Recomiendan a los funcionarios blindarse legalmente ante el proceso independentista

La iniciativa del CSIF se produce en un momento en que los partidos impulsores del proceso soberanista (Junts pel Sí y la CUP) han hecho explícita su intención de que el Parlament y el gobierno de la Generalitat no obedezcan más soberanía que la que emane de la Cámara catalana, una intención contenida en la declaración de «inicio del proceso» aprobada el pasado día 9 y anulada cautelarmente por el Tribunal Constitucional. El CSIF, mayoritario entre el conjunto del funcionariado en España, y que en Cataluña representa a un 10 por ciento de los trabajadores públicos, considera que hay que «blindar y proteger» al personal de la administración ante «órdenes de dudosa legalidad».

Miguel Borra, presidente del CSIF, recordó que los funcionarios públicos están obligados a cumplir las órdenes de sus superiores, ya que no les compete «interpretar» la ley, y que solo se pueden negar a ello en caso de «manifiesta ilegalidad». En este terreno interpretativo, el sindicato pretende dotar a los funcionarios de una guía de actuación para evitarse problemas legales , un protocolo que acompañan de diversos formularios para solicitar las órdenes por escrito, presentar a la inspección interna de la administración o denunciar el caso a la Fiscalía.

De entrada, el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito «a la mayor celeridad posible» para tener constancia suficiente y «advertir a la administración de sus dudas». «De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento », se precisa. En el caso de que el superior jerárquico persista, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. «Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas», se añadió desde la central, con amplia representación en los sectores catalanes de Prisiones, Justicia y Universidad.

Por último, apunta el sindicato, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, «el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes». En última instancia, si se aprecia que puede incurrirse en un ilícito penal, se recomienda denunciar ante la Policía o la Fiscalía. El CSIF ha contratado también un seguro para casos de suspensión de empleo y sueldo.

El objetivo, se insistió ayer desde el sindicato, es que «los funcionarios catalanes no paguen los platos rotos» del proceso independentista y de una situación generada desde la política.