La otra mirada desde la sala

La responsabilidad y la culpa

La Justicia tendrá que optar entre la versión del mayor Trapero o la de los mandos policiales que acusan a los Mossos de pasividad

Pedro García Cuartango
MadridActualizado:

Madrid amaneció ayer con una mañana invernal y lluviosa. Media docena de jubilados, con impermeables amarillos, exhibían pancartas de protesta en las inmediaciones del Supremo. «Rebelaos», rezaban las bufandas que mostraban los manifestantes a los viandantes que cruzaban indiferentes un semáforo de la calle Génova. Muy cerca, la sede del PP con una gran bandera de España en la fachada. Unas pocas cámaras de televisión, protegidas por paraguas, aguardaban la reanudación del juicio, interrumpido el pasado jueves.

El testimonio más relevante del día fue el de un comisario de la Policía Nacional, que coordinó la información sobre la consulta del 1 de octubre. Según su versión, los Mossos actuaron con absoluta pasividad durante esa jornada en la que, lejos de poner obstáculos a la constitución de los centros electorales, «alertaban» a los independentistas cuando llegaban las Fuerzas de Seguridad del Estado. «El dispositivo estaba montado para que la consulta pudiera llevarse a cabo», afirmó.

El comisario sostuvo que empezó a ser consciente a las seis y media de la mañana del 1 de octubre de que el operativo de los Mossos iba a ser totalmente ineficaz ya que no había agentes para impedir que abrieran los colegios donde se votaba. En esencia, este mando intermedio de la Policía Nacional ratificó lo que ya habían declarado Pérez de los Cobos, Nieto, el general Gozalo y el comisario jefe Trapote, que coincidieron en que los Mossos realizaron un simulacro de acatamiento de la legalidad sin adoptar ninguna medida para evitar la consulta.

Esta tesis choca frontalmente con el testimonio del mayor Trapero y otros cuatro jefes de los Mossos, que han enfatizado ante el Supremo que advirtieron a Puigdemont de los riesgos de la consulta y que acataron de forma rigurosa las instrucciones de la Fiscalía y de la juez.

Ayer mismo, se conoció el escrito que ha presentado Trapero ante la Audiencia Nacional en el que asegura que respetó escrupulosamente el orden constitucional y los mandamientos judiciales. El ex jefe de los Mossos subraya que nunca participó ni intervino en ningún plan para impulsar la independencia de Cataluña, en respuesta a los 11 años de cárcel que pide la Fiscalía por un hipotético delito de rebelión.

La Justicia tendrá que decidir si la actuación de Trapero y sus colaboradores merece un reproche penal, pero conviene tener presente la distinción entre responsabilidad y culpa para analizar su conducta.

Estos fueron los conceptos a los que se refirió Wim Kok, el primer ministro holandés, cuando compareció para rendir cuentas sobre la conducta de los cascos azules de su país tras abandonar su puesto y permitir la matanza de miles de civiles bosnios en Srebrenica en 1995, víctimas de las milicias serbias al mando del general Mladic. «No asumimos la culpa, pero sí la responsabilidad de lo que sucedió», afirmó Kok, que tuvo que dimitir junto a todos sus ministros años después tras el debate sobre la masacre.

Lo que Kok quería decir con sus palabras es que él consideraba que el Gobierno holandés tenía una responsabilidad política por la pasividad de sus cascos azules, pero que no era culpable de un acto que había sido desencadenado por la locura criminal de Mladic, condenado por el Tribunal Penal Internacional a cadena perpetua. Salvando las distancias de la gravedad de los hechos, todo indica que Trapero y los mandos de los Mossos no fueron culpables de la consulta porque ellos no tuvieron nada que ver con su organización, pero sí fueron responsables en la medida de que no hicieron nada para evitarla.

A la luz de las declaraciones en este juicio, Trapero posiblemente puso una vela a Dios y otra al diablo al fabricarse una coartada para que nadie le pudiera acusar de incumplir la legalidad. Cuando se siente en el banquillo, los jueces tendrán que dilucidar si esa coartada resulta creíble.

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