La reforma del Código penal beneficiaría de forma directa a Junqueras

Los partidos de la oposición desconfían de que la reforma del Código Penal no esconda un acuerdo con los independentistas camuflado en un paquete de modificaciones de otros delitos. La revisión de la ley lleva pidiéndose desde hace muchos años y el Partido Popular acusa al Gobierno de coalición de iniciar el debate en estos momentos por tener un «pacto oculto» con ERC. Calvo negó ayer que la modificación del Código Penal forme parte de un acuerdo con ERC y aseguró que no se debataría en la mesa de diálogo ni en la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra. Desde la Generalitat insisten en que sí es parte del pacto, aunque no se refleja en el acuerdo.

La vicepresidenta primera ha explicado que el Gobierno tiene «máximo respeto por nuestra justicia», pero justificó suavizar la pena de sedición porque «no están a la altura» del Derecho comparado y porque «Europa nos ha mandado mensajes de que hay que hacer algo». Una referencia al fallo del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein, que se negó a entregar por rebelión al expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, por incompatiblidad de las penas en España y Alemania. Aunque no se pronunció sobre el delito de sedición. En un comunicado respondiendo a unas declaraciones polémicas de Pablo Iglesias, el Consejo General del Poder Judicial explicó hace una semana que ningún tribunal ha hecho un pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont o Antoni Comín. Pero, a pesar de lo expresado por Calvo, el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía alemana, la entrega de Puigdemont por rebelión, aunque sí aceptó su entrega por malversación. No porque estuviera procesado por «tipos penales que son anteriores a la Constitución», como sugurió Calvo.

La reforma tiene que aprobarse por mayoría absoluta, por lo que la oposición no podría pararlo si Sánchez reúne los votos de todos sus socios. La oposición sí pueden abrir una ofensiva parlamentaria para denunciar el supuesto «pacto oculto».