El riesgo de unas elecciones precipitadas

La decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, previa autorización del Senado por amplia mayoría, es excepcional e inédita. Sin embargo, el Ejecutivo ha reducido al mínimo el tiempo de intervención. Le ha puesto fecha de caducidad y envía un mensaje a la sociedad catalana de provisionalidad de esa excepción . La democracia, al contrario de lo que ha hecho la Generalitat, no secuestra nada. Se limita a imponer su orden y el respeto a la legalidad durante el tiempo indispensable para garantizar que la ciudadanía catalana rectifique por la vía de las urnas una agresión flagrante a la Constitución. Nadie podrá decir que el Gobierno de la nación limita el autogobierno de Cataluña , sino que se limita a restaurar las condiciones en que los catalanes puedan optar cuanto antes por un Gobierno que no pisotee las normas comunes de convivencia. No alargar sine die la aplicación del 155 ofrece un mensaje de confianza en la capacidad de la sociedad catalana para rectificar el camino emprendido hacia los más graves delitos de nuestro Código Penal.

2. Reafirmación del bloque constitucional

La gravedad del desafío y el chantaje independentista ha conseguido algo que hace solo unos meses parecía imposible: que el bloque de partidos constitucionales den una respuesta homogénea, uniforme y tajante a la amenaza que se cernía sobre la Constitución. PP, PSOE y Ciudadanos han dado un ejemplo de unidad frente a un intento delirante de romper la unidad de España por la peor vía posible, la de la insurrección. El bloque constitucional no se ha dejado guiar por las diferencias ideológicas . Muy al contrario, ha permitido escenificar ante toda la ciudadanía española que aquel “no es no” sistemático de Pedro Sánchez tiene sus excepciones. Y que Ciudadanos prima los valores esenciales de nuestra democracia frente a la estrategia partidista para tratar de restar votos a Mariano Rajoy. El resultado de las próximas elecciones en Cataluña es ignoto, pero un bloque constitucionalista adormecido en Cataluña, y contradictorio en el resto de España, ha rearmado un mensaje común de defensa del sistema constitucional. Habrá cambios en el Parlamento catalán. Lo que es seguro es que, más allá de que el separatismo revalide una mayoría suficiente, se tentará la ropa antes de volver a provocar una intervención reivindicando un fraude masivo con toda la sociedad catalana como rehén de su dictadura.

3. Evitar un disparate legislativo

El Parlamento de Cataluña se había convertido en un esperpento. El separatismo aprobaba leyes abiertamente ilegales a conciencia. Silenciaba a la oposición. Vulneraba su propio reglamento… y hasta humillaba a la bandera española, y a la propia senyera, en público como síntoma de vanagloria. Era inasumible perpetuar una prostitución de las funciones de un Parlamento autonómico en el que sus propios letrados huían avergonzados de la indignidad del ataque a la legalidad. El sostenimiento del Parlament habría permitido prolongar en el tiempo un disparate legislativo en el que la anulación de sus decisiones a manos del TC tenían el mismo efecto que el de una aspirina sobre un cáncer. La cirugía invasiva, incluso sobre el poder legislativo catalán, era una necesidad, así como su restauración inmediata en el mínimo tiempo posible, dando voz de nuevo a la ciudadanía catalana.

1. Sin tiempo para la pacificación social

Convocar las elecciones de modo tan prematuro es arriesgado. No conviene incurrir en un buenismo intelectual ni en los defectos de la corrección política al uso. En Cataluña se ha inoculado durante tanto tiempo el virus del odio que una simple convocatoria de comicios autonómicos no serán suficiente remedio. Cataluña votará dividida, pero no en legítimos criterios ideológicos. Es inevitable que una parte sustancial del electorado catalán interprete estos comicios como una venganza contra un Estado «dictatorial» que impone su orden por la fuerza del 155. O como un ataque a su extraño concepto de «democracia». Votarán con el odio a España por bandera porque cuatro décadas de severo adoctrinamiento no se curan con 55 días de convicciones democráticas. El resultado será legítimo y fielmente democrático, sin duda. Pero la recreación del órdago siempre será una amenaza latente. Y más aún, si se abre el melón de una reforma constitucional en la que sus promotores, PSOE y PP por ejemplo, discrepan abiertamente. Es imposible que el PP asuma el criterio del PSOE de que España es una «nación de naciones». Por tanto, cualquier grieta en el bloque constitucional será usada como coartada por el independentismo para reafirmar la vigencia de su «lucha» contra el Estado.

2. Resistencia activa o pasiva

Aún es prematuro saber cómo va a responder la militante estructura social del independentismo a la aplicación fáctica del 155. La movilización en la calle es una opción que decrece según discurren los días. Es difícil que se reproduzca el intenso grito independentista de aquella Diada de 2012, pero difícilmente querrá sacudirse de encima el falso argumentario de que hay dos «presos políticos», los líderes de Omnium y la ANC. El separatismo tratará de «resistir», aunque sea, como reclaman las CUP, con paellas de protesta solidaria en lugar de con elecciones legales y legítimas. La convulsión en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo y en las familias está asegurada. Y con ella, la presión, la amenaza y la falta de libertad para unas elecciones demasiado prematuras en las que la herida está aún abierta en carne viva. Tampoco ayudará a crear el necesario clima de paz social, templanza y prudencia la liberación de TV3 de la intervención. Los medios públicos de comunicación en Cataluña han sido un instrumento esencial del separatismo en el adoctrinamiento generalizado. Su influencia sobre el voto se sigue antojando esencial, y es previsible que contribuya de forma decisiva a que los convencidos de ser víctimas de una agresión se resistan a unas elecciones pacíficas.

3. Difíciles pactos de gobierno

El 21-O no habrá ninguna mayoría absoluta. La investidura de cualquier candidato a presidente de la Generalitat dependerá de pactos entre partidos, y algunos de ellos serán incapaces de entender que ha comenzado una nueva etapa de nuestra democracia. La votación será un salto en el vacío porque el riesgo de que se reedite el pulso al Estado en cuestión de meses no está conjurado, y porque la alianza política que se ha producido en el Senado frente al chantaje separatista difícilmente podrá reproducirse con un acuerdo de gobierno solvente para los próximos cuatro años. Ni siquiera es probable que tuviesen la mayoría necesaria frente a la entente que empiezan a formar el independentismo y el populismo de extrema izquierda. Podemos se ha revelado como una muleta cómplice del separatismo, y el riesgo de un próximo desafío a la Constitución se mantendrá vigente.