La AVT rompió con Instituciones Penitenciarias por tratar igual a víctimas y verdugos

Según informaron a ABC en fuentes conocedoras, a aquella reunión acudió la AVT para pedir explicaciones. El informe de la Guardia Civil se había presentado en la Audiencia Nacional al hilo de la investigación abierta por la celebración de los homenajes a etarras pero el móvil del principal investigado, Antonio López Ruiz, alias Kubati y a la sazón, asesino de una integrante de ETA que quiso desertar, lo que   revelaba era una interlocución directa del Gobierno y Ángel Luis Ortiz.  

Lo que se explicó a los representantes de la asociación de víctimas en aquel encuentro fue que igual que Instituciones Penitenciarias tenía interlocución con ellas, también la mantenía con los representantes de los presos . Se estaba así, encuadrando en la normalidad una equiparación de facto en la relación de la secretaría general con víctimas y verdugos.

Preguntada por este asunto, la abogada de la AVT, que participó en esa y en otras reuniones mantenidas con Ortiz, Carmen Ladrón de Guevara, explica que aquellas razones fueron recibidas por las víctimas como «un engaño» . Supuso, por ello, un punto de inflexión en las relaciones fluidas que venían manteniendo con Ortiz y que se han quebrado de manera definitiva. Ya no hay interlocución porque esos contactos lo que estaban confirmando a la asociación era lo que tanto tiempo llevaba negando el Gobierno: una estrategia orquestada y negociada para acabar con la política de dispersión.

La organización lanzó un comunicado al poco de aquel encuentro que contestaba a Ortiz, previamente entrevistado por El Correo. Y ahí, la asociación ya advertía de que había tenido conocimiento de la existencia de un plan. «En este plan hemos sabido que han jugado un papel importante algunas organizaciones en defensa de los derechos de los presos etarras , como Sare, y que han sido interlocutores habituales de cara a la adopción de estas decisiones», decía aquel comunicado.

«Asimismo -avisaba-, hemos conocido la existencia de un plan determinado para blanquear estas decisiones en supuestos arrepentimientos de los etarras, a través de una campaña (dirigida por la Comisión de presos de Sortu) para que firmaran cartas de arrepentimiento, que además de haber sido desautorizadas por la Audiencia Nacional , han sido rechazadas expresamente por algunos presos etarras y pese a ello se han visto beneficiados por estos traslados».

Esa es la otra gran conclusión que se extrae de las conversaciones intervenidas a Kubati y otros investigados por la organización de los homenajes. Por eso, la declaración final de la AVT de aquel día cuando decía que si bien no compartía el «cambio de política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno», la respetaba, como no podía ser de otra manera.

«Lo que no aceptamos es que nos tomen por tontos y pretendan vender la derogación de la política de dispersión como algo inevitable cuando los hechos han demostrado que no es otra cosa que una decisión política premeditada que ha sido aplicada por medio de un plan perfectamente desarrollado y en el que, además de mantener informadas a las víctimas, se ha contado permanentemente con las organizaciones y partidos políticos que defienden a los presos etarras». «O se está con las víctimas o se está con los terroristas» , zanjaba.

Esa es la idea que recuperó la semana pasada la presidenta de la AVT cuando en rueda de prensa, aseguró que el Gobierno les había «engañado mucho» para empezar, porque el ministro Fernando Grande-Marlaska, «que cuando dejó la toga abandonó la decencia», había incumplido su palabra de no acercar al País Vasco a presos de ETA con delitos de sangre y les estaba permitiendo «reírse» de las víctimas con falsas cartas de arrepentimiento y con los homenajes.

Desde Instituciones Penitenciarias insisten en que en la Secretaría General «se sigue atendiendo a las víctimas y por la vía que estimen», ya sea presencial, por teléfono o incluso por carta, ya que «todos los cauces están abiertos» , tanto para la AVT como para el resto de colectivos.

En este sentido, destacan además que las víctimas del terrorismo «son las únicas que tienen información puntual sobre traslados y decisiones acerca de presos de ETA antes de que se comuniquen al público vía nota de prensa» y la institución «no traslada a nadie información sobre traslados y progresiones de grado» salvo con esta excepción.

Sin entrar así a valorar el contenido del informe de la Guardia Civil que sitúa al entorno de los presos de ETA en interlocución directa con Ortiz, sí señalan las fuentes consultadas por ABC que en la secretaría General «se atiende a todos los colectivos, familiares, abogados etcétera» que tienen cuestiones que plantear sobre personas en prisión porque son «las funciones institucionales».