», sostiene la Fiscalía.

La «Kutaiskaya», que lideraría él, tenía el suyo propio e iba desde movimientos en sociedades ancladas en paraísos fiscales, a mercantiles donde cruzaba intereses con otros «ladrones en ley» , pasando por acciones de una aerolínea y locales de restauración en Barcelona gestionados por uno de los detenidos en la operación Avispa, Malchas Tetruashvili, acusado de ser la mano derecha de Oniani en España y elaborar «un importante entramado de sociedades, para aorar el dinero procedente de las actividades delictivas» del «vor v zakone».