Rull niega autoridad moral al Constitucional por dejarse «instrumentalizar» por el Gobierno

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Con la misma dosis de educación que de ironía, e incluso permitiéndose declarar la pertinencia o impertinencia de las preguntas de la Fiscalía, Rull ha defendido la actividad parlamentaria encaminada a la preparación del referéndum con un discurso similar al de su compañero de celda Jordi Turull el día anterior: todo lo que hicieron fue bajo la convicción de que les amparaba la inviolabilidad parlamentaria. «Es la movilización y voluntad de la gente la que plantea a las organizaciones y partidos la canalización de sus emociones». El procesado ha insistido en la idea de que «el sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo (…), ponderar la legitimidad, el imperio de la ley y el principio democrático».

La fiscal Consuelo Madrigal ha recordado al acusado la celeridad con la que se aprobaron las leyes de la ruptura: de madrugada, sin firmas, obviando los informes de los letrados del Parlament... Todo encaminado, ha dicho Madrigal, a adelantarse a la suspensión del TC. Rull ha asegurado que las leyes se tramitaron con respeto al reglamento del Parlament, «que permite cumplir con las obligaciones de atender la expresión de la diversidad democrática» en la cámara autonómica. «En términos de derecho parlamentario no existen leyes unilaterales», ha dicho.

A preguntas de Madrigal, el exconsejero ha aludido al incremento de partidas presupuestarias de la Generalitat en el exterior y a las destinadas al referéndum ilegal. Sobre las primeras ha reconocido, junto a la importancia de la inversión extranjera, que el «govern» no podía renunciar «a contar un relato político, a que se conozca la realidad de Cataluña en todos sus términos». Sobre la segunda cuestión ha apuntado que sería «imprudente» no tener «una partida reservada ante esas eventualidades». Como hicieron Turull y Romeva el día anterior, Rull ha dicho que el escenario que ellos contemplaron siempre fue un «referéndum pactado».

Ante la llegada del referéndum del 1 de octubre, Rull ha achacado parte de la responsabilidad al juez del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas , la magistrada que ordenó incautar las urnas e impedir la votación ilegal. Según Rull, el «govern» recurrió la decisión de la juez y ella no resolvió el recurso. «Ante la falta de respuesta, nosotros interpretamos que aquello que había ocurrido el 9-N, y el planteamiento sensato de la Fiscalía en términos de bienes y males, podía hacerse el 1-O», ha explicado Rull en alusión a la votación del 9 de noviembre de 2014, que no fue frustrada por el Estado y que no formó parte de un plan global ilegal con leyes de ruptura y declaración unilateral. Rull «se olvidó» de que la Fiscalía de Cataluña ordenó expresamente a los cuerpos policiales impedir el 1-O.

Sobre el referéndum ilegal, el antiguo consejero catalán cargó las tintas en la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se vieron obligadas a intervenir ante la inactividad de los Mossos d’Esquadra. « Los observadores quedaron escandalizados por el nivel de violencia del Estado », ha declarado Rull. «Jamás hubiera imaginado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegarían el nivel de violencia que desplegaron ante gente pacífica, jóvenes, abuelos, abuelas», añadió. «Tuvimos un precedente del 9-N y no ocurrió nada».

A pesar de esas declaraciones, Rull no recordaba los escraches a periodistas denunciados por Reporteros sin Fronteras ni a los policías alojados en hoteles de Cataluña desplegados para estos acontecimientos. Cuestionado con insistencia por la fiscal, el acusado se ha posicionado en contra de «cualquier actuación por violencia». «Esas imágenes me parecían muy mal, pero también condené a los policías saliendo con porras a por la gente», ha vuelto a manifestar Rull.

En su interrogatorio, también ha negado por activa y por pasiva el posible delito de malversación de fondos públicos. «No se ha destinado ni un euro público al referéndum», ha asegurado en varias ocasiones, una afirmación que contradice los informes de la Guardia Civil que investigaron los hechos. Ha cuestionado el control financiero del Estado sobre las finanzas de la Generalitat y ha llegado a pedir que esa actuación merecía una reforma por «ley» del capítulo octavo de la Constitución, la misma norma que los líderes del «procés» ignoraron de lleno en su actuación.