1-O: un referéndum fracasado que deja a España dañada

En una comparecencia junto a todo su gobierno, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que «nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independente en forma de república». En los próximos días, informó desde el Palau de la Generalitat, trasladará al Parlamento catalán los resultados de la consulta para actuar de acuerdo con la suspendida ley del Referéndum , que establece que en 48 horas la cámara declare la independencia una vez se ratifiquen los resultados. La ANC y Òmnium le exigieron que cumpla.

Desde el Gobierno, por contra, se hizo un llamamiento a la unidad de los partidos, a los que se convocará para «reflexionar juntos sobre un futuro que tendremos que afrontar juntos». La intervención del Estado, aseguró el presidente Mariano Rajoy, fue la única posible: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos el Gobierno de España, yo soy el presidente y he asumido mi responsabilidad». La de ayer, con toda su trascendencia, se intuye solo como la víspera de jornadas mucho más graves . Todos los puentes están rotos.

Como se había anunciado, la jornada comenzó muy temprano. De hecho, fueron miles las personas que acamparon durante toda la noche tanto dentro como fuera de los colegios electorales. A partir de las cinco comenzó a llegar más gente atendiendo la llamada de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), junto a Òmnium Cultural y la propia Generalitat responsables de todo el despliegue logístico. A las seis de la mañana, cuando vencía el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los Mossos d’Esquadra para precintar los colegios, centenares de personas se agolpaban en cada centro de votación a modo de cordón de seguridad.

Durante esas horas, la actitud de la policía autonómica ya se vio que iba a ser de absoluta pasividad , como lo fue durante toda la jornada: parejas de agentes, a lo sumo cuatro, se dirigieron a cada centro para comunicar a los congregados que la votación era ilegal. No hicieron más, tampoco cuando en forma de goteo comenzaron a llegar las urnas y las papeletas a los colegios, material que según ha trascendido se había guardado en Perpiñán (Francia) para luego ser repartido en el territorio desde casas de particulares.

La pasividad de los Mossos, que solo requisaron algunas urnas en colegios puntuales a última hora de la tarde, en una actitud que compromete su prestigio, autoridad y relación futura con el resto de policías, llevó a la pronta intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Desde las nueve de la mañana, y a lo largo de una jornada de gran tensión, con incidentes a lo largo y ancho del territorio, ambos cuerpos requisaron las urnas y todo el material electoral de 92 centros de votación. En su conjunto, y según datos de la Generalitat, 319 colegios electorales de los 2.315 previstos no pudieron abrir o fueron clausurados a lo largo del día. El balance de la actuación policial revela el alcance del que fue el mayor operativo desplegado nunca por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según el departamento de Salud de la Generalitat se produjeron 844 heridos y contusionados , dos de los cuales graves: un hombre que con probabilidad perderá el ojo por el impacto de una bola de goma, y otro con un ataque al corazón, aunque este último producto de la impresión, sin que llegara a ser golpeado. Por su parte, diecinueve policías nacionales y catorce guardias civiles resultaron heridos durante la jornada.

En una catarata de escenas que el Gobierno daba por descontado que tendría que asumir como coste de imagen, los agentes del CNP y la Benemerita tuvieron que emplearse a fondo para conseguir requisar las urnas de los centros: en algunos casos bastó con el uso de los escudos para empujar y despejar el paso, en otros se tuvo que usar las porras y el lanzamiento de pelotas de goma. La Generalitat habló de «brutalidad policial», mientras que desde el Gobierno se respondió que los agentes actuaron con la proporcionalidad debida. El ejecutivo catalán anunció que denunciará ante el juez a los dos cuerpos.

Por parte de la Generalitat, toda la jornada fue un maratón para intentar burlar la acción de la Justicia. De manera sorpresiva, a las ocho de la mañana, una hora antes de la apertura de los colegios, el gobierno catalán desde el centro de prensa organizado por un grupo privado de comunicación anunciaba un nuevo sistema de votación mediante un «censo universal electrónico» que permitía a las personas votar en cualquier colegio electoral del territorio, al margen de su lugar de residencia. Mediante una aplicación informática en la que se introducía el DNI de cada persona, el sistema debía evitar las votaciones dobles, algo que a la postre no se pudo generalizar dado que o la aplicación fallaba o funcionaba con extrema lentitud. Fuentes policiales aseguraron que el sistema no llegó a entrar en funcionamiento en ningún caso, y que a lo sumo se pudieron guardar los datos en un disco duro, sin que los dispositivos desplegados en los centros llegaron a trabajar de manera cruzada para evitar las duplicidades. En buen número de colegios, de hecho, las mesas simplemente se limitaron a anotar el número de DNI, lo que propició, como pudo comprobar este diario, que se pudiese votar por duplicado o triplicado, o que incluso personas con residencia fuera de Cataluña pudiesen votar.

El cambio del sistema de censo a última hora, la inexistencia de una Sindicatura Electoral -disuelta desde la pasada semana- o el hecho de que se pudiese traer la papepeleta desde casa e introducirla en la urna sin sobre llevaron al Gobierno a concluir que el pretendido referéndum, en realidad, no se había celebrado. «Todo el mundo ha podido ver que no se ha celebrado un referéndum», apuntó el presidente del Gobierno. No obstante, y como sucedió con la consulta de noviembre de 2014, la postura del Ejecutivo contrastaba con la realidad de una jornada en la que de hecho sí se voto: sin garantías, en nada de lo que pudiera parecerse a una consulta homologable, pero con decenas de miles de personas en la calle y el secesionismo celebrando la jornada como si se tratase de una victoria, tan solo el anticipo de una ruptura que anuncian como inminente.

En los próximos días se verá hasta qué punto el soberanismo está dispuesto a llevar adelante sus planes hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, la CUPy la ANC ya animaban a acelerar la desconexión, mientras que desde la propia Generalitat, el vicepresidente Oriol Junqueras reunía por la tarde a CC.OO, UGT y la ANC tratando de buscar una respuesta «unitaria». A la huelga general que los sindicatos minoritarios habían convocado para mañana se sumaron ayer los centrales mayoritarias, CC.OO yUGT, así como las patronales adheridas al soberanismo.

Si la ruptura entre las instituciones catalanas y las del resto del Estado se adivina ahora mismo irreversible -al menos con los actuales liderazgos en Cataluña-, la quiebra y la conmoción por los sucesos de ayer alcanza también al frente constitucional. Así se lee la posición del PSOE, y de manera especial del PSC, que tras unas semanas en las que su apoyo a las políticas del Gobierno en Cataluña ha sido valorada por el Ejecutivo, ayer recuperó la equidistancia para responsabilizar a partes iguales al presidente Rajoy y a los líderes independentistas. Miquel Iceta hasta pidió la dimisión del presidente del Gobierno . Pedro Sánchez, por su parte, garantizó que su partido apoyará la «estabilidad» del país «a pesar del Gobierno del PP». Más allá, Podemos y los «comunes» de Colau confirmaron que su estrategia de voladura de las instituciones se solapa y es paralela a la del independentismo, una realidad a tener en cuenta en el escenario electoral que puede abrirse en Cataluña.

Tras una jornada que el independentismo celebró como victoriosa, y el constitucionalismo como un día negro, el «proceso» catalán entra en una nueva y más grave dimensión.