Romanov, detenido por la Guarcia Civil en su chalet de Mallorca en diciembre de 2013
Romanov, detenido por la Guarcia Civil en su chalet de Mallorca en diciembre de 2013 - EFE

«Rico, ruso y exconvicto igual a blanqueador de capitales de la mafia»

La Audiencia de Palma juzga a un presunto mafioso y a su familia por lavar 14 millones

MadridActualizado:

Fines de semana en Montecarlo, viajes en helicóptero, fiestas de lujo que acababan con fuegos artificiales, chalé exclusivo en Mallorca junto al hotel que habían comprado… Así era la vida del ruso Alexander Romanov y su familia en España hasta su detención en diciembre de 2013, con un bufete de abogados y un gestor trabajando para él y ayudándole a defraudar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. La Fiscalía Anticorrupción le acusa junto a su mujer y sus suegros de haber introducido en nuestro país fondos superiores a 14 millones de euros procedentes de la mafia moscovita Taganskaya para blanquearlos aquí y le pide 17 años de prisión y 40 millones de multa.

La Audiencia de Palma retoma el martes el juicio contra él y otras once personas que se enfrentan a 76 años de cárcel y 165 millones de multa. En la primera sesión, el abogado defensor, Cristóbal Martell, puso todo su empeño en desacreditar la investigación: «Ruso que trae dinero a España que en su día resultó condenado: blanqueo de capitales», ironizó para argumentar ante el Tribunal que se habían vulnerado los derechos de Romanov con las intervenciones telefónicas del Servicio de Información de la Guardia Civil. «Vamos a pinchar al ruso y a ponernos a esperar, que algo saldrá», sostuvo el letrado de los Pujol, Messi o los Tejeiro que ha actuado como defensor en varios casos relacionados con la mafia rusa.

Alexander Romanov cumplió una condena de 3,6 años en su país por apoderarse de una empresa mediante engaño y violencia («raid») y es miembro activo de la Taganskaya, asentada en Moscú desde los años noventa y especializada en «raids», fraudes bancarios, extorsiones y asesinatos de rivales por encargo. En 2010, según la Fiscalía, traslada a España el mismo esquema criminal que utiliza en Rusia: crea un entramado societario y un grupo estable de personas que le asesoran y ejecutan sus órdenes para esconder el origen de los fondos y actividades en su país y para continuarlas en España.

Núcleo de tres grupos

Él es el núcleo de tres grupos, cuyo fin último es el blanqueo: el relacionada con Taganskaya; la red de empresas que él lidera en Rusia procedente de supuestos delitos (gimnasios, inmuebles, productos bancarios…) y finalmente el grupo creado en España. En esta trama de Palma aparece su mujer Natalia -colíder- y sus suegros Boris y Margarita Vinogradova como testaferros; el bufete de Amado Jaime Sastre, que ofrece un «servicio integral» al ruso para canalizar sus fondos en paraísos fiscales, cobra en efectivo y le acompaña en actos sociales; el gestor fiscal Julián Belchi, quien planifica las entradas de dinero y coopera en el fraude a la Administración española; dos administradores de sociedades también españoles, una secretaria, un hombre para todo -georgiano con pasaporte griego-, un policía local de Palma -que le consulta los archivos policiales- y su esposa. La compra y reforma del Hotel Mar y Pins en Peguera y su vivienda anexa fue el medio inicial y principal para blanquear el dinero sucio.

La propiedad está a nombre de una mercantil pero la casa la disfrutan los «administradores de la sociedad sin que se haya efectuado compensación alguna por parte de estos hacia la sociedad». Hay además casi seis millones de euros de diferencia entre la tasación oficial (más de doce millones) y el precio pactado que no llega a seis. La estructura societaria la componen cinco sociedades. Los acusados utilizaban cuatro empresas pantalla para contratar a los trabajadores, algunos de los cuales eran traspasados de una a otra «aprovechándose de su mayor vulnerabilidad y necesidad por ser extranjeros». Perdían los beneficios de la antigüedad y la estabilidad en el empleo y no podían reclamar. Anticorrupción, en su escrito de acusación, describe las violaciones de derechos típicas de estas conductas: no renovaban contratos de larga duración, obligaban a bajas voluntarias y no se les pagaban finiquitos ni vacaciones.

Además, llevaban a cabo prácticas aberrantes. Romanov imponía multas económicas por conceptos ridículos como «manchar con cemento el césped, dejarse un grifo abierto, comer, fumar o hacer ruido con las herramientas». A una subcontrata la sancionó con 2.000 euros de multa porque un trabajador orinó durante la obra. El jefe se ensañaba con los empleados extranjeros, sobre todo con los rusohablantes, que están llamados a declarar.

La Fiscalía recoge las facturas inveraces que fueron intervenidas al ruso para deducirse gastos, tributar menos y cobrar IVA que abarcan conceptos como colocación de tabiques o llevar escombros al vertedero.

En los registros que se llevaron a cabo, se intervinieron más de docientos mil euros en joyas y relojes y dos cartas dirigidas al senador ruso Alexander Torshin, a quien Romanov y su mujer llaman «padrino». Según los servicios secretos de varios países, Torshin está a la cabeza de la organización y sería el verdadero propietario del hotel. Pero ni Torshin ni ningún otro miembro de Tangaskaya están acusados en este juicio, que promete ser controvertido.