Roca tenía «autoridad suficiente» para impartir órdenes en varias áreas del Ayuntamiento

La colaboradora de Roca ha subrayado que cualquier cosa que hiciera éste era «convalidada por el señor alcalde», Jesús Gil, ya fallecido. En su declaración, Escobar ha indicado que ella «dependía directamente» del alcalde, aunque ha reconocido que Roca también impartía instrucciones por orden de éste. La letrada ha añadido que Roca mantenía «una comunicación fluida» con el interventor, el secretario y el concejal del área económica, así como con el tesorero, quienes acudían a su despacho cuando eran requeridos por éste para debatir algún tema. Asimismo, la abogada ha declarado que Roca también tomaba decisiones sobre el área de Personal porque «así estaba habilitado por el Ayuntamiento».

En cuanto al Urbanismo, Escobar ha afirmado que antes de llevar las licencias a la junta de Gobierno local, Roca y algunos concejales se reunían de manera informal en su despacho todas las semanas y, aunque no tomaban decisiones, sí consideraban si se debían o no aprobar los permisos. Preguntada sobre de quién provenía la orden expresa de no emitir informes jurídicos sobre la concesión de licencias, la testigo ha manifestado que partía del alcalde Jesús Gil.

El fiscal pide en esta causa 30 años de prisión para Roca, mientras que los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz se enfrentan a penas de 20 y 10 años de cárcel, respectivamente. La vista oral arrancó el pasado 27 de septiembre con las cuestiones previas, fase en la que las defensas incidieron en la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas. El «caso Malaya», cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.