Ruiz-Mateos, citado de nuevo en Palma el día 22 por una tercera estafa hostelera

Ruiz-Mateos tendrá que responder como imputado en el juzgado de instrucción 5 de Palma a las 10.30 horas de las acusaciones de la familia Hoz, que vendió en 2006 el Hotel Samoa -situado en Calas de Mallorca- a la familia del empresario jerezano por 21 millones, de los cuales no han cobrado alrededor de 12.

La querella está dirigida contra el empresario, sus seis hijos varones (que actuaron en calidad de avalistas solidarios en la compraventa) y los representantes legales de varias empresas del grupo.

Entre ellas figura la sociedad que compró el hotel, Free Size, cuyos administradores son Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos, y Susana Álvarez Ampuero , considerada por la Agencia Tributaria uno de los principales testaferros de la familia.

Esta empresa, dedicada al negocio inmobiliario, se constituyó en 2006 y tiene como socio único una "extraña entidad 'offshore' (de evasión fiscal)", indica la querella, que es además diferente a la que en 2006 figuraba como socia (entonces era una empresa de Belice).

La querella explica que la mayor parte de la venta (casi 20 millones) se aplazó y se convino que los Ruiz-Mateos la irían abonando con pagarés mensuales, algo que dejaron de hacer en el año 2010.

Además, la familia de empresarios constituyó sobre el inmueble (al igual que en las otras dos estafas por ventas de hoteles investigadas en Palma) una hipoteca de 16 millones que no destinó, según la querella, al propio establecimiento hotelero, sino que fueron a una "caja única" en cuentas corrientes de paraísos fiscales.

En febrero de 2010, los compradores comunicaron a la familia Hoz que no podían hacer frente a los pagos dada la mala situación de su grupo de empresas, pero les indicaron que era algo temporal.

Los Hoz accedieron a alargar los pagarés bajo "engaño", explica la querella, ya que en ese momento los Ruiz-Mateos ya sabían que no iban a poder hacer frente a los pagos puesto que estaban preparando el concurso de acreedores de sus empresas.

Los Ruiz-Mateos intentaron luego convencer a los querellantes de que no iniciaran acciones legales contra ellos prometiéndoles que les pagarían y enviándoles como prueba un contrato de préstamo por 65 millones que, según la familia Hoz, era falso.

"Para terminar la estafa", añade el escrito, ofrecieron a los Hoz "un contrato leonino" por el cual renunciaban a reclamar la deuda a cambio de la promesa de que recibirían la indemnización que el Estado debía a los empresarios jerezanos por la expropiación de Galerías Preciados.

Sin embargo, apunta, los querellantes se enteraron por la prensa de que el Gobierno no adeudaba nada a la familia Ruiz-Mateos. El pasado 24 de enero, José María Ruiz-Mateos compareció en dos juzgados de Palma para evitar ser detenido, aunque se negó a declarar sobre sendas estafas en la venta de dos hoteles

Estos dos juzgados (instrucción 3 e instrucción 9) decretaron contra el empresario la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y su obligación de comparecer cada quince días.

Además de a estas tres querellas en Palma, los Ruiz-Mateos se enfrentan a otra admitida a trámite por la Audiencia Nacional contra una hija del empresario y los nuevos propietarios de Nueva Rumasa por los delitos de blanqueo y de insolvencia punible.

En otra investigación sobre el destino de casi 300 millones de euros de inversores de Nueva Rumasa, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó hace unas semanas el embargo a la familia Ruiz-Mateos de 220 inmuebles, varias fincas rústicas, vehículos de alta gama y un centenar de obras de arte.