Uno de los policías del «caso Faisán» cuestiona que se haya dejado fuera a García Hidalgo

La defensa de Enrique Pamiés, exjefe superior de la Policía del País Vasco y procesado por el «caso Faisán» junto al exinspector de Vitoria José María Ballesteros, cuestiona que el juez Pablo Ruz haya decidido no procesar al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo y sí a dos de sus subordinados. Así lo señala la abogada María Ponte, coordinadora de Penal del Sindicato Profesional de la Policía, en el recurso que presentó ayer contra el auto que el magistrado dictó el pasado 11 de octubre.

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la letrada se pregunta por qué el tráfico de llamadas «no es suficiente para procesar al exdirector general de la Policía» y sí a su cliente cuando ambos participaron en conversaciones telefónicas de la misma forma que lo hizo Pamíes con Ballesteros . Y asegura que su cliente, en su condición de jefe superior de la Policía en el País Vasco, «solo necesitaba descolgar el teléfono y hablar con el director general de la Policía, con el propio comisario general de Información o incluso contra el juez instructor para aconsejar que dicha operación de detención del aparato de extorsión no se realizara». En este sentido, asegura que «la forma rocambolesca de producirse la filtración apunta a todo lo contrario: a alguien sin capacidad de mando que tiene que valerse de estos subterfugios para evitar una detención».

A su juicio y al del abogado del inspector Ballesteros, José Luis Vegas, los trece meses en los que Ruz tendría que haber abierto más vías de investigación, después de que la Sala Penal revocara su primer auto de procesamiento, no ha aportado ningún indicio más de los que el Pleno consideró insuficientes para sentar en el banquillo a los tres mandos policiales. Tres, porque hace un año, junto con Pamiés y Ballesteros, estaba también procesado Víctor García Hidalgo. A él, sin embargo, el juez le ha excluido de la causa por falta de indicios, cuando en el anterior auto de procesamiento llegó a afirmar que «estuvo informado en todo momento» por el jefe superior de la Policía del desarrollo y evolución de los acontecimientos.

Ambas defensas critican (de una forma mucho más dura la de Ballesteros, que llega a acusar a Ruz de protagonizar «uno de los autos de procesamiento más flojos de la democracia»), que el juez «haya forzado todos los datos objetivos para intentar adecuarlo a la llamada entre Pamiés y Ballesteros de las 11.23 horas» y que el instructor encargara a la Guardia Civil una «aclaración» de las dudas que le surgieron al Pleno en vez de una nueva investigación partiendo de cero. Además, critican que Ruz no haya admitido ni una sola de las diligencias solicitadas por los abogados de los procesados.

En opinión de la defensa de Ballesteros, «la acusación se ha ejercido casi en su totalidad por parte del juez instructor , que es quien limitaba todas y cada una de las peticiones, razonadas, y fundamentadas de las defensas, blindado al equipo investigador, que era por cierto el encargado del operativo el día de los hechos (...)».

Ambos abogados niegan la participación de los policías en el «chivatazo» a ETA, pues, en el caso de Pamiés se trata de una persona «que ha detenido a más de 500 integrantes de la banda terrorista ETA y ha desarticulado más de 50 comandos», y en caso de Ballesteros porque se ha dedicado «toda su vida a perseguir la actividad delictiva y en muchas ocasiones contra la banda terrorista ETA, que le han valido el premio de estar imputado por torturas contra miembros de la banda en distintos procedimientos».