Rocío, en huelga de hambre, pide que indulten a su marido: «Estoy dispuesta a dejarme la vida al pie del juzgado»

Lleva junto a su hermana más de una semana apostada, ni frío ni calor, en las puertas del Juzgado de Valdepeñas que ordenó –sin una sola prueba sólida, esgrime la defensa- que encarcelasen a José Diego, de 29 años, por un delito de narcotráfico. «No permiten a la sociedad reinsertarse», acusa Rocío, porque cree que la única condena de su marido ya la cumplió con anterioridad

ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID
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Rocío y su hermana llevan más de una semana apostadas a los pies del Juzgado de Instrucción número 1 de Valdepeñas. Estos días de climatología adversa se refugian en el interior de un coche, tapando las ventanas con toallas y duchándose, por fin (algo que agradecen hasta el extremo), en los colegios más cercanos. Los habitantes de este pueblo ciudadrealeño comienzan a traerles café y algún líquido. Ayer fue el primer día que los ingirieron... ¡y cómo lo agradece el cuerpo después de siete días sin alimento alguno! Empiezan los mareos y sienten a veces los temblores propios de un cuerpo que pide a gritos una tregua. Rocío y su hermana están en huelga de hambre, y en palabras de la primera, dispuesta incluso a «dejarse la vida» por reclamar que indulten a su marido, en prisión desde hace dos meses por un delito que su familia cree a pies juntillas no pudo cometer.

José Diego López Cuesta se encontraba este verano disfrutando de su tercer grado penitenciario. Había pasado los últimos 16 meses de su vida entre rejas, por un delito de narcotráfico. «Pero había cumplido su pena –dice a ABC.es entre amargos sollozos su esposa-. Está claro que no dejan a la gente reinsertarse». Porque el argumento más sólido que encuentra a su desesperación Rocío es que han metido de nuevo a su marido en prisión por la daga de la reincidencia. De hecho, está acusado, otra vez, de un delito contra la salud pública.

Sin embargo, Rocío diferencia claramente: «Cuando le condenaron la primera vez, yo sabía que había sido él. Y pagó por lo que hizo. Ahora no». Y nos cuenta el relato de los hechos: hace dos meses, llegaron a su casa varios agentes y se llevaron a José Luis. Deja caer Rocío cierto «maltrato» en el arresto, sorpresivo para ambos. Estaban pasando un fin de semana en Andalucía con familiares de esta mujer, «y estuvimos todo el tiempo juntos, así que no pudo hacer nada de lo que se le acusa». Se lo llevaron primero a los Juzgados del pueblo sevillano de Coria del Río y, afirma, «mi marido, cómo no tenía nada que ocultar, declaró». Lo hizo allí y repitió la declaración ante la juez número 1 de Valdepeñas. Estaba acusado junto a otras tres personas de traficar con un alijo de hachís y José Luis sería supuestamente el que habría echado las barcas al mar para recoger la mercancía y transportarla a una nave, que fue donde la encontró la Guardia Civi. El resto de los detenidos nunca declaró, deja claro esta mujer, y a dos de ellos, con evidencias más que reseñables, se les dejó en libertad. «Mi marido declaró tan tranquilo».

http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Local/20090725/impiden/avioneta/1000/kilos/hachis/aterrice/provincia/AE53C3B6-1A64-968D-59350CB3B10BBAF0

la propia Guardia Civil

J.D.L.C

Según el atestado, en el tramo último de la operación y «dada la importante cantidad de droga a transportar (más de 1.000 kilos) utilizaban dos embarcaciones provistas de motores de gran cilindrada y preparadas con dobles fondos en su interior para traer la sustancia estupefaciente desde Marruecos hasta las costas de Huelva».

Ni identificación en las fotos, ni llamadas «calientes», esgrime la defensa

La juez de Valdepeñas dictó auto de prisión provisional para José Diego, oriundo de Isla Mayor (Sevilla). Los motivos en los que se fundamenta el fallo, y que se dieron a conocer diez días después con el levantamiento del secreto sumarial, es una imputación por parte de los servicios aduaneros que participan en la operación de que José Diego hace labor de vigilancia en las costas onubenses y de correo y transporte del hachís. El abogado, Fidel Columé, no acierta a encontrar –y así se lo transmite a Rocío- ni un solo argumento sólido para encarcelar a José Diego.

A José Diego lo detuvieron y le acusaron de estar en un momento dado a una hora determinada en Punta Umbría, Huelva, así que todo casaba. Sólo que, según el abogado defensor y su esposa, el móvil que habían pinchado para el seguimiento de José Diego no intervino ni una sola llamada «caliente» relacionada con este caso ni con el entramado de once personas detenidas, nueve de las cuales están en prisión. El número ni siquiera pertenecía a este joven, porque era el teléfono de su mujer. La que estaba en Punta Umbría el día de autos era Rocío por motivos familiares.

Tercer argumento que tumba el abogado familiar: el GPS o «pulsera» receptora de la señal de dónde se ubica la persona en tercer grado se le colocó en el móvil de su mujer. El mismo error, de nuevo.

Durante el juicio, se pidió que pusieran alguna llamada telefónica que evidenciase la participación de José Diego en el delito, pero no se hizo. La familia se queja de que la juez A. P. Alañán no aceptó más pruebas, desestimó el resto de peticiones y dictó auto de prisión, mientras la defensa reclamaba el auto de sobreseimiento de la causa porque estiman que «no hay ni el más mínimo indicio» para apresar a su cliente.

Audiencia con la juez

Rocío, mientras, pedía audiencia con la juez. «No quería atenderme, pero al ver que me aposté en el pasillo sin moverme, al final accedió y fue como si hablase con la pared y no admitió ninguno de los puntos que yo le comenté». Rocío rompe a llorar: «Creo que ni ella, ni la juez posterior que se ha hecho cargo de la investigación, se han revisado el sumario. Y están cometiendo una injusticia. Están destrozando la vida a una persona, porque hasta que salga el juicio pasarán meses, y perderá su contrato de trabajo, le embargarán su vivienda, y mientras su hija de 6 añitos sólo pregunta por su padre». «Es muy duro. Como él iba con su pulsera, yo sé que no lo ha hecho y se está cometiendo una negligencia», termina.

En la puerta del Juzgado de Instrucción número 1 de Valdepeñas, siguen Rocío y su hermana, y a la hora de salida y entrada al tribunal, se cruzan las miradas con la juez que ahora instruye la «Operación Patos Rosas», desarrollada entre Marruecos y España. «Sólo pido que el caso de mi marido sea revisado por otra persona, porque al final es una vida», defiende Rocío, agarrándose todavía al cabo de la esperanza.

Ella y su hermana siguen sin comer, confiando en que su penuria sirva para algo. Es la única fórmula de protesta que han encontrado. Y es la suya.