La reforma exprés de Sánchez ya había muerto antes de nacer

Los socios del PSOE boicotean a Sánchez al imponer privilegios para el separatismo y desproteger a la Corona

Manuel Marín
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Hace nueve meses, ABC publicó una serie de análisis realizados por expertos constitucionalistas cuya conclusión unánime era que una hipotética reforma de la Constitución resultaba inviable sin dos premisas: un consenso previo sobre la necesidad y objetivos de esa reforma, y el número de escaños necesarios para acometerla. Yni existían antes ni existen hoy, de modo que era impensable siquiera abrir el debate. En diciembre de 2017, Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez desconocía aún que fuese a sustituirle. Fue el PSOE quien promovió la idea genérica de una reforma estructural de la Carta Magna, y el PP quien la desechó. Ahora, la reforma exprés anunciada por Sánchez para restringir los aforamientos ha encallado antes de nacer porque sin el PP no hay aritmética parlamentaria posible.

El Gobierno se vuelve a matizar y corregir a sí mismo

La idea de Sánchez, atractiva desde un punto de vista cosmético -es abusivo disponer de 250.000 aforados en España, aunque es cierto que no siempre es un privilegio- fue matizada por el propio Gobierno sobre la marcha, porque la eliminación total de los aforamientos sería irreal en políticos, jueces, fiscales… Fue el anuncio de un prestidigitador necesitado de conejos en la chistera tras su semana más demoledora en el Gobierno, y se ha encontrado con la negativa del PP a entrar en una trampa improvisada a Pablo Casado, carente de un debate previo siquiera dentro del PSOE, y sin un mínimo acuerdo para determinar cómo y qué modificar.

Sánchez contaba con el factor sorpresa. Pero más allá del PP, tampoco Unidos Podemos se lo pondrá fácil. En su único documento «oficial» sobre la reforma constitucional, el partido de Pablo Iglesias defiende un blindaje de «derechos sociales» inviable que, a juicio de los expertos consultados en su día por ABC, sería inconstitucional en sí mismo, además de conducir a España a una ruina económica segura. Con todo, Podemos propugna prioritariamente una reforma drástica del Título II de la Carta Magna para revocar lo que considera privilegios de la Corona, y exige la celebración de un referéndum sobre la vigencia o no de nuestro sistema de monarquía parlamentaria. Y en términos similares, el PNV ha exigido ahora acabar con la inmunidad e inviolabilidad de la Familia Real. Por eso, al imponer condiciones trampa inasumibles para el PSOE, Podemos y el PNV boicotean de facto a Sánchez y su «medida estrella». Afrontar una reforma sobre la Corona supone demasiada hondura y complicación para la aspiración mercadotécnica de Pedro Sánchez. Por eso, su prometida reforma exprés, o cualquier otra más amplia, quedan así reducidas a un mero propósito virtual, a una simulación política disminuida… Es papel mojado antes de ser escrito.

Disolución de las Cortes y convocatoria a las urnas

Para encubrir sus debilidades y amenazas tras cien días de Gobierno en progresivo deterioro, Sánchez ha abierto una controversia extraordinariamente confusa que, en tercer lugar, también ha aprovechado el separatismo catalán para proponer una apertura en canal del texto constitucional y romper España. Josep Borrell apuntó maneras días atrás al hablar de Cataluña como nación y varios ministros han incomodado al Tribunal Supremo apelando a la salida de los políticos presos. Por eso, cualquier alternativa que no fuera una reforma exprés limitada solo a los aforamientos sería un embrollo para un Pedro Sánchez que no había comunicado su idea ni a Podemos ni a muchos de sus ministros. Así, consciente de la inviabilidad del proyecto, y de que no puede promover una revisión estructural de nuestro sistema político, la reforma es solo una coartada estética para satisfacer a los ciudadanos. La conclusión es sencilla: sin el PP no hay reforma posible, y aun en la hipótesis de que Sánchez y Casado pactaran, la pretensión de Podemos y el separatismo abocaría a algo a lo que Sánchez no está dispuesto: la disolución de las Cortes, elecciones generales y un referéndum. No hay caso.

No es preciso tocar la Constitución

La de los aforamientos es además una discusión viciada por enormes dosis de demagogia. La inmensa mayoría de los aforamientos vigentes –unos 249.400 aproximadamente- pueden ser derogados, modificados, matizados o acotados mediante la reforma de leyes orgánicas sin tocar la Constitución. Incluso, en los Parlamentos regionales, donde rige una regulación estatutaria propia, y donde el margen de maniobra del PSOE y Podemos es amplio allí donde gobiernan en conjunción de intereses, esa reforma sería relativamente sencilla para los diputados autonómicos. Cuestión de voluntad real. Y no se ha hecho. Lo mismo sirve para el Congreso, donde puede resultar factible modificar leyes orgánicas para eliminar, por ejemplo, el aforamiento de miembros de los Cuerpos de Seguridad, o de jueces y fiscales. Su idea de una reforma exprés -y muy limitada pese a la floritura de su anuncio- es por tanto la demostración de que a Sánchez le urge retomar la iniciativa política perdida, porque jurídicamente podrían suspenderse muchos privilegios sin alterar la Constitución.

Blindar la soberanía nacional como prioridad

Los expertos consultados por ABC en los análisis publicados meses atrás coincidían en que una reforma constitucional a fondo que actualizase nuestra Norma Fundamental exigiría poner coto a la partitocracia para evitar la colonización de las instituciones a manos de los partidos; una redefinición del proceso de sucesión al Trono; una regulación básica de la pertenencia de España a la UE; una reforma a fondo del Senado; la protección del modelo de Estado en función de la reafirmación de la soberanía nacional frente al separatismo; el blindaje económico de España;o la consagración del modelo autonómico como garante de la pluralidad política, social y cultural. Afrontar una superación de lo pactado en la Transición con retórica electoralista y fuegos de artificio es arriesgado. Los parches son solo un maquillaje superficial e improvisado para ganar votos y retratar a los demás partidos con un debate estéril.

Manuel MarínManuel MarínAdjunto al DirectorManuel Marín