La rebaja del Supremo al «procés» aligera la carga contra Trapero en la Audiencia

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Lo que ha sentenciado el Supremo no puede «predeterminar» los fallos de otros tribunales, más allá de que al tratarse de un órgano superior fija un criterio que han de tener en cuenta los órganos inferiores . En este caso, la afectación más significativa de un proceso judicial sobre el otro tiene que ver con los delitos que serán materia del juicio a Trapero y a la excúpula de la Policía catalana, que está previsto que se celebre entre enero y marzo del próximo año. Al «mayor» de los Mossos, la Fiscalía le atribuye un delito de rebelión, pero que el Supremo haya condenado finalmente a los máximos responsables del desafío independentista por sedición -además de por malversación y desobediencia- llevará al Ministerio Público a replantearse su acusación contra Trapero. Según las mismas fuentes, la Fiscalía, que todavía no ha abordado oficialmente este asunto, con toda probabilidad cambiará su calificación previa al juicio para adaptarla al criterio del Alto Tribunal. De momento, reclama 11 años de cárcel para el exjefe de la Policía catalán.

Este cambio en la calificación también afectará a otros dos excargos de la cúpula policial que se sentarán por sedición junto a Trapero en el banquillo de la Audiencia Nacional y que se enfrentan a la misma pena: el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, y el que era secretario general de la Consejería de Interior, César Puig . También se juzgará a la intendente Teresa Laplana, a quien, en principio, no afectaría en este sentido la resolución del Supremo, pues en su caso ya está procesada por sedición, delito por el que la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel.

Más allá de la mera tipología delictiva, el reciente, voluminoso (493 páginas) y detallado fallo del Supremo salpica al proceso de la Audiencia Nacional en otros aspectos. Primero, una conclusión de la sentencia del Supremo que compromete el papel de Trapero. El tribunal que preside Manuel Marchena cargó contra el dispositivo de desplegados por los Mossos el 1-O. Los responsables de la Policía catalana intentaron «aparentar» que cumplían con la orden judicial -de frenar el referéndum- y trataron de enmascarar como «proporcionalidad» lo que en realidad no era más que «inacción».

El Supremo no juzgó a Trapero, aunque el «mayor» de los Mossos sí que declaró en el juicio del «procés» como testigo . Su testimonio que arrojó algunas luces que, según algunas fuentes, pueden jugar en su favor, máxime cuando la sentencia da credibilidad a buena parte de sus argumentos ante el tribunal, con la clara excepción del dispositivo del 1-O que Trapero se empeñó en defender como el adecuado.

Explicó el «mayor» de los Mossos —a preguntas de Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn— que aquel «otoño caliente» catalán los Mossos tenían un plan preparado para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , si así se lo ordenaban los jueces o la Fiscalía. Y también relató, que en una reunión previa al 1-O, él mismo recomendó a los máximos dirigentes de la Generalitat suspender el referéndum ilegal por razones de seguridad. El Supremo sí que toma en consideración estas dos aportaciones de Trapero en el juicio y las incluye en su relato de hechos probados.

La causa contra Trapero tal vez sea la más trascendente de cuantas quedan sobre el «procés», pero antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto juzgar a los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán. Excepto a la que era su presidenta, Carme Forcadel, ya juzgada y condenada a 11 años y medio de cárcel. La vista finalmente se celebrará, según informó ayer el TSJC, desde el próximo 28 de noviembre. Este caso formaba parte de la gran causa del Supremo, pero el Alto Tribunal acabó desgajándola y remitiéndola al TSJC.

La resaca del 1-O dejó también otras causas salpicadas en diferentes juzgados catalanes. Un juez de Barcelona investiga, por ejemplo, a una cuarentena de policías nacionales al considerar que pudieron haberse excedido en su actuación para abortar el referéndum ilegal del 1 de octubre.