El «recelo social» aparta del juicio de los ERE al juez ex alto cargo

Pedro Izquierdo ya no juzgará a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes lo nombraron o mantuvieron como secretario general para la Modernización de la Justicia, primero, y como secretario general para la Justicia de la Junta, después, durante más de cinco años. A los exdirigentes socialistas les van a acompañar en el banquillo de los acusados 20 ex cargos del Gobierno andaluz por un sistema ilegal de reparto de ayudas (855 millones de euros) entre 2000 y 2011.

En la decisión de esta Sala ha pesado la sombra de desconfianza existente en los recusantes y en la propia sociedad sobre el currículum del magistrado, que preside la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. «No concurren las suficientes garantías para excluir cualquier duda sobre la imparcialidad del magistrado recusado, pues, como se ha dicho, las apariencias adquieren importancia, bastando que los recelos de los recusantes y de los ciudadanos puedan tener la posibilidad de considerarse objetivamente justificados, lo que entendemos que sucede en el caso de autos».

En la resolución de 23 páginas, los cinco magistrados ven «justificada» una de las causas de recusación alegadas por el PP y el sindicato: el «interés directo o indirecto en el pleito o causa». Los argumentos jurídicos expuestos por los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, han sido determinantes. Como «datos objetivos y que no ofrecen discusión», la Sala recuerda que Izquierdo ha permanecido en la Secretaría General «bajo el mandato de tres presidentes de la Junta»: los acusados Chaves y Griñán y la actual presidenta, Susana Díaz.

El tribunal refiere la « relación de dependencia que mantuvo el magistrado ponente con alguno de los acusados» y su permanencia en la Junta durante más de cinco años, «todo lo cual genera una justificada percepción de cercanía, confianza y proximidad» para un «observador objetivo». «No se puede olvidar» que «parte de los hechos» que van a ser juzgados «se producen estando el magistrado ponente» en el Ejecutivo socialista, agrega.

Dejando claro de antemano su total respeto por esta decisión judicial, Pedro Izquierdo propuso que se hagan reformas legislativas porque «no quiero que le pase a ningún compañero mío lo que a mí me ha pasado». El juez, que había pedido sin éxito seguir con la causa, admitió a los periodistas que «si hubiera sabido que acceder a ese cargo [secretario general para la Justicia] iba a suponer una limitación en mi función jurisdiccional como juez, no lo hubiera aceptado». Cree que esta decisión «indudablemente» puede apartarlo también del caso Formación, por el que ha sido recusado por el PP andaluz.

Por otro lado, otro auto de la Audiencia de Sevilla da un giro de consecuencias imprevisibles al caso ERE. Abre la puerta para que los ex altos cargos de la Junta acusados en la pieza política de los ERE sean enjuiciados solo una vez y no en varias piezas separadas, como había defendido la instructora, María Núñez.