Rodríguez Sobrino defiende la «bondad» de los negocios del Canal en Iberoamérica

Así lo alega su abogado defensor en el recurso de apelación presentado contra la decisión del magistrado de encarcelarle de forma preventiva, al que ha accedido ABC. La Sala de lo Penal resolverá la legalidad del envío a la cárcel.

En el escrito, Rodríguez Sobrino, consejero del periódico «La Razón», alaba la compra de la empresa brasileña Emissao -una adjudicación con la que la trama malversó 23,3 millones de euros de las arcas públicas madrileñas, según el juez- por su «reputación económica y know how», que permitían entrar en Brasil, un mercado apetitoso en el sector del agua por su expansión económica.

El encarcelado explica además que la utilización de una sociedad uruguaya para la compra buscaba disminuir las altas cargas fiscales y arancelarias de un mercado proteccionista como Brasil. Esta fórmula no puede calificarse de «entramado societario opaco», afirma el escrito. Según esta versión, la compraventa estuvo supeditada a «múltiples informes y un laborioso trabajo de análisis jurídico y económico», lo que contradice al juez, que aprecia un sinfín de irregularidades en la compra : que no hubo autorización de la Comunidad de Madrid, que no había razones económicas para dar luz verde a la compra, que se adquirió a través de un «entramado societario opaco», que se pagó a través de cuentas bancarias no autorizadas desde paraísos fiscales y que un informe negativo de la consultora KPMG debió paralizar la compra.

Rodríguez Sobrino también cuestiona una de las principales tesis del juez sobre esta línea de investigación: que la operación se sobrevalorara de forma ficticia para quedarse los implicados con la diferencia. El presidenta de Inassa -la matriz del Canal en Iberoamérica, al frente de la cual le colocó González- explica que la caída en la valoración de Emissao se debió «exclusivamente a la crisis económica».

El juez considera que Rodríguez Sobrino «ideó y dirigió» esta adquisición para llenarse sus propios bolsillos, y le acusa de corromperse con licitaciones en otros países de Iberoamérica, como Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia. Rodríguez Sobrino alega en el escrito con el que pretende salir de la cárcel que él fue informado «puntualmente» de estas operaciones, por ser el presidente de Inassa, pero que desconocía los detalles.

Con la intención de salir de prisión, el abogado de Rodríguez Sobrino denuncia que el juez Velasco le «acusa ciegamente» sin justificar con motivos suficientes su encarcelamiento de forma preventiva, una decisión que debe ajustarse a la ley. El magistrado otorga al imputado un rol decisivo en la trama y asegura que dispone de un patrimonio oculto en el extranjero , con el que «ha estado realizando operaciones», lo que evidenciaría que trata de alejar sus bienes del foco judicial.

El letrado responde que el auto que acordó la prisión «es una simple copia mecanicista» de los autos de registro de su vivienda. El recurso incide en la falta de referencias de los argumentos del juez a la declaración con la que Rodríguez Sobrino se defendió en su comparecencia. Para justificar que no existe riesgo de fuga , el hombre fuerte de González en Iberoamérica informa al juez de que vive en Madrid con su mujer y su hija, que le va a hacer abuelo, y que debe cuidar de su madre, de 92 años.