España pide en la OSCE el respaldo internacional al Estado de Derecho

González Román subrayó que España es ante todo un Estado democrático y de derecho y explicó que las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña para tratar de llevar a cabo la consulta han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Asimismo, indicó que los independentistas han actuado de manera «profundamente antidemocrática» y han puesto en marcha una campaña de desprestigio de las instituciones españolas.

«En los últimos días hemos escuchado declaraciones de responsables políticos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que son, no ya inexactas, sino estrictamente falsas », afirmó la representante española, que añadió que «lamentablemente algunos medios de comunicación han dado por buenas dichas afirmaciones, presentando un relato de la situación en España completamente alejado de la realidad ».

A continuación, expuso las actuaciones emprendidas por los poderes del Estado en España para hacer frente al desafío separatista, y trató de aclarar algunas declaraciones. Así, subrayó que «el Gobierno de España no ha suspendido el autogobierno o la autonomía de Cataluña» e indicó que las actuaciones desarrolladas lo han sido por orden judicial , después de que «las reiteradas violaciones e incumplimientos de las leyes, y de los dictámenes y sentencias del Tribunal Constitucional, han tenido como consecuencia que tanto el Fiscal General del Estado como los Tribunales en Cataluña instruyan procedimientos contra la preparación del referéndum».

Insistió la embajadora en explicar que las Fuerzas de Seguridad que han actuado en el marco de los procedimientos judiciales referidos lo han hecho en calidad de «policía judicial» , siguiendo las órdenes de las autoridades judiciales, independientes del poder ejecutivo. Y precisó que no ha habido en ningún momento intervención de una «policía militar» .

En cuanto a las denuncias de supresión indiscriminada y vulneración general de derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de la libertad de expresión y de reunión, aseguró que «ni el Gobierno español, ni las autoridades judiciales, han dictado en ningún momento medidas de restricción de derechos y libertades que tengan carácter general o indiscriminado». Y señaló que tanto la confiscación de material relacionado con el referéndum, como las detenciones practicadas o el cierre de páginas web, se ha realizado por resolución judicial, de manera individualizada y proporcionada al fin perseguido, esto es, prevenir la celebración de la consulta. «El derecho de reunión y manifestación -agregó- no han sido objeto de restricción, más allá de las medidas básicas de orden público. No ha habido ningún estado de excepción».

También afirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han destacado por su moderación en el ejercicio de sus funciones, «a pesar -dijo- de las difíciles condiciones, de acoso y hostigamiento parte de manifestantes , a las que se han visto enfrentados». «Esos actos presión, acoso y hostigamiento -denunció- también se vienen ejerciendo sobre políticos y funcionarios que no respaldan el referéndum, así como sobre ciudadanos particulares en Cataluña».

González-Román calificó las acusaciones de que el Estado español impide a los ciudadanos ejercer su derecho a decidir, como «gratuitas, falsas y tremendamente injustas», ya que, según recordó, desde las primeras elecciones democráticas de 1977, los catalanes han participado en 35 elecciones democráticas de distinto nivel -local, regional, nacional y europeo- y han participado en tres referendums: de ratificación de la Constitución y dos Estatutos de Autonomía.

La representante permanente de España indicó que «votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo con la Ley y con respeto a los derechos de todos» y explicó qué la celebración del referéndum es inconstitucional y, por tanto, antidemocrática, al tiempo que recordó que, al igual que en el caso español la práctica totalidad de las democracias occidentales no reconocen el derecho de autodeterminación o secesión de una parte del país.

Después de asegurar que el Estado español tiene los mecanismos e instrumentos necesarios para defender la legalidad y también para exigir responsabilidades a quienes ponen en peligro la convivencia entre todos, aseguró que el Gobierno brinda su apoyo a los alcaldes, concejales, funcionarios y policías locales de Cataluña que están siendo amenazados, insultados y acosados por el simple hecho de negarse a incumplir la Ley.

La declaración de la embajadora terminó indicando que España espera que sus socios y las organizaciones Internacionales de las que es parte y a las que contribuye, «se manifiesten firmemente y sin ambigüedades en la defensa de la democracia y el estado de Derecho» en nuestro país.