Roca también obtuvo un trato de favor en los municipios socialistas de Almonte y Estepona

JOSÉ MARÍA CAMACHOMÁLAGA. La última parte del sumario del «caso Malaya», cuyo secreto ha sido levantado ahora por el juez Miguel Ángel Torres, revela las relaciones que tenía el cerebro de la trama de

JOSÉ MARÍA CAMACHO. MÁLAGA.
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La última parte del sumario del «caso Malaya», cuyo secreto ha sido levantado ahora por el juez Miguel Ángel Torres, revela las relaciones que tenía el cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y sus testaferros con ayuntamientos socialistas. Los municipios onubense de Almonte y malagueño de Estepona, gobernados por Francisco Bella y Antonio Barrientos, ambos del PSOE, han sido investigados por la Policía al detectar los agentes que los regidores municipales pudieron tener conocimiento de las irregularidades urbanísticas cometidas.

Un contundente informe policial de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial concluye que Juan Antonio Roca amplió su amplio patrimonio gracias a resoluciones presuntamente ilegales del Ayuntamiento de Almonte.

En algunas inspecciones realizadas por los investigadores del caso se llega a detectar que las obras realizadas por las personas afines al ex asesor urbanístico de Marbella no se ajustan a la licencia, están fuera de los límites marcados por el Plan General de Ordenación Urbana vigente en la localidad y, sin embargo, las autoridades locales autorizaron su licencia.

«El Marquesito»

Una de las personas que han representado un papel crucial en las negociaciones entre los promotores privados y el Ayuntamiento fue José Miguel Bejarano, popularmente conocido en la localidad almonteña por los sobrenombres de «El Marquesito» y «El concuñado del alcalde». Según la Policía, Bejarano podía haber tenido importantes intereses en el hotel La Malvasía, propiedad de la sociedad Condeor, relacionada con Roca, independientemente de que en los registros figuren otras personas. En algunas grabaciones realizadas por la Policía, Roca llega a reconocer que tiene en Almonte «un hotelito muy simpático, una ganga».

En la compraventa del hotel, la Policía detectó el pago de 895.000 euros en dinero negro. En la escritura figura la cantidad de 1.268.000 euros; sin embargo, el precio de la operación fue de 2.163.000 euros. En los documentos intervenidos por la Policía en los archivos de Maras, la empresa matriz de Roca, aparece un pago de 5.000 euros al cuñado del alcalde y otras cantidades destinadas a conseguir resoluciones favorables del gobierno local.

Según los investigadores, Bejarano fue la persona clave como intermediario ante la administración municipal para desbloquear las múltiples infracciones urbanísticas detectadas en la construcción del hotel y que motivaron la apertura de procedimientos informativos y sancionadores. También fue determinante el informe de un perito, José Manuel Coronel, para sustentar esas resoluciones administrativas. En los mismos archivos constan otros posibles pagos al cuñado del alcalde y gastos no cobrados relacionados con su alojamiento en el hotel.

Por parte de Roca intervinieron como mediadores dos de sus principales testaferros: Óscar Benavente y Monserrat Corulla. En el sumario se indica que esta última es la persona que firma todas las instancias y solicitudes que Condeor, la empresa de Roca que compró el hotel, formula ante el Consistorio.

Según el informe policial, el ex asesor urbanístico, en prisión desde hace 16 meses, y el alcalde de Almonte, Francisco Bella, se conocieron en la feria de abril de Sevilla, donde Roca se gastó 7.096 euros, más de un millón de las antiguas pesetas. Para los agentes, Francisco Bella y otras autoridades municipales hicieron posible las irregularidades, aunque hasta la fecha no se ha podido acreditar que el alcalde de la localidad onubense «haya percibido cantidades ilegales».

El cuñado del alcalde de Almonte ha negado cualquier relación con el entorno de Roca, pese a que algunos vecinos del municipio aseguran que fue la persona que seleccionó al personal que iba a trabajar en el hotel La Malvasía.

Infracción tributaria

La Policía mantiene, además, que los anteriores dueños del hotel, Isabel Malagón y José Joaquín Báñez, podrían ser responsables de la comisión de infracciones contra la Administración Tributaria. El 16 de marzo de 2004, ambos firmaron con Corulla el contrato privado de compraventa del hotel. Ocho meses después, la Policía local de Ayamonte presentó una denuncia contra Condeor por infracciones urbanísticas y, en las mismas fechas, el arquitecto técnico municipal emitió un informe resaltando también algunas ilegalidades en las obras.